La abstención de Izquierda Unida-Podemos-Comuns en la votación de la Junta de Portavoces de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) sobre la propuesta del Ministerio de Hacienda para la liberación de los remanentes y el uso del superávit de los ayuntamientos ha permitido aprobar la propuesta del Gobierno. Con 12 votos a favor del PSOE y 12 votos en contra de PP, Cs y Junts (más la abstención de IU), la propuesta votada esta mañana de modo telemático ha salido adelante con el voto de calidad del presidente de la FEMP, el socialista Abel Caballero.

La propuesta contempla que el Ejecutivo central ofrece una aportación de sus presupuestos de 5.000 millones, 2.000 este año y 3.000 el próximo, mientras que se queda con los remanentes de los ayuntamientos que devolverá en 10 años, una cifra global superior a los 14.000 millones de euros almacenados en la gran bolsa de ahorros de los municipios, con los que pretendías sumar liquidez a la hora de afrontar las consecuencias del coronavirus. A cambio les liberará sólo una parte reducida de ese remanente para gasto local. Esa «hucha» que ha ido acumulando el municipalismo alcanza, en total, los 28.000 millones en España, algo más de 4.700 en la Comunidad y unos 1.600 en la provincia de Alicante.

Los 5.000 millones que los ayuntamientos españoles cederán de forma "voluntaria" serán la cantidad que el Gobierno les liberaría para poder gastarla en estos dos años como respuesta a la crisis. De esa cifra, algo más de 500 millones corresponden a los municipios de la Comunidad Valenciana y unos 180 a las entidades locales alicantinas.

El acuerdo, aprobado por una FEMP absolutamente dividida, ya ha provocado las primeras reacciones. Para el secretario de política local del PP, Antonio González Terol, "se ha dinamitado del consenso del municipalismo". En cambio, para el preisdnet de la FEMP, el socialista Abel Caballero, el acuerdo establece la prórroga del sistema del superávit y mantiene las entregas a cuenta. Además, Caballero ha indicado que habilita un fondo de transporte de 400 millones de euros y garantiza que "las entidades locales puedan participar en los fondos de recuperación de la Unión Europea (UE)".