"Los relatores de la ONU ponen la palabra concordia entre comillas porque las leyes buscan lo contrario"

Días después de que se conociera el informe de los relatores de la ONU, realizado a instancias del Ejecutivo español y que aconseja que se adopten «las medidas necesarias» sobre las llamadas ‘leyes de concordia’ que impulsan PP y Vox en autonómicas como la Comunidad Valenciana, Aragón y Castilla y León, el ministro Ángel Víctor Torres (Las Palmas, 1966 ) atiende a INFORMACIÓN en su visita a Alicante para hablar de memoria. 

PREGUNTA: Los parlamentos de la Comunidad Valenciana, Castilla y León y Aragón ya han recibido el informe de Naciones Unidas a través de una carta del ministerio que usted dirige, que no ha sentado nada bien en los gobiernos de esas autonomías, entre ellas la Comunidad Valenciana. 

RESPUESTA: Esa carta enviada a los parlamentos, a las Cortes de Aragón, a la Comunidad Valenciana y a Castilla y León, es fruto del respeto institucional. Una vez que tenemos conocimiento del informe de los relatores, lo que había que hacer es comunicárselo a los presidentes autonómicos y también a las presidencias de las Cortes y de los Parlamentos, porque en algunos casos, como la Comunidad Valenciana, estamos en un proceso parlamentario no concluido. La carta es amable, educada, tiende la mano. Por tanto, no entiendo las palabras de la presidenta [de las Cortes Valencianas], en absoluto. A cuento de qué habla de chantaje si estamos simplemente reproduciendo lo que dice la comunicación de los relatores y trasladando que, lógicamente, ante un trámite parlamentario se tomen las decisiones que se deban tomar si se quiere respetar esa comunicación contundente de las Naciones Unidas, que lo que dice que hay que defender son los derechos humanos, hay que visibilizar a las víctimas, hay que reparar, hay que hacer un acto de justicia y de verdad, y que esto se debe hacer en todos los lugares del mundo, y por supuesto también en España.

P: La presidenta de las Cortes valencianas, Llanos Massó (Vox), ha hablado de «chantaje» y también de «injerencias»...

R: Nosotros no hacemos el informe de la ONU. Son los relatores, por cierto, nombrados por el Consejo de las Naciones Unidas de Derechos Humanos, con un mandato de seis años. Cómo va a ser una injerencia comunicar lo que acaba de decir la ONU con la firma de tres relatores de manera unánime con respecto a un proyecto de ley de la Comunidad Valenciana, que, por cierto, lo estudia de manera pormenorizada, como hace también con Castilla y León y Aragón. Qué injerencia. Es una comunicación con una carta amable y lo que recibo es un ataque de la ultraderecha. Pese a todo, yo vuelvo a ser una persona constructiva, vuelvo a tender la mano y pido que respeten lo que traslada Naciones Unidas a través de esos relatores o que comuniquen lo que consideren, porque además pueden hacerlo. Desde la propia comunicación se dice que la información que quieran suministrar la puedan proporcionar, aunque ya se ha ido a los documentos oficiales. Y esa es otra. Yo he escuchado hablar de bulos. En el caso de las Cortes de Aragón, han ido al Boletín Oficial que publica la derogación de la ley, y en el caso de la Comunidad Valenciana han ido al texto, como también con Castilla y León.

P: Ha habido presidentes autonómicos, como Carlos Mazón, que afirma que los relatores no se habían leído el texto. 

R: La afirmación creo que la hizo porque no había leído la comunicación de las Naciones Unidas a través de sus relatores. De cada una de las iniciativas legislativas trasladan qué entienden por vulneración de los derechos. ¿Por qué quitan ahora que la dictadura de Franco fue un régimen dictatorial? Solamente porque se lo está imponiendo la ultraderecha y lo están aceptando de manera sumisa los presidentes del PP.

P: Y tras enviar las cartas con el informe de los relatores, ¿cuáles serán los siguientes pasos que darán desde el Gobierno central para intentar frenar las leyes de la concordia?

R: Yo distingo, por un lado, la ley aprobada, y ahí también lo ha entendido mal el presidente de Aragón. No nos vamos a sentar en una mesa él y yo, ni él con el presidente Sánchez. En estas bilaterales, las relaciones son técnico-jurídicas. Distinto es la Comunidad Valenciana. Ahí estamos en una proposición de ley que tiene que llevar consigo un trámite parlamentario, y lo que está diciendo Naciones Unidas a través de los relatores y lo que le está diciendo el Gobierno de España, que es nuestra obligación, es que tengan en cuenta qué está diciendo las Naciones Unidas y tomen las decisiones al respecto. Lo que yo entiendo que se debe hacer es modificar ese texto en ese trámite parlamentario. He visto que el PP quiere retrasar el trámite a después de las elecciones europeas. Parece una cuestión más estratégica que de otra índole. Tampoco entiendo por qué. Tienen tiempos para poder corregir. Y espero que así sea, sinceramente.

Hablan de bulos, pero los relatores han ido a documentos oficiales: a los textos en la Comunidad Valenciana y Castilla y León, y al boletín, en Aragón

P: Desde Vox han acusado a Alberto Núñez Feijóo de «presionar» a sus barones autonómicos para rebajar los textos.

