Regeneración política: de la renovación del Poder Judicial a la contención de los bulos

Jueces y politólogos proponen una hoja de ruta para acometer el debate planteado por Pedro Sánchez, que no ha anunciado ningún proyecto legislativo ni ha convocado comisiones

La lucha contra la desinformación y la polarización, grandes desafíos

El presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, en una imagen de archivo

El presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, en una imagen de archivo / Europa Press

Borja Campoy

Borja Campoy

«Regeneración política» y «máquina de fango» han sido dos de las expresiones que más se han empleado en las tertulias de esta semana, después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, abriera el pasado lunes un debate que no es nuevo en España. Sobre la regeneración democrática se lleva hablando desde el siglo XIX y es un término que regresa a la actualidad de forma recurrente. En esta ocasión lo ha hecho por boca del líder socialista, tras el periodo de reflexión sobre su continuidad. Eso sí, Sánchez no puso sobre la mesa ningún proyectos legislativo ni ha convocado todavía comisiones de expertos. 

Jueces y politólogos consultados por este diario sí que esbozan una hoja de ruta sobre por dónde debe comenzar la regeneración de la política española. Los magistrados coinciden a la hora de señalar como el más urgente de los pasos que hay que dar acabar con el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que sigue paralizado cinco años después de su caducidad. Son más los desafíos que aparecen en el horizonte a corto y medio plazo: poner freno a la propagación de bulos y fake news, que se han extendido exponencialmente de la mano de la tecnología, regular de una forma mejor la acción popular para evitar las injerencias malintencionadas de los «pseudosindicatos», abordar la lucha contra la desinformación como una cuestión de Estado o rebajar el tono de polarización o crispación entre las formaciones políticas.

El magistrado emérito del Tribunal Supremo Joaquín Giménez considera, precisamente, que esta última cuestión, la de la polarización política, es la que esparce el fango. «Se discrepa de todo y los partidos no se entienden en nada. Eso es muy grave para un país», afirma antes de remitirse al libro Cómo mueren las democracias de Steven Levitsky y Daniel Ziblatt para citar a la contención y el respecto al adversario como los guardarraíles democráticos. «En medios digitales se ha llegado a publicar que Sánchez va a tener un final trágico. Esto no es gratis, siembra una cizaña que puede fructificar», añade al respecto. 

Más allá del panorama crispado, para el juez alicantino la «cuestión nuclear» es la regeneración del CGPJ. «Es un órgano político que no debe ser partidario y que nombra a la nomenclatura del sistema judicial, entre ellos, los cinco presidentes del Tribunal Supremo, el de la Audiencia Nacional, los 17 de los TSJ y los 52 de las audiencias provinciales», apunta. «Hay que recordar que los nombramientos de los doce vocales judiciales del CGPJ no han sido elegidos desde el Parlamento en realidad, sino que ha sido un reparto de sillones previo entre el PP y el PSOE, que han nombrado cada uno a los que les correspondían según estuvieran en el Gobierno o la oposición, seguido de un pacto de no agresión en función del que no se cuestiona a los vocales judiciales propuestos por el adversario», sostiene Giménez sobre un asunto en el que España ha tenido que recurrir a un mediador internacional, el comisario europeo de Justicia, Didier Reyders, en busca de una posible solución.

Degradación

El magistrado Joaquim Bosch también observa una «degradación» del sistema democrático español a nivel institucional. Por ello, considera esencial la renovación de los órganos constitucionales para que sean más imparciales y sufran menos injerencias partidistas. «Hay que afrontar temas como la desinformación o los bulos tóxicos que ensucian el clima político. Nadie con responsabilidades públicas debería estar en contra de que se limite la inherencia de los partidos, debería haber un consenso amplio al respecto», sostiene el valenciano. 

