A la tercera fue la vencida y nueve meses después de la primera citación judicial que debían afrontar las mujeres del clan Zaplana-Barceló ayer comparecieron ante los investigadores del caso Erial la mujer, la hija, la secretaria y el yerno del exministro de Trabajo y expresidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana. Todos investigados por su presunta participación en el blanqueo de capitales del dinero que supuestamente recibía bajo mano el exjefe del Consell por el trato de favor a la familia Cotino en las adjudicaciones del Plan Eólico y las inspecciones técnicas de vehículos.
Todos negaron los hechos que se les imputa en el caso Erial que trastocó sus vidas a partir del 22 de mayo de 2018, cuando trascendió la investigación iniciada en 2015. La primera en declarar, Rosa Barceló, se desvinculó de los negocios y de la actividad política de su marido, Eduardo Zaplana, y defendió que ella mantiene sus propias cuentas y patrimonio. También achacó a su marido el pago el piso de la calle Núñez de Balboa de Madrid o el Jeep Grand Cherokee sufragado en 2007 por la empresa Costera del Glorio, propiedad de uno de los supuestos testaferros y amigo, Joaquín Barceló Llorens.
También fue sorprendente la declaración de Mitsouko Henríquez, la secretaria de Eduardo Zaplana durante años, quien admitió ante la jueza y el fiscal anticorrupción que «no cobraba de Eduardo Zaplana» y que trabajaba con él «por amor al arte», según admitió a preguntas de la magistrada. Henríquez también negó haber recibido dinero en metálico del testaferro uruguayo, Fernando Belhot, que delató a Zaplana y entregó al juzgado los 7 millones del expresidente que gestionaba en varios paraísos fiscales.
La fiel escudera de Zaplana también justificó que los 50.000 euros en efectivo que le incautó la UCO cuando el exjefe del Consell fue detenido eran para gastos personales del exministro en viajes, restaurantes o gastos médicos. Un dinero que ella extraía de la cuenta bancaria personal del expresidente a pesar de que no estaba autorizada formalmente, admitió ayer ante los investigadores.
Por último, la hija menor de Zaplana, María aseguró tras su declaración ante el magistrado que en el caso Erial «no hay nada, son todo errores que se subsanarán con el tiempo y la documentación aportada por la defensa». La hija del exministro se ratificó en su declaración ante los agentes del grupo de delitos contra la administración de la unidad central operativa (UCO) de la Guardia Civil. María Zaplana sostiene, al igual que su marido Luis Iglesias Rodríguez-Viña que la transferencia de 2,2 millones de euros procedentes de Suiza que detectaron los investigadores eran de «negocios de las empresas de mi marido».
También ha aclarado que los 3.500 euros que costaba mensualmente el alquiler del piso donde residía Eduardo Zaplana en la calle Pascual y Genís de la ciudad de València -donde fue detenido- «era un precio de mercado». También ha dado explicaciones sobre el piso en propiedad que posee en la calle Poeta Querol de València que, ha explicado, pudo adquirir tras una donación de 600.000 euros de sus padres, aunque estas declaraciones no fueron acompañadas de documentación que acredite estos detalles, según ha podido saber INFORMACIÓN.
