La Policía Nacional ha desmantelado un presunto chiringuito financiero cuya sede central estaba en Alicante, operaba en varias provincias y preparaba la apertura de una delegación en Portugal.
La investigación ha destapado una presunta estafa de tipo piramidal por un importe superior a tres millones de euros y la cifra de inversores se acerca a las 4.000 personas, las cuales gastaron su dinero para invertirlo en bolsa con la promesa de obtener una rentabilidad del 25% en solo cuarenta días, según informaron fuentes cercanas al caso.
En la operación policial han sido detenidos el máximo responsable de la empresa Global Plus Inversiones (GPI) -que vivía en Monforte del Cid junto a su mujer, también arrestada- y los directores de las oficina de esta sociedad, que según su página web, además de disponer de dos oficinas en Alicante, cuenta con delegaciones en Elche, Murcia, Martorell, Barcelona, Móstoles (Madrid), Valencia y Jerez de la Frontera (Cádiz).
Gestores comerciales de la empresa investigada defendieron ayer la legalidad de las operaciones y aseguraron que no se trata de una estafa piramidal como sostiene la Policía y el juzgado que ordenó ayer una quincena de registros domiciliarios en Alicante y otras cinco provincias. Los comerciales admitieron algunos retrasos en los pagos pero aseguraron que la clientela está satisfecha con la rentabilidad obtenida.
El juzgado de Instrucción número 5 de Alicante, el mismo que instruye la causa del PGOU alicantino que salpica al exalcalde Luis Díaz Alperi y a la actual alcaldesa, ha sido el encargado de supervisar y dirigir la investigación sobre Global Plus Inversiones.
La investigación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Alicante se inició a finales del pasado año tras tener conocimiento de la apertura en Alicante de una empresa inversora que realizaba ofertas de trabajo en la web para contratar comerciales y exponía las ventajosas condiciones de invertir en bolsa y conseguir una rentabilidad del 25% "en un plazo tan solo de hasta 40 días".
Las sospechas policiales sobre el presumible traslado del dueño de la empresa a otro país motivaron los registros y detenciones efectuados ayer por orden del juzgado de Instrucción número 5 de Alicante.
La oficina central de Global Plus Inversiones está en la calle Sevilla de Alicante, en el barrio de Carolinas Bajas. A esta sede accedieron varios agentes de la UDEF ayer a las nueve de la mañana, cuando en su interior estaba el director y una decena de comerciales. El director fue recluido esposado en su despacho mientras los empleados fueron saliendo paulatinamente conforme eran identificados por la Policía. A las once de la mañana se personó la comisión judicial para realizar el registro e intervención de documentación, aunque los agentes no sacaron ninguna caja de las oficinas y una hora más tarde el único arrestado en la sede central salió sin esposar y fue trasladado en un vehículo policial hasta la Comisaría Provincial.
Poco antes de este registro de la sede central, la Policía acudió a otras oficinas de GPI en la calle Italia de Alicante, donde se intervino material informático y documentación que extrajeron en varias cajas. La intervención policial fue tan discreta que ni siquiera los vecinos se enteraron de su presencia.
Algunos vecinos de Carolinas Bajas admitieron ayer que les propusieron invertir en la empresa investigada pero no lo hicieron porque dudaban de las garantías que ofrecían. "Cuando me lo propusieron les pedía que si tenía una vivienda para garantizarme la inversión al decir que no dejamos de hablar más", indicó un hombre que tiene su empresa en el barrio y se acercó ayer a presenciar parte del registro policial.
21 empleados en Alicante
En el despacho del director de la central de GPI en Alicante se podían ver desde el exterior dos pizarras donde aparecía reflejado el trabajo realizado este mes de junio por 9 gestores comerciales de la empresa y 12 colaboradores. Junto al nombre de estos empleados figuraban cantidades que presumiblemente corresponden a dinero invertido por clientes, diferenciando además si se trata de captación nueva o renovación. 5.000, 2.000, 3.000, 7.500... Estas son las cantidades que estaban anotadas en el despacho del director de esta oficina, que fue la única persona detenida ayer en dicho local porque los comerciales salieron en libertad tras ser identificados.
El propietario de la empresa se llama Constantin T., de 40 años y nacionalidad rumana. Fue arrestado por la Policía Nacional junto a su esposa, cuya identidad responde a las iniciales A.M.M., de 32 años y de la misma nacionalidad. Los investigadores detectaron que estaba planeando marcharse del país, algo que la Policía considera habitual en este tipo de estafas. Normalmente se paga al principio a los inversores para ganar su confianza y al final dejan de pagar y el chiringuito financiero cierra sin que los clientes puedan recuperar su dinero.