Sobre los límites de la acción popular, Bosch recuerda que «no basta con que se presente una denuncia, tiene que haber un juez instructor que considere que los hechos pueden encajar en cuestiones delictivas». Igualmente, afirma que esta acción popular tiene su parte positiva, ya que ha permitido destapar muchos casos de corrupción. El magistrado comparte la misma tesis que Giménez sobre la forma de actuar de determinados sindicatos: «Lo que hacen no se parece en nada a que una agrupación ecologista ejerza acciones contra un vertedero que perjudica al ecosistema o que una asociación feminista comparezca ante una agresión sexual».

Tres casos políticos de «lawfare»

Castilla y León. Demetrio Madrid

El caso de Demetrio Madrid es considerado como el primero de lawfare en España y cambió la historia de Castilla y León. En 1986, el socialista dimitió al conocer su procesamiento por un presunto delito social, del que fue absuelto cuatro años después.

Comunidad Valenciana. Mónica Oltra

La valenciana siempre sostuvo su inocencia ante las acusaciones de encubrimiento de los abusos sexuales cometidos por su exmarido en un centro de menores de la Generalitat. A principios de abril el juez archivó la investigación que le forzó a dimitir.

Portugal. António Costa

El lawfare se ha dado también en Portugal. El que fuera primer ministro António Costa dimitió tras la interferencia política en un caso judicial. Los fiscales reconocieron una «confusión» en la transcripción de los audios, vinculados a otro António Costa.

Fuera del ámbito de la Justicia, desde la Universidad de Alicante, la catedrática de Comunicación Política Marta Martín pone el foco de la regeneración democrática en la exigencia de ética y formación de los partidos. «Algunas formaciones están haciendo rehenes a otras partes del sistema, como las instituciones o los medios de comunicación. La regeneración no puede ser un intento de aniquilación de toda la crítica legítima y de controlar a los jueces o la prensa libre», señala. Martín, que fue diputada en el Congreso con Ciudadanos, denuncia una partitocracia que provoca que los integrantes de las formaciones políticas que no la compren o se quejen «no salen en las fotos o se quedan fuera de las listas».

La catedrática recuerda que hace una década, con motivo de la desafección ciudadana por los escándalos de corrupción política, el bipartidismo incluyó en sus programas electorales la regeneración. «Luego se olvidaron de ello y los partidos que venían a exigirla, como Ciudadanos o Podemos, se mimetizaron con el sistema», lamenta, antes de añadir. «No hay mayor corrupción que la que se ha producido en este país los últimos dos años, con la rebaja del delito de malversación o con los indultos a quienes han vulnerado el Estado de derecho».

En la lucha contra la desinformación es en el lugar en el que el profesor de Comunicación Política de la Universidad de Navarra Jordi Rodríguez Virgili sitúa el punto de partida de la regeneración de la democracia española. «Se están dedicando muchos recursos económicos, de tiempo y de talento para conseguir un mejor ecosistema informativo. Lo vemos desde las instituciones europeas y desde el Departamento de Seguridad Nacional, que dependen del presidente del Gobierno», manifiesta el experto, que apoya un trabajo colectivo que implique a diversos ministerios, a las principales plataformas tecnológicas y a las asociaciones periodísticas.

Campaña de Seguridad Nacional del Gobierno contra la «máquina del fango»

Mucho se ha hablado en las últimas semanas desde el PSOE, con el presidente Pedro Sánchez a la cabeza, de la «máquina del fango», que también se ha llegado a definir como «galaxia digital ultraderechista». La preocupación desde La Moncloa por el fenómeno de la desinformación no es nueva, como lo demuestran las campañas del Departamento de Seguridad Nacional puestas en marcha contra la desinformación. Fruto de este trabajo se publicó en 2022 el libro Lucha contra las campañas de desinformación en el ámbito de la seguridad nacional: propuestas de la sociedad civil. Esta obra reúne a expertos de la sociedad civil implicados en el ámbito de la lucha contra la desinformación. 

