La Conselleria de Justicia admitió ayer que la adjudicación a la fundación Diagrama del contrato de reeducación de menores sometidos a medidas judiciales en régimen abierto -las que los jueces imponen a jóvenes por delitos cometidos sin que sea necesario su internamiento- se ha hecho por un importe mayor a la subvención que se ha ido asignando en los últimos años a las cinco fundaciones en las que el Consell delegaba estas competencias. Justicia ha adjudicado a la fundación Diagrama este contrato por dos millones de euros para los próximos 14 meses, repartidos en 991.753 euros por siete meses con una prórroga de otros siete por más de un millón de euros.
La contratación de una sola empresa para gestionar estos servicios ha supuesto retirar a la fundación Nazaret -que llevaba 20 años acometiendo estos trabajos- y a otras cuatro entidades más la atención a los menores delincuentes que cumplen penas en régimen abierto, tales como la libertad vigilada, trabajos en beneficio de la comunidad, asistencia a un centro de día o tareas socioeducativas.
Un concurso "para todos"
La directora general del Menor de la Comunidad Valenciana, Carolina Matínez, indicó ayer que en ningún caso se ha quitado los servicios a la fundación Nazaret ni al resto de entidades, sino que estas no se presentaron al concurso "por motivos que desconozco". Según Martínez, las trabas administrativas que las entidades aseguran que ha puesto el Consell para que pudieran optar al concurso "no existen". Explicó que no era necesario estar inscrito en el registro de contratistas de la Generalitat, tal y como explicaron desde el centro Nazaret, y que no era "imposible", como aseguran, ya que también existía la opción de concurrir al concurso a través de la creación de una Unión Temporal de Empresas (UTE). "Yo misma les invité a presentarse en UTE", dijo.
Asimismo, justificó el aumento de precio de los costes del contrato respecto al sistema de subvenciones en que la adjudicataria tendrá que asumir a más jóvenes al dejar seis ayuntamientos de la Comunidad de prestar estos servicios. Las competencias en materia de jóvenes sometidos a medidas judiciales corresponde al Consell, quien tiene a su vez delegados estos trabajos en ayuntamientos y en cinco fundaciones que hasta hace días prestaban el servicio por medio de una subvención que, en el caso de Nazaret, se redujo de los 253.350 euros de 2011 a 99.729 euros para este año. Martínez reconoció que los impagos y el recorte de la subvención, especialmente relevante en el caso de Nazaret, estaba ahogando a las entidades y que el sistema de contrato, "al que obliga la Ley desde 2011, también contribuye no solamente a exigir más, sino a asegurar que la entidad cobre, lo que repercute en beneficio del menor". Este es justo el punto que critican las citadas fundaciones, que no entienden que el Consell las haya estrangulado económicamente en tiempos de crisis para ahora sacar un contrato por dos millones de euros para el que solo dio 15 días a las empresas para poder presentarse-
Desde el Obispado de la Diócesis Orihuela-Alicante y la compañía de Jesús se ha remitido un escrito de queja al presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, cuya entrada en el Consell ya ha sido registrada, denunciando que la decisión de sacar el servicio a concurso ha sido "arbitraria y precipitada, teniendo en cuenta las leyes del mercado por encima de los derechos del menor".
