19 de marzo de 2018
19.03.2018
Informe anual

Las quejas al defensor del pueblo crecen más de un 50%

Las más numerosas son las relacionadas con la tramitación de los DNI y trámites relativos a Tráfico

19.03.2018 | 11:44
Marugán entrega su informe a Ana Pastor.

Las quejas de los ciudadanos al Defensor del Pueblo aumentaron en 2017 en un 51,5% con respecto al año anterior, hasta situarse en 24.976, frente a las 16.485 del ejercicio anterior. En el año 2016 se produjo un descenso del 7,5% en las quejas en relación con el año anterior.

Según el informe anual de la institución, entregado este lunes 19 de marzo en el Congreso y el Senado, por el Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, de las 24.976 quejas, un total de 14.829 fueron individuales (13.151 en el ejercicio anterior), y otras 10.147 fueron quejas de igual contenido o finalidad agrupadas para una tramitación conjunta (3.334 tramitadas en el año 2016).

En total, el Defensor del Pueblo tramitó durante el año 2017 un total de 25.776 expedientes (un 48,17% más que en 2016), correspondientes a las mencionadas quejas (24.976), junto a las investigaciones de oficio (760) y solicitudes de interposición de recurso de inconstitucionalidad (40).

Además, la Institución dirigió a las Administraciones 918 recomendaciones, 1.048 sugerencias, 370 recordatorios de deberes legales y dos advertencias. En total, se formularon 2.338 resoluciones, lo que supone un incremento del 32% con respecto al año anterior.

Servicios públicos y derechos sociales


En 2017 los ciudadanos trasladaron al Defensor del Pueblo su preocupación por la mala prestación de determinados servicios públicos y por los efectos de la crisis en derechos sociales y prestacionales.

Por número de quejas, las más numerosas han sido las que han tenido que ver con tardanzas y deficiencias en la tramitación de los DNI y trámites relativos a Tráfico hasta alcanzar las 6.008, mientras que con 4.417 destacan también las relacionadas con la atención en la Administración pública.

Asimismo, hubo 3.395 quejas relacionadas con la Justicia. En este sentido, el Defensor del Pueblo ha llamado la atención sobre los problemas prácticos que padecen los testigos protegidos y la importancia de esta figura para la persecución de delitos graves y complejos. La Institución considera que "hay que repensar la legislación en esta materia".

Así lo ha señalado el Defensor del Pueblo en funciones en declaraciones a los medios de comunicación tras hacer entrega del informe anual a la presidenta de la Cámara Baja, Ana Pastor.

En declaraciones a los medios en el Congreso, Fernández Marugán ha reconocido que, aunque el país se encuentra en fase de recuperación económica, esta situación no se ha materializado "en todos los bolsillos". De hecho, ha denunciado la "desigualdad" que ha existido y sigue existiendo en España.

"En el contexto de las políticas sociales al uso, se revelaron como poco poderosas, porque no pudieron neutralizar el deterioro en la condición de vida que venían experimentando las personas con mayores dificultades. Dicho en términos escuetos, la crisis cavó un pozo de desigualdad sin precedentes en España", ha denunciado ante los periodistas.

De hecho, ha señalado a los parados de larga duración, familias con todos sus miembros en paro, jóvenes sin trabajo, trabajadores pobres, jubilados y personas con dependencia, como los colectivos que, tres años después del final se la crisis, siguen dependiendo de las políticas sociales del Gobierno.

"Los ciudadanos han manifestado una actitud crítica, porque entendían que la respuesta dada por las políticas económicas y sociales no eran las más adecuadas", ha señalado el Defensor del Pueblo, para advertir de que, si alguien cree que estas quejas se han producido sólo "en los años duros de la crisis", se equivoca. "Hay un malestar que se nota en la quejas que se han presentado ahora por parte de los ciudadanos", ha apuntado.

