El fiscal encargado de coordinar las denuncias por el presunto robo de bebés en la provincia de Alicante, Carlos Ferreirós, ha ordenado abrir los primeros nichos en cementerios alicantinos para intentar avanzar en la investigación. Según fuentes judiciales, los próximos nichos que se abrirán están ubicados en Alcoy, si bien se estudia abrir también otro en Alicante antes de verano así como en otras localidades de la provincia. Hasta el momento, las dos exhumaciones llevadas a cabo en Alicante, una de ellas ordenada por una juez, se han producido en fosas comunes en el Cementerio Municipal de Alicante, y en ambos casos se hallaron restos óseos de bebé que han sido enviados a un laboratorio de Barcelona para ser sometidos a las pruebas de ADN.
La importancia de abrir los nichos radica en el aumento de seguridad que supone esta prueba judicial. Mientras en una fosa común existe un margen de error a la hora de confirmar que los restos hallados pertenecen a la tumba que pretende exhumarse -sobre todo teniendo en cuenta que las fosas comunes acogían a más difuntos y también a otros bebés muertos- en el caso de los nichos ese margen de error se diluye al tratarse de una tumba única para un bebé concreto y en un espacio específico dentro del camposanto. Los restos que se hallen, al igual que en los otros dos casos, serán remitidos para las pruebas de ADN, que serían determinantes: si el ADN no coincide, sí existiría la certeza de que el bebé que tenía que haber sido enterrado ahí no está.
En la provincia se han llevado a cabo dos exhumaciones hasta el momento. La primera de toda la Comunidad valenciana se llevó a cabo en el cementerio de Alicante por orden de Ferreirós en enero para localizar los restos de una niña nacida en 1972, gemela de Maria José Picó, quien denunció la presunta sustracción de su hermana al nacer en el Hospital de Alicante. La segunda se hizo hace diez días y fue ordenada por la juez de Instrucción número 4 de Alicante, Cristina Ferrández, que investiga la denuncia de Laura Perales, quien asegura que dio a luz a un niño en 1980 al que no le dejaron ver una vez que los médicos le informaron de que había fallecido y del que no consta la documentación pertinente. En ambos casos, familiares que estuvieron presentes en el enterramiento colaboraron con la comisión judicial a ubicar el sitio de la fosa común en la que fueron depositados los restos mortales en el interior de una caja. Para este segundo desenterramiento, que duró más de ocho horas, se contó con el arqueólogo municipal para no destruir las posibles pruebas y excavar con la máxima precisión. En la anterior fue la diputada de EU, Esther López, quien colaboró con el equipo de excavación y la comisión judicial a solicitud de las familias.
La atención personal que el fiscal del caso presta a las familias que siguen engrosando el listado de denuncias, el retraso que implica utilizar el método arqueológico en as exhumaciones -que dificulta el poder practicar más de una en el mismo día- y la voluntad del fiscal en respetar el orden de entrada de los casos a la hora de pedir diligencias ha llevado a Carlos Ferreirós a pedir hasta tres prórrogas ante la Fiscalía General del Estado para poder hacer frente a esta investigación, que ya acumula más de 30 denuncias en la provincia, de las que aproximadamente la mitad se han archivado por falta de pruebas.
Una monja imputada
La Fiscalía determinó que el delito a perseguir es el de detención ilegal. La investigación, que se sigue en toda España y que dio lugar a la Asociación Nacional de Afectados por las Adopciones Irregulares (Anadir), se ha saldado hasta el momento con una única persona imputada: sor María Gómez Valbuena, acusada del robo de un bebé en 1982 en un hospital de Madrid.
