La Policía Nacional ha desarticulado la principal trama criminal dedicada a la conocida como estafa de los revisores del gas.

En la operación han sido detenidos los 12 creadores de un entramado de 60 empresas que engañaron a cerca de 2.000 personas en toda España, principalmente a ancianos, ciudadanos extranjeros y discapacitados. Falsos revisores del gas acudían a domicilios de personas especialmente vulnerables y las amenazaban con cortar el suministro o importantes multas si se negaban a una revisión que calificaban como obligatoria. Así llegaron a obtener hasta 900 euros de una sola víctima y asediaron a ancianos a los que estafaron varias veces en días consecutivos o acompañaron al cajero automático para que retiraran la mayor cantidad de efectivo posible. Los detenidos gozaban de un alto nivel de vida y numerosas propiedades en España, mientras la macro red de mercantiles acumula también una deuda de cerca de cuatro millones de euros con la Seguridad Social. Las investigaciones han permitido el embargo de un total de 227 cuentas bancarias abiertas en 19 entidades, así como la incautación de 10 vehículos de alta gama.

Las pesquisas, que se han prolongado durante casi dos años, se han centrado en un entramado de empresas con idéntico objeto social relacionado con las revisiones y el mantenimiento de instalaciones receptoras de Gas envasado o de GLP (Gas Licuado procedente del Petróleo), las populares «bombonas de butano». La red empresarial estaba asesorada y fue creada a partir de una asociación sin ánimo de lucro, en la que cinco de los 12 detenidos figuraban como integrantes del consejo de administración.

Máximo beneficio

Estas empresas contrataban a operarios, en ocasiones con antecedentes penales, para que acudieran a domicilios de personas, generalmente de edad avanzada, a las que mediante engaños les hacían creer que se trataba de revisiones obligatorias y les cobraban unas cantidades abusivas que oscilaban entre los 50 y los 390 euros. También aprovechaban para hurtar al descuido objetos de valor.

El operativo ha culminado con la detención de 12 personas en Fuenlabrada (1), Navalcarnero (2), Fresno del Torote (1), Barcelona (1), Yeles (1), Málaga (2), Fuengirola (2), Granada (1) y Elche (1), como presuntos responsables de delitos de estafa, blanqueo de capitales y contra la Seguridad Social. También se han efectuado 15 entradas y registros en domicilios y en sedes de empresas de diversas localidades de la Comunidad de Madrid (Fuenlabrada, Alcalá de Henares y Humanes), Yeles (Toledo), Málaga, Granada, Almería, Santiago de Compostela, Castellón, Elche y León y se han incautado 14 ordenadores, 12 discos duros, 5 portátiles, 14 móviles, 6 pendrives, una tablet, 1.000 euros en efectivo, y 10 vehículos.

La investigación ha sido desarrollada por agentes de la UDEF Central, junto a grupos de Policía Judicial de 11 provincias y con la colaboración de Inspectores de Trabajo, de Consumo y de Industria.