El objetivo de la misión era encontrar las facturas de los presuntos pagos que el exconseller de Industria Fernando Castelló podría haber recibido de la compañía Elecnor SA a cambio de la adjudicación indirecta de una porción del Plan Eólico de la Comunidad Valenciana. Pero en los últimos registros practicados por la UCO en el marco de la Operación Erial, los agentes dieron con un hallazgo casual que, a juicio policial, podría constituir una prueba relevante contra otra sonada trama de corrupción protagonizada por dos exaltos cargos del PP a nivel nacional: Gustavo de Arístegui y Pedro Gómez de la Serna.
El exembajador en la India y el exdiputado del Congreso son objeto de una investigación de la Audiencia Nacional que trata de determinar el cobro de comisiones millonarias por parte de ambos políticos a cambio de brindar contratos en el exterior a empresas españolas. Fue el pasado 10 de julio cuando los investigadores del caso Zaplana encontraron, en una de las entradas a las diferentes dependencias de Elecnor SA una copia de una factura por importe de 211.750 euros emitida en 2014 por la mercantil Karistia SLI, cuyo administrador era Arístegui, entonces embajador. Junto a la misma se hallaron correos electrónicos entre trabajadores de la empresa que arrojan pistas sobre quién ordenó y ejecuto los pagos y cómo se imputó contablemente a uno de los proyectos de la sociedad.
Los agentes también se incautaron de una de serie de impresiones del programa contable de Elecnor SA en el que aparecerían diferentes pagos a otros tres destinatarios relacionados con la investigación seguida en la Audiencia Nacional, a la que ya se han remitido las diligencias recabadas. Los documentos fueron localizados en una cajonera ubicada en el despacho del adjunto al responsable de contabilidad.
La Fiscalía Anticorrupción avaló la incorporación de esas facturas a otra causa recalcando que, dentro del caso Erial, la empresa también está siendo investigada por delitos «asociados a la corrupción» e igualmente referidos al abono de facturas a una empresa cuya titularidad recaía en un político en activo, en alusión al exconseller Fernando Castelló, a quien la Fiscalía señala como posible perceptor, entre 2011 y 2015 y a través de una firma familiar, de 151.380 euros procedentes de Elecnor y declarados a la Agencia Tributaria. Sin embargo, los informes de la UCO incorporados a la última pieza abierta del caso Erial reflejan las dificultades con las que se topó la Guardia Civil para encontrar las citadas facturas en las dependencias de Elecnor, entre otras cosas por los propios obstáculos de la mercantil -señalados por la propia Fiscalía- a la hora de conceder las claves correctas de acceso a las carpetas de los ordenadores y de aclarar la ubicación de los recibos, que motivaron varias órdenes judiciales. En la sede del Paseo de la Castellana de Madrid, los responsables de la compañía manifestaron que la documentación requerida se encontraba en la delegación de València. Pero allí no estaba. Diversos empleados declararon a la UCO que las facturas se hallarían en Bilbao, donde las pesquisas apuntaron como lugar probable a un habitáculo escondido en un sótano.
Caso Arístegui
Presuntas comisiones a cambio de contratos en el extranjero
Elecnor ya fue registrada por la Udef en busca de evidencias de su implicación en la trama de Arístegui y De la Serna, de la que se sospecha que abonó comisiones a diputados y altos mandos de países como Argelia o India a cambio de contratos para empresas españolas.
El dueño del Atrium ofertó un canon tres veces superior al del estilista de Zaplana
La Sindicatura cuestionó que la oferta económica solo contara un 10% en el concurso de suelo público junto a Terra Mítica
En 2001, la Sociedad Parque Temático de Alicante (SPTA) adjudicó a la empresa del expeluquero de José María Aznar y Eduardo Zaplana, Pedro Romero, la explotación de 394.000 m2 de terrenos públicos en las inmediaciones de Terra Mítica por un canon anual de 348.587 euros. La Sindicatura de Comptes puso reparos a la operación porque la ganadora del concurso, Royal Mediterránea SA, se quedó el suelo con una oferta tres veces inferior a la de su única competidora, Hoteles Costa Blanca, un grupo Benidorm propietario del hotel Atrium que se ofreció a pagar 901.519 euros anuales.
La Sindicatura cuestionó que la oferta económica tan solo pesara un 10% en la valoración de los licitadores, cuando el organismo fiscalizador recomienda elevar al 50% ese porcentaje. «Con una ponderación del 30% habría podido dar un resultado de adjudicación diferente, lo que hubiera supuesto unos mayores ingresos para la entidad», señaló el Síndic. El concurso fue aprobado por la zaplanista Gema Amor, directora general de la SPTA, sociedad pública en la que la UCO ve una «instrumentalización bajo intereses particulares ajenos a los ajenos».
Romero niega su participación
El sumario del caso Erial sitúa a la empresa de Romero como pieza clave en el presunto entramado societario de blanqueo. La UCO aporta pruebas de que parte de la propiedad de Royal Mediterránea recaería en Costera del Glorio, una de las supuestas empresas pantalla de la trama, administrada por un testaferro de Zaplana, cuya participación societaria tratan de demostrar los investigadores. Romero, sin embargo, negó ante la Guardia Civil toda relación con Costera del Glorio y con cualquier empresa de Erial, y calificó de falsos los documentos que demostrarían lo contrario.
El empresario, investigado por blanqueo, aseguró a la UCO que no ha vuelto a tener contacto con Zaplana desde que dejó de ser cliente de su peluquería en 2006. A Romero se le incautaron 111.000 euros en efectivo en el registro de su domicilio. El investigado dijo que el dinero era de su mujer y que procedía de la explotación de un negocio familiar de hostelería. También se desvinculó del concurso de Terra Mítica y señaló que su empresa acumula una deuda de más de 70 millones.
