«Es un asunto estatal y los portavoces estatales ya se han pronunciado». De esta manera tan lacónica se quitó ayer de en medio la nueva dirección autonómica de Podemos, encabezada por Pilar Lima, cualquier tipo de vinculación con la imputación del partido morado, a nivel nacional, por presunta financiación irregular tras la denuncia de un antiguo abogado de la formación. La alicantina María Teresa Pérez, directora general del Instituto de la Juventud y reciente portavoz y secretaria de Acción Institucional del Consell de Coordinació (nuevo órgano de dirección autonómico de Podemos que dirige la pablista Lima), recalcó que «avalan al 100% lo que dicen nuestros portavoces estatales. No tenemos más que añadir». El titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid ha imputado a Podemos como persona jurídica por posibles delitos de malversación y administración desleal, y a tres dirigentes de la cúpula de la formación, acusaciones contra las que el partido de Pablo Iglesias ha presentado un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Madrid solicitando la nulidad de la causa al considerar que las pruebas que dice haber aportado el abogado José Manuel Calvente -despedido en diciembre- son meras «sospechas», no tienen «relevancia penal» y además fueron obtenidas de forma «ilícita».
Al margen de la maraña judicial y política que se va a tejer en torno a este nuevo revés para Pablo Iglesias, que se alargará en el tiempo ya que los acusados no declararán hasta el 20 de noviembre, fuentes de la formación morada no temen un desgaste electoral. Tienen claro que la intención de la denuncia es perjudicarles, pero el desgaste, en todo caso, será nacional y no autonómico. Solo cabe recordar que en recientes comicios electorales, se dieron resultados diversos a nivel estatal y autonómico, en una misma jornada electoral, con ciudadanos que votaron a Podemos en las generales y cambiaron la papeleta por la de Compromís a nivel autonómico. Esa diferencia entre Madrid y València, sí es buena para distanciarse de este proceso judicial.
Procesos archivados
Un poco más explícito fue el vicepresidente del Consell, Rubén Martínez Dalmau, que ayer destacó que son «muchos los procesos que ha habido contra Podemos, todos archivados, y creo que con este va a pasar igual». En todo caso, el principal cargo institucional de Podemos a nivel autonómico fue cauto y se mostró partidario de «esperar y que sean los jueces los que decidan si la causa sigue adelante o se archiva como en otras ocasiones». Martínez Dalmau sí insistió con que estos asuntos «no sirvan como una cortina de humo para esconder los verdaderos problemas del país en los que estamos insertos ahora mismo».Problemas, a su juicio, como «hacer frente a la crisis y fortalecer los derechos sociales» o cómo «empezar a plantearnos un debate global sobre el modelo de estado en momentos en que la monarquía, por sí sola, se está derrumbando porque se ha ido descubriendo ya solo servía para hacer negocios privados», añadió.
Sobre los «debates reales» de la sociedad actual también se expresó el portavoz municipal de Podemos en Alicante, Xavi López. El edil alicantino no cree que esta imputación les perjudique, ya que se sumará a otras 14 denuncias por diferentes cuestiones que han sido desestimadas. López es de la opinión que el electorado de Podemos está «acostumbrado a estas artimañas para intentar lanzar la sombra de la sospecha, de la duda en un partido ejemplar en su lucha contra la corrupción», afirmó.
