La rebelión municipal le puede salir muy cara al Ministerio de Hacienda. El posible boicot que los ayuntamientos gobernados por el Partido Popular, Ciudadanos y Compromís planean llevar a cabo contra el decreto ley del Gobierno para gestionar los remanentes municipales puede reducir de forma considerable la previsión de financiación que ha calculado el Ejecutivo. Si los principales consistorios de la provincia de Alicante con alcaldes del PP se unen y acuerdan no entregar su hucha, Hacienda dejará de ingresar unos 176 millones de euros. Esta cantidad, que ya es superior a los 160 millones que le corresponden a la provincia del fondo extra de 5.000 millones que el Gobierno debe repartir entre las poblaciones que acepten su propuesta, podría crecer más si municipios gobernados por Compromís, como Crevillent, dejan de entregar sus 3,5 millones de ahorros , o localidades con alcalde de Ciudadanos, como Castalla, no renuncia a sus 6 millones de remanentes en favor del plan pactado entre el Gobierno y la Federación de Municipios. Unos 185 millones en total.
Comenzando por la ciudad de Alicante, aún le quedan unos 20 millones de superavit después de liquidar 24 millones de deuda. Torrevieja también debe sanear parte de sus «números rojos», pero dispone de más de 44 millones de remanentes. En Orihuela, la hucha acumulada hasta 2018 era de 12,5 millones. Benidorm, sin deuda por saldar, dispone de unos 5,7 millones ahorrados. El Campello sigue sumando una enorme cifra de remanente, superior a los 38 millones, frente a un deuda ínfima. Mutxamel se acerca a 15 millones; Santa Pola roza los 4 millones; Calp supera los 2,6; El Pilar de la Horadada está por encima de los 6,1; Almoradí ha superado los 8,1; Finestrat los 5,2; La Nucia 3,3; Ibi 6,1; Callosa d'En Sarrià 4,1 millones; Callosa del Segura 1,9; Agost 2,5; Sax 2,2; y Busot y Relleu en torno a 1 millón de remanente en cada caso. Así hasta superar los 176 millones de ahorros que no llegarían a Hacienda si se confirma la rebelión de ayuntamientos que no son del PSPV. Por contra, entre los ayuntamientos con alcaldes socialista que disponen de remanente está Elche (con 22 millones), San Vicente del Raspeig (con 25), Elda (con 11) y Dénia (con 10).
Por mucho que Hacienda suavizara ayer las condiciones para adherirse a esta propuesta, con la que el Ejecutivo pretende gestionar la hucha municipal de 14.000 millones de euros (algo más de 4.700 en la Comunidad Valenciana y unos 1.600 en la provincia de Alicante), los gobiernos locales en manos del PP siguen su cruzada contraria a la propuesta, la tercera desde que apareció el texto original. La nueva «ventaja» ofrecida por el Gobierno es doble. Por un lado, Hacienda asumirá el coste financiero para que las entidades locales no paguen intereses por sus ahorros, guardados en los bancos. Y por otro lado, los ayuntamientos que entreguen sus ahorros y acepten la devolución en 15 años, verán reintegrado su dinero un interés positivo del 0,05%. La nueva propuesta ha encrespado más a alcaldes del PP.
Los populares han pedido a las localidades que forman la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, y a su presidente, el socialista Rubén Alfaro, alcalde de Elda, que «no se laven las manos», «se planten» ante el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y se opongan a que el Ejecutivo «expropie» sus ahorros. El Consell propone una salida pactada.
El 80% del primer fondo covid va para centros de salud, colegios y personal
El Gobierno transfiere los primeros 378 millones, que también se dedicarán al sector industrial y al turismo
El Gobierno valenciano ya ha distribuido los primeros 378 millones del fondo no reembolsable de 16.000 millones anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado mes de mayo. El dinero va a llegar en diferentes fases y de los primeros 6.000 millones anunciados para hacer frente a los efectos de la pandemia en toda España, la Comunidad Valenciana recibirá 449. De ellos, 378 se hicieron efectivos el 31 de julio.
Y el Consell ya ha decidido su distribución. Ocho de cada diez euros, es decir 305 millones del total de 378 transferidos a la Comunidad Valenciana se destinan a adaptar centros de salud y colegios y a ampliar plantillas en sanidad y educación para hacer frente a la lucha contra la covid. En concreto, el Consell ha generado un crédito de 53 millones para una dotación extraordinaria de personal docente en los centros educativos, que permita la adaptación a los requisitos sanitarios y de organización que exige la situación provocada por la pandemia, en un inicio de curso que se prevé muy complicado. Una de las partidas más grandes, 132 millones, se destina a financiar las necesidades previstas en gastos de personal sanitario derivadas de la covid. A ellos se añade otros 120 millones para hacer frente a gastos de funcionamiento e inversión sanitaria. Así 252 millones van a sanidad y 53 a educación.
Además, la convocatoria de ayudas al sector industrial valenciano recibe 26 millones, y el programa Bono Viaje Comunitat Valenciana otros cinco millones.
