Los contratos de las empresas de la trama Gürtel con las administraciones que recurrieron a los servicios de las empresas de Francisco Correa suponen el decálogo de la cuasi perfecta corrupción. «Abuso del fraccionamiento de contratos, de contratos menores, negociados sin publicidad con tres empresas del mismo grupo o afines a Correa; abuso del procedimiento de urgencia, reducción de plazos, modificados, obras no contempladas, acceso a los pliegos antes de los concursos», según relató ayer el perito interventor que ha realizado hasta 45 informes para las 11 piezas separadas en las que se ha dividido el caso Gürtel.
Un nicho de negocio de la Gürtel fue la visita del papa a València, celebrada en julio de 2006. La Fundación V Encuentro Mundial de las Familias (Fvemf), organizadora de la visita papal, decidió nombrar a Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) «Host Broadcaster» para «proveer la cobertura audiovisual mundial de todos los actos» de Benedicto XVI en València. El 27 de febrero de 2006 el director general de RTVV, Pedro García, y el presidente de la Fvemf, el obispo Esteban Escudero, rubricaron un convenio para que el ente público «asumiera un gasto de 7.493.600 euros». Una empresa pantalla de la Gürtel, Teconsa, acabó siendo la adjudicataria para la prestación de la imagen y sonido de la visita papal en un procedimiento que estuvo plagado de irregularidades, según confirmó ayer el perito ante los magistrados de la Audiencia Nacional que juzgan estos hechos».
Un comité que nunca se creó
El interventor se detuvo brevemente en la idiosincrasia de la Fvemf, formada por el Arzobispado, la Generalitat, la Diputación y el Ayuntamiento de València. «La competencia para contratar en la fundación [de la visita del papa] era de un comité técnico que nunca se creó. Eran los grupos de trabajo los que negociaban y pedían precios para contratar las mochilas, las vallas antiavalancha, el altar, por lo que la competencia era del patronato de la fundación. De hecho, la fundación reconoce que nunca tuvo procedimiento de contratación, como admitió el director de la fundación quien admitió que no existía órgano de contratación, pero sí contrataron con Teconsa, lo del altar, las vallas, los sanitarios... Está clarísimo», aseguró el perito a preguntas de la fiscal. La Fvemf adjudicó contratos por valor de 17,8 millones.
Unas declaraciones que tienen su miga, ya que la Fvemf y once de los contratos que formalizó para organizar la visita papal se investigan en el Juzgado de Instrucción 5 de València, donde convergieron retazos de la investigación de la Audiencia Nacional y unos indicios recabados en una investigación sobre Vaersa.
Respecto al contrato de RTVV, tras la cesión por la fundación de los derechos de imagen y retransmisión de la visita papal, el interventor señaló que «se adjudicó y a posteriori se montó el expediente». La maquinaria se puso en marcha el 27 de febrero de 2006 cuando el director general de RTVV, Pedro García, y el presidente de la Fvemf, el obispo Esteban Escudero, rubricaron un convenio para que el ente público «asumiera un gasto de 7.493.600 euros». «Un precio desorbitado», según el perito. Tres de esos siete millones se destinaron a presuntas mordidas.
Una empresa pantalla de la Gürtel, Teconsa, acabó siendo la adjudicataria para la prestación de la imagen y sonido de la visita.
El interventor relató que en la adjudicación a Teconsa por parte de RTVV «se optó por un procedimiento negociado, que no procedía. El director de RTVV, Pedro García, podía haberlo adjudicado directamente, pero hace un negociado sin pliego, sin criterios de adjudicación y mete a los técnicos y a una mesa de contratación en un proceso con multitud de errores. También valida documentos que no son verídicos, el inicio del procedimiento se hizo mal. Podía hacerse por procedimiento negociado, pero bien hecho» confirmó de forma categórica el perito.
El perito interventor concluyó que «lo único cierto [en todo el expediente] es la fecha del 10 de mayo de la firma del contrato, todo el resto se hizo para atrás para dar apariencia de legalidad» a todo el proceso de contratación.
Zaplana critica los «comentarios gratuitos» de la jueza a su vida «normal»
Considera «difícil de entender» que acudir al gimnasio o restaurantes «se convierta en argumento en su contra»
La defensa del expresidente de la Generalitat y exministro con el PP Eduardo Zaplana puntualiza a la jueza del caso Erial, que le investiga por presunta malversación, blanqueo y prevaricación, que intentar llevar una vida normal «no parece nada reprochable» ni «susceptible de incrementar» el riesgo de fuga, sino al contrario, supone un elemento de arraigo al desarrollar actividades sociales, familiares o deportivas en la ciudad. Con ello, estima que la instructora, en su última resolución dictada, realiza comentarios «gratuitos» sobre su asistencia a restaurantes o gimnasios. Son los argumentos que la defensa de Zaplana desliza en el recurso de apelación ante la Audiencia que ha interpuesto el letrado de Zaplana contra la resolución de la magistrada instructora de Erial en la que se le deniega la supresión o reducción de comparecencias semanales en el juzgado.
Zaplana requirió esta medida más flexible por dos motivos fundamentales: ausencia de riesgo de fuga y arraigo; y su delicado estado de salud que se podría ver agravado ante un contagio por coronavirus. La instructora rechazó su solicitud y aseveró que no concretaba que hubiera dejado de hacer una vida normal, es decir, que no asistiera a eventos públicos de todo tipo como restaurantes, cafeterías o gimnasios. También dijo que no le constaba ninguna prescripción médica al respecto. Zaplana también acudió al funeral celebrado por Juan Cotino.
La defensa de Zaplana lamenta que la resolución de la jueza recurre a argumentos ajenos al debate planteado, «cual se tratara de brillantes ocurrencias», como el decir que «hospitales y médicos buenos hay en todo el mundo» o que «no concreta que la vida de Zaplana haya dejado de ser normal». A su juicio, es «difícil» entender que el hecho de que el investigado lleve una vida normal, se convierta en un argumento en su contra. La defensa recuerda que a Zaplana «en ningún momento» se le ha prohibido asistir a cafeterías o restaurantes o hacer deporte, y añade: «El hecho de que intente llevar una vida normal no parece reprochable ni susceptible de incrementar los riesgos para el buen fin del procedimiento».
