El pasado 30 de marzo el sindicato Gestha, mayoritario entre los técnicos del Ministerio de Hacienda, celebró su XV Congreso Estatal en Alicante. Se trata, sin duda, de personas muy conocedoras de la realidad fiscal española. Por ello ha llamado la atención que declaren que la corrupción, el fraude fiscal y la consiguiente economía sumergida supone, a nivel estatal, una pérdida del 24,6% del PIB.

Si el dato no es tremendo, a continuación nos declaran que esta economía sumergida supone, en el caso de la provincia de Alicante, que se llega a rozar el 28% de fraude sobre el PIB. Les ha faltado venir a Elx, a Elda o a otras zonas manufactureras de aquí y se habrían quedado de piedra.

Son porcentajes que todos sospechábamos, pero que te los ratifiquen los técnicos de Hacienda es el colmo. Tantos años diciendo que se luchaba contra la economía sumergida y aún estamos así. Y parece que esto va a más. Siempre fueron los típicos «mochileros» y ahora ya asoman empresarios de postín, exduques de Palma, exvicepresidentes del Gobierno, como Rato, tesoreros, etc., aquí el que no corre, vuela. Se ha abierto la veda. Nadie se quiere quedar fuera. Si no te cogen, todo para ti. Si te cogen, con buenos abogados y apellidos puedes librarte y, en el peor de los casos, pasas una pequeña temporada en prisión, pero al salir te están esperando los millones que robaste. Un pequeño sacrificio, pero no pasa siempre.

Es verdad que en Elx algo sabemos de eso. Tradicionalmente, nuestra ciudad, como otras de gran presencia de mano de obra no cualificada, ha sido un vivero para la economía sumergida. Los «trapicheos» contables y financieros para que la rueda no parara han creado escuela. Siempre se ha dicho que, en la banca, los ejecutivos con futuro se habían fogueado, en sus inicios, en Elx. Está comprobado que Alfonso Escámez, que fue presidente del Banco Central, empezó de botones en Elx. Menudo carrerón, ni yendo a Harvard hubiera aprendido más. Las famosas «bicicletas» que se hacían con las letras de cambio para obtener financiación hubieran dado para tener, por lo menos, una etapa del Tour. Lástima que siempre nos ha faltado promoción exterior.

Y que conste que no es justo decir que hay economía sumergida sólo porque hay obreros que trabajan sin dar de alta. Que también. Pero si hay trabajadores así es porque hay empresarios que no los dan de alta. Y que luego venden lo que éstos fabrican, en los circuitos comerciales «blanqueando» su origen.

En situaciones como las que vivimos actualmente en nuestra ciudad es difícil pensar que se pueda tener interés en trabajar sin dar de alta. Según datos oficiales, el número de parados, inscritos en el Servef a finales de febrero, era de 26.101 personas, de las cuales, según datos que facilita CC OO del Baix Vinalopó, sólo cobran algún tipo de prestación 11.248 parados, el 43%, mientras que 14.853 personas no cobran nada, casi el 57%. Y de los que cobran algo, sólo 3.583 cobran prestación contributiva mientras que el resto, 7.665 personas, sólo cobra prestaciones asistenciales, o sea, la mayoría cobra 426 euros al mes. Aquello de que trabajan y cobran el paro sería de otra época. Ahora, en general, en Elx se quiere, en primer lugar, trabajar y, consecuentemente, estar dado de alta. Es la única forma de ganar salarios estipulados, cotizar para el desempleo y para la futura pensión. Cada vez hay más personas que llegan a los 65 años y no pueden jubilarse porque les faltan años de cotización y eso que han trabajado más de 40 años. Pero no les dieron de alta.

Lo que sí es cierto es que, en la realidad social de nuestra ciudad, con los datos antes expuestos, es fácil forzar determinados comportamientos. Hay mucha gente que lo está pasando mal. Es casi un milagro que no haya un estallido social con los niveles de precariedad e ingresos que se están dando en Elx. Una persona, con familia a su cargo, que está cobrando 426 euros al mes es imposible que acepte voluntariamente trabajar sin dar de alta. A la fuerza ahorcan que se decía. La economía sumergida es una explotación del trabajador, una competencia desleal a las empresas que sí cumplen y un fraude fiscal para la sociedad. Todas las administraciones deberían pasar de las buenas palabras a concretar en hechos su voluntad de acabar con esta lacra.