Otro año más, las Cortes encaran el cierre del curso político con alguna que otra mancha en el expediente y una asignatura pendiente que se le resiste al parlamento valenciano desde hace tiempo. En su última evaluación de las cuentas de la cámara, correspondiente al ejercicio 2018, la Sindicatura de Comptes ha vuelto a insistir en la falta de mecanismos de control y fiscalización para garantizar el buen uso del dinero público que sirve para nutrir de fondos a los grupos políticos y para sufragar las dietas y las retribuciones de las nóminas de los diputados, una cuestión que el organismo lleva sacando a la palestra desde 2015.
Como hace un año, la auditoría emplaza a las Cortes a desarrollar -mediante auditorías- la normativa reguladora del control de los 3,5 millones de euros que se repartieron los grupos en concepto de subvenciones. A modo de respuesta, el parlamento valenciano defiende la puesta en marcha de una comisión técnica con miembros de todos los partidos que, entre el segundo trimestre de 2019 y el primero de 2020, se reunió en varias ocasiones para elaborar una propuesta que atienda las recomendaciones reiteradas de la Sindicatura. El grupo de trabajo se vio interrumpido por la declaración del estado de alarma, pero la institución presidida por Enric Morera contempla retomar las gestiones.
La Sindicatura también hace hincapié en que los partidos carecen de instrucciones claras con carácter general sobre cómo han de devolver lo que les sobra de la subvención una vez han computado todos sus gastos al cierre del ejercicio. Tras revisar las cuentas correspondientes al periodo que va entre 2015 y 2018, el informe concluye que el grupo parlamentario popular compensó los excedentes registrados con pérdidas, mientras que Podem y Ciudadanos los devolvieron. Sin embargo, ni el grupo socialista ni Compromís retornaron los saldos positivos, «sin que se les haya requerido para el correspondiente reintegro». Así, la Sindicatura aprecia una falta de acreditación de los importes contabilizados, aunque valora que en 2019 las Cortes incluyeron cambios para regular dichos excedentes.
Otro aspecto en el que incide la auditoría es en que el ingreso de la totalidad de las retribuciones e indemnizaciones de los diputados del PP, PSPV y Unides Podem se efectuaba en la cuenta corriente que designaba expresamente cada miembro de la cámara a nombre del grupo parlamentario o, en el caso de los socialistas, del partido político al que representan, una práctica que «no se ajusta a los principios de control y transparencia». En este punto, las Cortes alegan que los diputados están presentando formalmente un documento en el que designan una cuenta bancaria de la que son titulares, diferenciada de la correspondiente a su grupo parlamentario o al partido de adscripción, con efectos a partir del 1 de julio de 2020. El parlamento también prevé que en este ejercicio se culminen las actuaciones necesarias para que todos los grupos en las Cortes tengan una identidad fiscal propia para evitar que, como ocurre con el PSPV, el titular de la cuenta donde se reciben las subvenciones sea el partido político.
Dietas de viaje
La auditoría insta a la institución a regular el procedimiento de concesión, justificación y control de las subvenciones obtenidas por los diputados no adscritos y recomienda a las Cortes que refuercen la fiscalización de las dietas de kilometraje, por las dudas existentes a la hora de acreditar los desplazamientos de sus señorías y el cómputo adecuado de distancias. La Sindicatura pide que este sea un capítulo separado del apartado de indemnizaciones globales.
Pese al retraso en materializarse los cambios, el informe pone en valor los esfuerzos del parlamento para cumplir las recomendaciones para consolidar un personal fijo y mejorar la fiscalización, aunque aprecia incumplimientos relativos a la gestión económica y a la normativa de contratación. La cámara argumenta que está adoptando medidas, si bien también se queja ante la Sindicatura de la imposición de la obligación de reintegrar a la Generalitat los remanentes de tesorería al acabar del ejercicio, porque le resta autonomía institucional. Las Cortes no tramitaron dentro de los plazos la cuenta general y el reintegro del remanente.
