Hasta setenta millones de euros de fianza por el presunto fraude fiscal de Hansa. La Audiencia de Alicante ha confirmado las fianzas que estableció el juzgado de Instrucción número uno de Alicante para los seis imputados en esta causa, entre los que se encuentran los empresarios Rafael Galea, Enrique Ortiz y Aurelio González Villarejo, estos dos últimos imputados en el caso Brugal. Las defensas habían recurrido las fianzas para los imputados al considerar que las cantidades eran desproporcionadas. Sin embargo, la Audiencia ha rechazado la apelación al considerar que ni siquiera debería haberse tramitado. Cada uno de los seis imputados tendrá que abonar diez millones de euros para cubrir las multas que les reclama tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado; a lo que hay que añadir otros nueve millones más en concepto de responsabilidad civil a la que deberán hacer frente de manera solidaria los seis encausados. El importe también puede ser aportado solidariamente por las empresas de los imputados: Viviendas del Mediterráneo Orvi, Hansa Urbana y Construcciones Villarejo, entre otras.

Pese a lo elevado de la cuantía, no es una de las fianzas más altas que se han impuesto en la provincia. En la Vega Baja, otro juzgado acordó que se pagaran más de 139 millones de euros entre los 18 imputados en otro supuesto fraude fiscal. El empresario Ángel Fenoll, uno de los principales implicados en el caso Brugal, era uno de los que tenía que hacer frente a este pago por unos hechos que no tienen nada que ver con esta investigación.

En el presunto fraude fiscal de Hansa, el juzgado investiga una operación de compraventa de terrenos en un PAI de la Playa de San Juan, propiedad de esta sociedad, a una de las mercantiles del empresario Enrique Ortiz. La querella se presentó en el año 2010 tras recibirse una denuncia de la Delegación de Grandes Contribuyentes de la Agencia Tributaria, en la que se denunciaba una desgravación indebida en el IVA por la operación. La cantidad supuestamente defraudada ascendería a seis millones.

Según la acusación, Rafael Galea sería uno de los beneficiarios del presunto fraude fiscal, mientras que Ortiz y González Villarejo habrían actuado como cooperadores necesarios, ya que figuraban como beneficiarios del suelo en base a un régimen de arrendamiento que permitió a Hansa beneficiarse de la deducción. El fiscal considera que ese alquiler previo era ficticio. Por este motivo, reclama penas que suman más de cuatro años de prisión, como ya publicó este diario el 8 de mayo de 2012. El fiscal pide tres años de cárcel por el fraude fiscal, así como un año y nueve meses más por presunta falsedad documental. El titular del juzgado de Instrucción número uno de Alicante, Santiago Hoyos, abrió juicio oral a los imputados en julio del año pasado en un auto en el que se establecieron las fianzas millonarias. Sin embargo, las defensas recurrieron la decisión al considerar que las cantidades eran desproporcionadas.

La Audiencia ha señalado que contra el auto del juez no cabía recurso alguno, ya que la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que en esta fase del proceso sólo se podrían apelar cuestiones que afecten a la situación personal del reo, como la prisión o la retirada del pasaporte. La Audiencia recuerda que la legislación veta "todo tipo de recurso a las resoluciones que contenga dicho auto, como son las relativas a la solicitud de afianzamiento de la responsabilidad civil o multas que pudieran derivarse de la resolución definitiva del asunto".

La causa ya ha sido remitida a un juzgado de lo Penal de Alicante para que celebre juicio por estos hechos, aunque todavía no se ha fijado fecha. Fuentes judiciales señalaron que en estos momentos hay una lista de espera que oscila entre el año y el año y medio en el órgano en el que ha recaído la causa. En estos momentos, el empresario Enrique Ortiz está pendiente también de que otro juzgado le siente en el banquillo por el hallazgo de un revólver en la caja fuerte de su empresa durante los registros de la Operación Brugal. Además, Ortiz está imputado en dos investigaciones derivadas de esta macrocausa contra la corrupción en la provincia: una por las presuntas irregularidades en la ubicación del vertedero de la Vega Baja; y otra por el PGOU de Alicante.