R: Hay una evidencia: esto se está produciendo en gobiernos de PP y Vox, que es quien exige que se deroguen o se modifiquen las leyes anteriores, eliminando la mención a la dictadura, incluso el homenaje a las víctimas que perecieron en los campos de exterminio nazi, eliminando o dificultando a las asociaciones las subvenciones e incluso la información. Es una condición que ha puesto Vox para cogobernar con el PP. Y yo he apelado, recientemente desde el mismo Mauthausen, durante un acto hermosísimo, lleno de sentimiento, al señor Feijóo y lo vuelvo a hacer a que recupere la senda del sentido común, de la condena de la dictadura, del espíritu de la transición, de caminar hacia un tiempo nuevo, de defender la democracia, de poner en valor lo que significa la libertad, y lo digo con mayúsculas, y de apelar a que ningún representante público tenga ninguna debilidad a ser contundente contra los años de la opresión, de ausencia de libertades, de imposición de un régimen dictatorial y de vulneración durante cuarenta años de los derechos humanos.

P: Al respecto de esas presiones, recientemente se ha conocido que el primer borrador de Vox en la Comunidad Valenciana denunciaba «crímenes contra la humanidad» en la II República... 

R: Eso es una aberración porque la Segunda República fue un régimen democrático, emanado del sufragio universal, de mujeres y hombres que votaron. Había una Constitución, incluso un Código Penal que permitía el divorcio, no perseguía a las personas que eran homosexuales y todo eso se modificó a peor en cuanto a los derechos humanos durante cuatro décadas de dictadura. 

P: Hay presidentes como el aragonés que acusan al Ejecutivo central de hacer «electoralismo» con su rechazo de las leyes... 

R: Es culpa de ellos. Han sido PP y Vox los que han aprobado en las Cortes Generales de Aragón en febrero una derogación de la ley anterior, quienes han presentado en los primeros días de la Semana Santa proposiciones de ley han sido PP y Vox, como en la Comunidad Valenciana. Nosotros hemos reaccionado, con contundencia, en defensa de la legislación internacional de los derechos humanos, de los convenios y pactos internacionales firmados por España, lógicamente también en defensa de la Ley de Memoria Democrática de 2022. Nosotros hemos reaccionado. Y ahora estamos en un periodo electoral. Los que dicen que estamos haciendo un uso electoral tendrían que haber pensado primero qué iban a hacer cuando presentaban estas leyes o las aprobaban en estas fechas, ante dos citas electorales que ya estaban previstas.

Cualquier democracia madura defiende el derecho a la exhumación, reparación y restauración. Aquí cuesta muchísimo por la ultraderecha

P: Cuando buscaron el amparo de las Naciones Unidas, ¿esperaban este tipo de respuesta de los relatores? ¿Y que se diera de forma tan rápida y con tal detalle? 

R: El área de Memoria Democrática del ministerio y también desde Política Territorial ya nos avanzaban que la gran vulneración estaba en los derechos humanos. No nos esperábamos que fuera tan rápida la respuesta, pero ha sido muy contundente, como la vulneración de los derechos de esos textos. Los tres relatores son personas con una reputación demostrada.  

P: ¿Qué le parece cuando desde gobiernos implicados en la polémica se critica, desde la deslegitimización, a los tres relatores de Naciones Unidas responsables del informe de las leyes de concordia?

R: Lo hace quien esperaba otra cosa y, como no le gusta el resultado de la comunicación, ataca a quienes la firman. Es penoso. Si hubiesen dicho que eran leyes que respetaban los derechos humanos, lo habrían trasladado como un logro.

P: En la Comunidad Valenciana, en su defensa de la ley, el presidente Mazón asegura que se busca proteger a las víctimas de ETA. 

R: La comunicación de los relatores dice exactamente que valorando lógicamente que todas las víctimas de cualquier violencia sean reconocidas, no cabe unir lo que es la violencia producida por grupos heterogéneos a una violencia sistemática durante cuarenta años producida por un régimen político. Las víctimas de ETA tienen su propia ley.

P: Las leyes de la concordia, además del rechazo del Gobierno central y de la ONU, a través del informe de los relatores, también han sumado la opinión en contra de departamentos de Historia de universidades como la de Alicante, Valencia y Castellón. ¿Supone para ustedes un respaldo?

R: Estamos hablando de reputados estudiosos que conocen lo que es la historia. La historia no la podemos cambiar, no se puede involucionar en la historia. 

Tenemos que seguir exhumando a todas las personas que quedan en fosas, pozos y cunetas del bando vencido para realmente cerrar heridas

P: ¿Cómo valora que expresidentes del Gobierno del PP, como Aznar, respalden las nuevas normas de los gobiernos autonómicos de populares y ultras, asegurando que «todo lo que suena a concordia» le «gusta», y que añada que la izquierda está intentando «volver a la dinámica de la guerra civil».

R: Han utilizado una palabra que tira del corazón. Y ese es el significado y origen semántico de la palabra concordia, que los relatores, cuando hablan de estas leyes, la ponen entre comillas porque no son de concordia, ya que justamente son lo contrario. Tenemos que seguir caminando para exhumar a todas las personas que quedan en las fosas, en pozos y en cunetas, que son del bando vencido, para realmente cerrar las heridas, porque es un derecho no solamente con la exhumación, sino con la exhumación, la reparación y la restauración, y la verdad y la justicia. Y eso cualquier democracia madura lo defiende de manera unánime. Aquí, sin embargo, nos cuesta muchísimo esa unificación porque la ultraderecha no la quiere.

P: En esa búsqueda de coser heridas, de la restauración, siguen con las exhumaciones en el antiguo Valle de los Caídos, ahora Valle de Cuelgamuros. Recientemente, tras la polémica visita del presidente Pedro Sánchez, han acudido a ver los trabajos familiares de víctimas. ¿Por qué les piden confidencialidad? ¿No es suficiente con la dureza de visitar ese entorno? 

R: Hemos ido dando pasos, lógicamente, primero con un estudio riguroso, científico. Es un trabajo difícil. Los restos están apilados, hay que ser muy cuidadoso. Se puede entrar solamente de tres a cuatro personas porque lógicamente puede afectar el trabajo que ahí se realiza. 

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