Las Cortes dieron ayer luz verde al decreto de la Generalitat que amplía los supuestos en los que las administraciones pueden adquirir inmuebles para destinar a vivienda pública reservándose el derecho de tanteo. Rescatar casas a bancos y «fondos buitre». La medida nace con un triple objetivo: frenar los movimientos especulativos, proteger a las familias de ser desahuciadas y contener la subida del alquiler, sin limitar la transmisión de inmuebles heredados. El decreto salió adelante con el apoyo de los grupos del Botànic (PSPV, Compromís y Podemos) frente al rechazo en bloque de la oposición. Las tres fuerzas de la derecha pidieron que se tramite como un proyecto de ley y no como un decreto al considerarlo inconstitucional, sectario y usurpador de competencias. Una operación para retrasar esa tramitación que, en cualquier caso, no se aprobó. Hubo, en todo caso, un sí crítico de los socialistas que,como apuntó Manolo Mata, planean proponer modificaciones a través de la Ley de Acompañamiento.
Como impulsor de una iniciativa en la que ha denunciado presiones y amenazas de «lobbys», el vicepresidente segundo, Rubén Martínez Dalmau, sacó pecho de un decreto pionero en la Comunidad Valenciana «que replica a los de territorios como Euskadi y Baleares pero también a los de otros países y que es más necesario en la crisis del coronavirus», además de garantizar que es «plenamente efectivo y que será inmediatamente aplicable». Dalmau aseguró que todas las herencias y donaciones de viviendas de padres a hijos están totalmente excluidas. «No habrá posibilidad de que la Generalitat asuma la titularidad cuando un padre done a su hija la casa donde ha vivido para que se emancipe», ha recalcado en el pleno. En su opinión, el Botànic no puede renunciar «a este imperativo social, un derecho recogido en la Constitución y también en el Estatuto».
Tras hacer una mención a la «virulencia de las críticas de la derecha, por desconocimiento o por afán de oportunismo», recordó otras normas valencianas de adquisición preferente como la ley de patrimonio de 1998 o la de espacios protegidos de cuatro años antes. Y retó a la oposición a posicionarse al lado de los valencianos o, por contra, de los poderes económicos. Dalmau destacó la compra de 218 viviendas gracias a este mecanismo, 95 de ellas habitadas, y se comprometió a dar una alternativa estable para las familias. También sostuvo que los valencianos tienen derecho a saber qué pasó con el parque antes de la entrada del Botànic en 2015, «de 45.000 viviendas a 14.000 que se dejaron escapar para fondos de inversión», y advirtió que los bancos se están desprendiendo de los inmuebles que fueron acumulando en la crisis anterior: «Después, conscientemente, no las venden a los fondos, se desprenden de ellos a precios irrisorios».
El vicepresidente remarcó que la intervención de la Generalitat debe ser «la mínima e imprescindible», limitando este ejercicio a las zonas donde hay necesidad de vivienda que serán declaradas por la administración en base a informes técnicos, junto a otras novedades como que los municipios puedan crear o ampliar su parque de vivienda pública. Entre los grupos de oposición, el PP consideró que sería posible tramitarlo como proyecto para introducir modificaciones sin «paralizar nada», ya que lo tildó como inconstitucional y «una chapuza en forma y fondo, mal redactado y con vacíos legales, una oportunidad perdida». «Dalmau se cree Robin Hood pero es más bien Pepe Botella», ilustró el popular Alfredo Castelló ante un decreto «lleno de agujeros y que no exige como en Barcelona que las viviendas estén vacías para adquirirlas».
Luz verde a la norma que acopla la renta valenciana con el ingreso vital del Gobierno
Oltra recibe el apoyo del Botànic y de Cs a la vez que reclama al Gobierno acelerar el convenio para la gestión conjunta
La vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, recibió ayer el visto bueno de los partidos del Botànic en su propuesta para convalidar en las Cortes el decreto del Consell que modifica la Renta Valenciana de Inclusión y la acopla al Ingreso Mínimo Vital. El objetivo es evitar duplicidades o colisiones entre ambas prestaciones. La medida también contó con el apoyo de Ciudadanos y con la abstención del PP y la ultraderecha.
La vicepresidenta explicó ante el parlamento que las dos normas reconocen y generan derechos y prestaciones en muchos casos «concurrentes y compatibles», lo que justifica la necesidad de un convenio entre administraciones para que el Consell pueda gestionar de manera unificada ambas ayudas y evitar duplicidades. Oltra incidió en la necesidad de que el Gobierno central impulse con brevedad un convenio entre el Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS) y la Generalitat para gestionarlas de manera directa y unificada. También destacó que el ingreso mínimo vital es una prestación económica mientras la renta valenciana va más allá ya que incluye itinerarios de inclusión laboral individualizados.
