Se trata de un trámite anodino y sencillo que resulta indispensable para acceder al Ingreso Mínimo Vital (IMV), pero el certificado de empadronamiento colectivo e histórico está provocando importantes retrasos en la atención presencial de los ayuntamientos de la Comunidad por el aluvión de solicitudes en las dependencias municipales desde que la nueva prestación se puso en marcha, en junio. El colapso ha obligado al Gobierno a tomar cartas en el asunto. de los solicitantes y agilizar de esta manera la tramitación de la renta destinada a personas con bajos recursos.
Los ayuntamientos ya están aceptando de forma generalizada una demanda que responde a las quejas que muchos de ellos habían trasladado por la sobrecarga de trabajo y el tapón administrativo existente. En algunos casos son habituales las colas de ciudadanos para obtener un certificado que, en condiciones normales, puede expedirse en cuestión de minutos, pero que en algunas entidades está tardando semanas.
La principal ventaja de la fórmula que ahora plantea el INSS es que evitará los desplazamientos innecesarios de los solicitantes del ingreso mínimo hasta los consistorios. La aportación presencial del certificado de empadronamiento -donde deben constar todas las personas empadronadas en el domicilio del peticionario, junto a la fecha en la que se inscribieron- puede sustituirse por el simple consentimiento del interesado, expresado en la propia solicitud del IMV, para que la Seguridad Social pueda recabar esa información directamente de los ayuntamientos, haciendo uso del derecho que le asiste por ley.
Sin embargo, la falta de previsión se hace patente en el hecho de que, entre los servicios ofertados por las distintas administraciones públicas a través de la plataforma de intermediación -una aplicación del Ministerio de Hacienda para el intercambio de información entre instituciones de diferente nivel- no hay ninguno que pueda suplir la aportación presencial de dicho certificado. De ahí que el INSS se haya visto obligado a pedir uno a uno a los consistorios que autoricen la cesión y el tratamiento de los datos de empadronamiento, invocando para ello en su escrito a que se trata de una misión «de «interés público».
La operación también requiere el consentimiento expreso del interesado, informado en el modelo de solicitud de la prestación, en cumplimiento de la ley de la protección de datos personales.
La Seguridad Social recalca a los alcaldes que el acceso a sus padrones de habitantes se efectuará de forma electrónica, estandarizada y con total garantía jurídica, por aquellos funcionarios del INSS que cada corporación autorice.
