Las dos primeras sesiones de preparación de las conclusiones de la comisión parlamentaria para la reconstrucción han dejado una atmósfera general de concordia (con la excepción de la ultraderecha de Vox, que ha abandonado el diálogo). Un paquete importante (80%) de aportaciones de la oposición en asuntos sanitarios y sociales ha sido aceptado, señalaban ayer fuentes del tripartito de izquierdas. Sin embargo, rige la prudencia máxima, porque todavía no se han sentado a debatir las medidas económicas para la recuperación. Este es el punto que genera un mayor desencuentro, porque Ciudadanos y PP han situado una línea roja en la creación de nuevos impuestos. Los partidos del Acord del Botànic, por el contrario, defienden gravar a las grandes riquezas e impuestos «verdes» como una forma de compensar los balances públicos en una etapa de merma de ingresos por la pandemia.
Las formaciones del tripartito (PSPV, Compromís y Unides Podem) empiezan a sondear posibles atajos si no hay posibilidad finalmente de sumar ni a Ciudadanos ni al PP a un documento general para la reconstrucción. Una de las alternativas que suena es la de parcelar los acuerdos, en la línea en que se están negociando: sanitario, social y económico. La fórmula abriría la puerta a que las fuerzas del centroderecha sí respalden algunos de estos documentos. La experiencia no es nueva, sino que ya se ha probado en el Congreso de los Diputados, aunque sin grandes resultados. No obstante, la posibilidad genera dudas. No está claro que el reglamento de las Cortes permita un dictamen partido con diferentes apoyos.
No es el único inconveniente. Los propios partidos del Botànic observan que en todos los campos existen problemas, que exigirán cesiones. Incluso Ciudadanos, que el jueves lanzaba un mensaje de presión («estamos fuera»), ayer mantenía la esperanza de un pacto global: «Seguiremos intentando el acuerdo hasta el final». El punto de fricción en el ámbito sanitario son las concesiones a empresas privadas. Hay consenso sobre el refuerzo de la red pública, pero los grupos del Botànic deberán decidir si es innegociable introducir alguna referencia a las reversiones.
Fuentes del PSPV apuntaban ayer que el acuerdo de reconstrucción ha de ser respuesta al actual momento histórico y no una extensión de los objetivos del Botànic. Por su parte, Compromís apuntaba que se están incorporando «muchas» propuestas de PP y Ciudadanos, siempre que no sean contradictorias con las líneas del Botànic. Las sensaciones son positivas, insistían las fuentes citadas de las formaciones del tripartito. «Hay bastantes puntos de encuentro», apostillaba una portavoz de Ciudadanos, pero «hay líneas rojas. Todavía queda debatir la parte económica y ahí pueden surgir más problemas». Las expectativas son buenas también con respecto al PP. El antecedente que citan los partidos del Consell es el del Ayuntamiento de València, donde los populares se sumaron a la izquierda y a Cs en el respaldo a un documento de más de cien medidas. Y el de Alicante, donde hubo unanimidad absoluta de todo el arco local, incluyendo a la ultraderecha.
Tras las sesiones de los últimos días, se han discutido las iniciativas sanitarias y sociales (en estas últimas es donde parece más sencillo el consenso) y queda pendiente para la semana próxima la parte económica. Es material sensible, porque la propuesta del Botànic incluye nuevos impuestos (medioambientales y a grandes fortunas). Ciudadanos ha situado ahí una línea roja. También el PP. ¿Encontrarán todos una fórmula genérica de satisfacción general? Los de Toni Cantó no han recuperado la propuesta de su programa electoral de eliminar el impuesto de sucesiones y donaciones. Puede ser un gesto a pesar de las declaraciones altisonantes.
Un fondo transitorio hasta la nueva financiación
La Mesa Social reclama un paquete de nivelación, una medida que Andalucía (PP) también defiende
La Mesa de Políticas Públicas del Acuerdo para la Recuperación de la Comunitat Valenciana ha consensuado 14 grandes líneas estratégicas y 50 acciones.
Entre las principales acciones propuestas destaca mantener una unidad de acción de Consell, partidos, agentes sociales y económicos en la reivindicación del nuevo modelo de financiación autonómica. Además, el documento propone la creación de un fondo de nivelación transitorio hasta la puesta en funcionamiento del nuevo modelo, ante la previsión de que la reforma tenga un proceso de negociación a medio plazo. El objetivo es que la C. Valenciana reciba una financiación por habitante inferior a la media del conjunto de comunidades autónomas durante este periodo transitorio.
El conseller Vicent Soler, tras la reunión con altos cargos y agentes sociales y de la patronal, incidió en que «es necesario que la Comunitat Valenciana reciba fondos suficientes para garantizar el Estado del Bienestar, porque el mantenimiento de la infrafinanciación genera el riesgo de una recuperación económica poscovid a dos velocidades, aumentando la divergencia regional».
Andalucía también lo pide
Por su parte, el consejero de Hacienda de la Junta de Andalucía, Juan Bravo (PP), pidió ayer también que se establezca un fondo transitorio que compense la infrafinanciación de Valencia, Castilla-La Mancha, Andalucía y Murcia. Bravo considera que dicho fondo se podría aprobar de manera urgente y que corrija «el funcionamiento lesivo del sistema de financiación autonómica de algunas comunidades», dijo en el Parlamento andaluz.