Salir de la crisis no reduce la desigualdad


Para Fernández Marugán, el hecho de que "el momento más duro de la crisis se ha superado" y que en los últimos años "ha crecido el PIB y el empleo", debería ser aprovechado para "revisar el funcionamiento de las políticas sociales" para "mejorarlas", de tal manera que "se incida en el consumo y en la renta de aquellos colectivos que todavía no han cubierto con dignidad su condiciones de necesidad".

En su intervención, Fernández Marugán ha señalado que "es un error creer que cuando se sale de una crisis se reduce por sí sola la desigualdad". "La desigualdad es una lacra que sólo podrá corregirse si se lleva a cabo una política de redistribución activa y decidida", ha insistido, para señalar que en España hay "una situación que es preciso corregir".

Así, ha llamado a los políticos a eliminar "dos elementos no muy convenientes" y existentes en la política española que son "las actitudes imperativas y las actitudes excesivamente categóricas". A su juicio, la combinación de estas dos actitudes "dificulta mucho el abordaje de cuestione relevantes" porque "la predisposición a admitir las alternativas de los demás no es muy abundante".

"De estos comportamientos imperativos y categóricos deberíamos ser capaces de huir y adoptar actitudes más reflexivas. En la España de hoy estamos en condiciones de cambiar en profundidad las políticas redistributivas, pero, además, deberíamos hacer que ese malestar de los ciudadanos se reduzca, porque si no somos capaces de hacer un cambio en estas políticas, no sólo el malestar no se reducirá, sino que se incrementará", ha denunciado.

Reformar la financiación de las comunidades


Como solución, Fernández Marugán llama a regresar al diálogo, la negociación y el pacto, unas prácticas que, en su opinión, "contribuirían a resolver mejor la desigualdad y la ausencia de políticas de distribución".

Basándose en los datos, el Defensor del Pueblo detalla que la crisis supuso una caída en la prestación de los servicios públicos y un descenso de la inversión pública hasta mínimos históricos. En su análisis, los gastos en vivienda, salud y educación crecieron hasta 2009, ejercicio en el que sumaron conjuntamente el 12,7 por ciento del PIB, mientras que en 2016 bajaron al 10,5 por ciento del PIB.

El informe señala que este retroceso no se ha compensado con nuevas políticas sociales, ni con mejoras de las ya existentes. Por ello, y para paliar la pérdida de calidad de servicios tan esenciales como los sanitarios, educativos y asistenciales, la Institución considera necesario reformar de manera urgente el actual sistema de financiación de las Comunidades Autónomas.

Por ámbitos, el Defensor del Pueblo destaca en materia de Dependencia que la crisis y las medidas adoptadas han dificultado la implantación de la Ley y ha pedido una mejora del sistema de financiación actual y una garantía de incorporación de las personas en espera.

En cuanto a pensiones, ha exigido la adopción de medidas para una progresiva mejora de las condiciones salariales, "ya que parece difícil que a corto plazo el reequilibrio pueda lograrse simplemente a través de la recuperación de los empleos perdidos", ha apuntado.

Protección al hipotecado


"Es preciso garantizar la solvencia y sostenibilidad del sistema público de pensiones, así como la suficiencia económica de los actuales pensionistas y de los futuros, pero cualquier reforma del sistema, y en especial de su financiación, ha de llevarse a cabo en el marco del Pacto de Toledo con el mayor nivel de consenso posible", ha indicado.

Finalmente, la Institución también se refiere a los desahucios, que califica como uno de los efectos sociales "más nocivos" de la recesión económica. A su juicio, en esta materia "hay que seguir trabajando para reforzar la protección al hipotecado y recuerda que el procedimiento de ejecución hipotecaria sigue siendo una realidad en España". Además, el Defensor denuncia las políticas tributarias decididas durante la crisis "han agravado el proceso de regresivización del sistema fiscal y lo han hecho, además, durante un periodo en el que, para la mayoría de la población, la renta ha estado estancada o disminuyendo".

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