Una autorización «excepcional» para el control de las poblaciones de caza mayor que provocan daños en la agricultura del Valle de Ayora derivó en una matanza en la que fueron abatidos 52 animales, la mayoría de ellos ciervos, aunque también algunos muflones y jabalíes. La batida, cuyos resultados pueden verse en la fotografía, se produjo el pasado 29 de enero en el monte público de La Hunde, propiedad de la Generalitat Valenciana. Su objetivo, según la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente y Cambio Climático, realizar «un control poblacional de ungulados para evitar daños a la agricultura».
La cacería fue solicitada por el Club de Cazadores de Ayora, que adjuntó las quejas de los agricultores y fue autorizada «de manera excepcional» de acuerdo con el artículo 13 de la Ley de Caza, que contempla este tipo de permisos de caza al margen del calendario habitual de vedas y otras regulaciones.
«Con antelación, el organizador comunicó al servicio territorial la ubicación de los puestos, con sus coordenadas UTM, que fueron comprobadas y verificadas por un agente medioambiental presente en la cacería», explicaron.
La autorización prohibía comercializar los productos obtenidos, carne u otros productos, apelando al «carácter excepcional» de la cacería, añaden las fuentes.
Según el informe remitido por el organizador y por el agente medioambiental, fueron abatidos 52 animales: 26 de ellos,ciervos (21 hembras y 5 machos), 6 muflones (2 hembras y 4 machos) y 20 jabalíes (12 hembras y 8 machos», sin que se produjera ninguna incidencia.
La cacería fue autorizada por una resolución del director general de Medio Natural y Evaluación Ambiental, Antoni Marzo, adscrita a la secretaria autonómica que dirige Julià Álvaro.
Marzo considera que es necesario realizar «gestión» cinegética, aunque coincide en que este tipo de monterías «no son» la mejor solución.
«Este mismo mes de febrero se ha aprobado el Plan Técnico de Ordenación Cinegética de La Hunde, por lo que en años próximos el espacio cinegético estará ordenado y prevista la gestión de daños y el control poblacional a lo largo de año y no concentrado en una única cacería», explicó.
Antoni Marzo asegura que la conselleria se está poniendo al corriente en la aprobación de los planes cinegéticos a los que quedan obligados todos los titulares de cotos.
Recientemente, otra cacería similar de carácter excepcional autorizada en la Finca Casa del Doctor, también monte público de la Generalitat, fue muy criticada por la Sociedad Valenciana de Ornitología (SVO) por posibles afectaciones a la nidificación de una pareja de águila perdicera, amenazada de extinción.
La conselleria sostiene que atendió la demanda de los ornitólogos y suprimió algunos puestos de caza próximos al lugar donde suele anidar la pareja.
Sin embargo, la SVO no entiende «como la misma conselleria, en contra de su propia normativa, autorice -en sus propios terrenos y dentro de un espacio natural protegido- una batida que pone en peligro la reproducción de una especie amenazada que tiene la obligación de proteger».Quejas de los propietarios
Hace ahora un año se constituyó la Asociación Solidaria de Protección Agrícola (ASPA) , integrada por agricultores de Valle de Ayora, Canal de Navarrés y Requena-Utiel, «ante los graves daños que las plagas de cabra montés, muflones y ciervos» están provocando en los cultivos.
Advertían del riesgo para la salud pública de las superpoblaciones de estas especies y pedían medidas como el vallado íntegro de la Reserva de Caza de la Muela de Cortes y de todos los cotos de caza mayor existentes en estas comarcas y que se autorice a los propietarios de las fincas la caza de las especies que provocan los daños en las cosechas.
Además, pedían que los presupuestos de la Generalitat contemplen un fondo de indemnización a los agricultores.
