El Juzgado de lo Social número 3 de Almería ha condenado al Ministerio de Educación a readmitir a Resurrección Galera Navarro, la profesora de religión cuyo contrato no fue renovado en 2001 por decisión del Obispado de Almería tras casarse por lo civil con un divorciado, y a pagarle diez años de salario.

La sentencia, a la que ha tenido acceso Efe, ha sido dictada después de que el pleno del Tribunal Constitucional reconociera recientemente el derecho de la profesora a no sufrir discriminación por sus circunstancias personales, así como a la libertad ideológica e intimidad personal y familiar.

El TC anuló una sentencia de diciembre de 2001 del Juzgado de lo Social número 3 de Almería y otra de 2002 de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que habían desestimado las demandas de la profesora contra el Obispado de Almería, que no la propuso para continuar impartiendo religión porque no reunía las condiciones exigibles para defender la moral y la doctrina cristiana.

De acuerdo con el pronunciamiento del TC, la nueva sentencia reconoce que la no renovación de la profesora "única y exclusivamente" por haberse casado por lo civil con un divorciado, "un motivo totalmente ajeno a la actividad docente desempeñada", supone no sólo una "vulneración de su derecho fundamental a la libertad ideológica" sino también un "trato discriminatorio por razón de matrimonio que viola el derecho fundamental a la igualdad".

Asimismo, resalta que se trata de un "atentado al derecho fundamental de la intimidad personal y familiar de la trabajadora"."El Obispado proponía, el Ministerio contrataba y pagaba, y la actividad laboral se realiza en centros dependientes de la Consejería", precisa al respecto.

No obstante, señala que el Ministerio es el que "realmente actuaba como empresario" y por ello es este organismo al que se debe condenar a la readmisión de la profesora y al pago de los salarios desde la fecha de su despido, es decir, desde hace diez años.

En declaraciones a Efe, Resurrección Galera se ha mostrado "muy satisfecha" con la sentencia, que ha calificado de "un gran logro", a la vez que ha asegurado que "ha merecido la pena la lucha y la espera" de estos diez años.

Además, ha resaltado que la sentencia, apoyada en el fallo del Constitucional, sienta jurisprudencia, de modo que otros profesores en situaciones similares podrán hacer valer sus derechos.