El poder local vuelve a enfrentarse a una nueva encrucijada. El acuerdo para gestionar los remanentes municipales alcanzado entre el Gobierno y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) incluye una cláusula de «voluntariedad». La propuesta que ha lanzado el Ejecutivo a los gobiernos locales para que cedan toda su «hucha», almacenada durante años, para que sea el propio Ministerio de Hacienda el que te devuelva tus ahorros en los próximos 15 años, es del agrado de muy pocos alcaldes. La cláusula de «voluntariedad» que recoge el decreto ley, calificado por algunos de «coacción», te permite saber que, si aceptas el acuerdo y entregas tus ahorros, el Gobierno te devolverá ese dinero y te lo dejará gastar entre 2022 y 2037. Si no aceptas, la nueva norma no regula que horizonte se abre a continuación, por lo que las entidades locales que opten por la rebeldía no saben a que se pueden enfrentar. De hecho, lo más probable es que sigan con millones en los bancos, sin deuda que amortizar y, lo que es más preocupante, sin la posibilidad de invertir en obras para sus vecinos hasta dentro de 17 años. Hasta 2037.
Para colmo, lo que les ha acabado de rematar las críticas es que el texto definitivo publicado en el BOE incluye cambios sustanciales respecto al acuerdo que presentaron públicamente el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y el presidente de la FEMP, el también socialista, Abel Caballero. De 10 a 15 años para que te devuelvan el dinero. Tres lustros y cuatro periodos electorales de por medio, con muchos posibles cambios y relevos al frente de los diferentes gobiernos.
Puestos atrazar una línea y separar a los alcaldes adeptos de los detractores, la raya no la define, únicamente, el color del partido político que representan. Entre los alcaldes del Partido Popular o de Compromís, además de hablar de «expolio», «robo» e «incautación», saben que rechazar el acuerdo los condiciona a no saber qué va a pasar con sus ahorros durante años. Pero si buscamos entre regidores del Partido Socialista, pocos defienden a capa y espada la medida. Ellos son los primeros que se ven maniatados, con fondos en sus cuentas corrientes y sin capacidad de maniobra a medio y largo plazo. Al mismo tiempo existe otra variable que lo condiciona todo: si el ayuntamiento en cuestión arrastra deuda o no.
La controvertida Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, conocida como «ley Montoro», obligaba a destinar gran parte de los remanentes a pagar deuda. Las cifras de déficit de las arcas municipales en torno a 2012, cuando se aprobó esta medida, eran enormes, pero como indica el propio preámbulo del acuerdo Gobierno-FEMP, «las entidades locales son, desde el año 2012, el primer nivel de Administración pública que, gracias al esfuerzo de consolidación presupuestaria y a la positiva evolución del ciclo económico, logra presentar superávit en sus cuentas». Un reconocimiento de palabra que no viene acompañado de una inyección de liquidez para acometer actuaciones en tu propio municipio, el mismo donde has dejado de invertir porque te lo impedía el Gobierno.
Deuda por pagar
Los municipios de la provincia están mucho más saneados que hace un década, pero la mitad de ellos todavía tiene que afrontar deudas. Más de 60 localidades tienen sus balances a cero, pero también han dedicado gran parte de sus remanentes a cubrir ese déficit, por lo que su «hucha» se ha reducido de forma tan considerable que ahora no tienen dinero para entrar en el acuerdo que propone el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Estos pueden ser los casos de dos municipios con alcalde socialista, Alcoy, sin remanente y con 20 millones de deuda, y Sant Joan d'Alacant, que ha bajado mucho su déficit a costa de sus ahorros. Ninguno de los dos piensa adherirse al plan del Gobierno.
Otros, en cambio, como El Campello, donde la Alcaldía está en manos del PP, acumulan 38 millones de remanente y su deuda es ínfima. Mucho dinero para que te lo devuelvan en 2037, con multitud de proyectos pendientes de realizar. Benidorm, también con alcalde popular, es un caso similar, con menos remanente (5,7 millones) pero sin deuda y sin saber que hacer. Esta incertidumbre se mezcla con la época en la que estamos, en pleno mes de agosto, con mucha plantilla de técnicos municipales de vacaciones. Las palabras que más utilizan estos días los ayuntamientos es «lo estamos estudiando, aunque no tomaremos una decisión hasta que el interventor no vuelva de vacaciones». En todo caso, el plazo para adherirse al plan y trasladar al Gobierno «el compromiso firme, vinculante e irrenunciable de transferir sus remanentes de tesorería», acaba el 15 de septiembre.
Entre toda la incertidumbre que está generando este decreto ley, que para algunos es toda una pirueta que raya la inconstitucionalidad al saltarse la autonomía local, están las dudas sobre si se podrá seguir invirtiendo el dinero que se entregue al Gobierno. De esta opinión es el alcalde de San Vicente del Raspeig, el socialista Jesús Villar. Este ayuntamiento tiene unos 25 millones de remanente. Todavía no sabe que decisión adoptará y asegura que lo importante es que «el techo de gasto se pueda saltar a partir de 2023», puesto que « si te dan dinero y no se amplía el techo de gasto, no se podrá gastar y volverá a entrar en la hucha». En Crevillent, dirigido por un alcalde de Compromís, José Manuel Penalva, también están estudiando qué hacer, ya que disponen de 3,5 millones de ahorros. Sin embargo, aquí puede haber otro problema, el de conseguir una mayoría en gobiernos de coalición donde solo el PSOE tiene claro que apoya el plan tramado por Pedro Sánchez.
En manos de una difícil convalidación en el Congreso
Una quincena de partidos de los que conforman el Congreso, que suman unos 190 diputados, por encima de la mayoría absoluta de la Cámara (176), han mostrado ya su disposición a rechazar el decreto ley que recoge el acuerdo entre el Gobierno y FEMP para la liberación de los remanentes. Al transformar el acuerdo en decreto ley, su convalidación debe pasar por el Congreso. Si el PSOE no gana adeptos, el decreto estaría cerca de la derogación.