Los foros para poner freno a las campañas de bulos y fake news han seguido celebrándose en los últimos meses. Uno de los puntos de partida de estos trabajos ha sido el de abordar cualquier amenaza a través del conocimiento de la misma. Al respecto, en documentos del Departamento de Seguridad Nacional, se puede leer, por ejemplo, que «el despliegue de campañas de desinformación en el marco de la invasión ilegítima de Ucrania supone un caso de análisis para conocer las técnicas que actores estatales utilizan para proyectar las campañas de desinformación tanto a nivel doméstico como en el ámbito internacional».

El combate contra la desinformación que plantea Rodríguez Virgili se sostiene en tres grandes áreas. «Lo primero es que a la desinformación se le planta cara con información y transparencia. No se puede restringir la libertad de prensa, lo que hay que hacer es apostar por el periodismo riguroso. El segundo eje es el de la alfabetización mediática, que permita distinguir lo que esa noticia veraz de lo que es un bulo que nos llega a través de WhatsApp. Por último, es necesaria la colaboración público-privada, con la implicación de las tecnológicas, para combatir unas mentiras que, en muchas ocasiones, llegan desde países terceros con el propósito de desestabilizar nuestra democracia», expone el experto académico.

El profesor de Ciencia Política y de la Administración de la Universitat de València Bernabé Aldeguer dirigió la publicación del libro Democracia, Gobierno y Administración Pública contemporánea, en el que se abordan cuestiones como el fortalecimiento de la propia democracia. «Regenerar implica el deseo de reconquistar un estado del pasado que se considera idílico y cabe recuperar. Si la idea es esta, el proyecto fracasará», advierte. A su juicio, la innovación democrática pasa por «una lectura sincera y honesta de los errores y aciertos acumulados en las últimas cuatro décadas».

Reducir costes

Para Aldeguer, el fortalecimiento de la democracia exige reducir costes e impedimentos a la participación y potenciar una calidad informativa que permita a la ciudadanía exigir responsabilidades políticas de forma justa y ponderada. «Es necesario equilibrar las capacidades de influencia y los contrapesos entre los ámbitos económicos, sociales y políticos», añade dentro de sus propuestas para renovar el sistema democrático. Estas medidas considera que disuadirían a «cualquier partido, grupo o persona que se plantee recurrir a los bulos».

El movimientos regeneracionista que tuvo como abanderado en sus orígenes al jurista Joaquín Costa no se parece al debate planteado estos días por Sánchez. Así lo cree el profesor de Ciencias de la Información y de la Comunicación de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) Ernesto M. Pascual. «A veces falta memoria. Felipe González recibió campañas de acoso y derribo. Al margen de un cambio legislativo, hay que renovar la cultura política para que los partidos discutan sin agredirse y exploren consensos entre la derecha y la izquierda», concluye.

Una ley europea obliga a los medios a difundir la publicidad institucional

El Parlamento Europeo aprobó en marzo la nueva Ley de Libertad de los Medios de Comunicación, que cuenta con puntos de obligado cumplimiento que afectan a las instituciones y las empresas informativas de los Estados. El texto señala que los medios tienen que hacer accesible, de forma directa, información sobre su denominación, los titulares de los paquetes accionariales o el importe anual de los fondos públicos destinados a la publicidad estatal que se les han asignado y el importe de los ingresos de la publicidad recibidos de autoridades o entidades públicas, según el documento.

La Eurocámara busca con esta medida que haya más transparencia sobre los grupos empresariales que controlan los medios, que se limite la publicidad institucional y que se proteja efectivamente a los periodistas de injerencias gubernamentales y ataques con programas espía. Europa quiere reforzar la transparencia y la independencia de los medios de comunicación frente a los riesgos que socavan la libertad de prensa. Los eurodiputados consideran relevante que se conozcan las estructuras detrás de la propiedad de los medios. En materia digital, los parlamentarios quieren involucrar a las grandes plataformas para que la moderación de contenidos no afecte negativamente a la libertad de los medios.