La vacuna de los «males de ayer», de las dolencias actuales y de la protección del futuro. Todo pasó, pasa y pasará por Europa, la mejor medicina a la que se encomienda el presidente de la Generalitat, Ximo Puig para poner en marcha la reconstrucción de la Comunidad Valenciana. El jefe del Consell compareció ayer en las Cortes para valorar el acuerdo del Consejo Europeo que facilita 750.000 millones, de los que España dispondrá de 140.000 millones para ayudas directas hasta 2026, unos fondos europeos que Puig calificó como «una gran oportunidad» para transformar el modelo productivo de la Comunidad Valenciana hacia la digitalización de empresas y administración, desarrollar un pacto verde, reforzar el sistema público de salud y potenciar un tejido industrial menos dependiente.
Minutos después de intervenir en el hemiciclo, cinco grupos políticos de la cámara -todas las fuerzas del Botànic, más el PP y Cs-firmaban en el Salón de Espejos del Palau dels Borja el dictamen de la comisión especial para la Reconstrucción Social, Económica y Sanitaria de la Comunitat Valenciana, un acuerdo del que se desmarcó Vox. Un acuerdo con casi 400 puntos que necesariamente tendrá que alimentarse a través de esos ansiados fondos europeos, donde el Consell enfocará sus esfuerzos las próximas semanas.
A corto plazo, para coordinar todas las acciones, se creará la oficina Nova Generació UE, que contará con una comisión interdepartamental, un fórum para que participen las corporaciones locales y un grupo de consulta con expertos y emprendedores y el apoyo del IVIE y la Cátedra Prospect 2030 de la Universitat de València. El objetivo último, según Ximo Puig, es que la Comunidad Valenciana tenga «voz en Europa», un deseo que pasar por otro compromiso: escuchar todas las voces tras la firma de tres acuerdos en los ámbitos social, institucional y político. Tres grandes acuerdos, obtenidos tras más de dos meses de reuniones, que ahora deberán desembocar en la carta de proyectos de reformas e inversiones, elaborada desde la «mirada valenciana», que se integrará en el Plan Nacional de Recuperación y Resilencia que España presentará en Bruselas antes del 15 de octubre.
Control de la oposición
La comparecencia de Puig en las Cortes, sin ser una sesión de control al presidente, sí dio juego para que los grupos de la oposición inquirieran al jefe del Consell como en cualquier otra sesión plenaria. Los portavoces del PP, Cs y Vox le pidieron más detalles y mayor concreción, pero el presidente dijo que aún no puede darlos. Entre la crispación habitual con la acaban todos los debates con la ultraderecha -la síndica de Vox, Ana Vega aseguró que ayer se asistía al «mitin prevacacional de Puig»-, y el tono más suave con el que dirigen Ximo Puig y el síndic de Cs, Toni Cantó - la crítica de la formación naranja se redujo a la creación de un «nuevo chiringuito»-, el momento de mayor tensión del pleno fue entre Puig y Bonig. Ambos se acusaron de mentir y ambos rechazaron que mienten.
En concreto, el presidente de la Generalitat exigió a la presidenta del PP que «no enrede» porque «un expediente de emergencia no tiene nada que ver con la declaración de emergencia» sanitaria por la pandemia de coronavirus. Puig replicó así a Bonig, que ayer volvió a insistir en que la consellera de Sanidad, Ana Barceló, «ocultó» que declaró la emergencia sanitaria el 27 de febrero. Cuestión de fechas y semántica cuando estaba en juego dar un mensaje de máxima unidad y de responsabilidad pública.Al menos, el sentido de Estado se vio reflejado en el acuerdo de reconstrucción, la hoja de ruta que ahora necesita imperiosamente de financiación.
