El conflicto abierto entre el Consell y la Diputación por la negativa de Carlos Mazón a sumarse a este Fondo de Cooperación autonómico tiene todos los ingredientes para convertirse en un laberinto. El equipo de gobierno de la Diputación, con Mazón y los dos diputados de Ciudadanos incluídos, pone tres condiciones a la exigencia de Toni Cantó para sumarse a ese mecanismo de financiación de la administración local, en el que los municipios alicantinos cobran sólo la mitad de la Generalitat por la negativa de la institución provincial. Tanto Carlos Mazón como los diputados naranjas, Julia Parra y Javier Gutiérrez, mantuvieron un discurso idéntico y mostraron sus reticencias a coger por completo el guante que lanzó el líder autonómico de Ciudadanos, Toni Cantó, que en declaraciones a este diario había pedido aumentar los recursos para los municipios alicantinos por esta vía.
El síndic de Cs en las Cortes hurgó en uno de los temas que más controversia han generado al seguir Mazón la estela de César Sánchez y rechazar cofinanciar el proyecto con una cuantía que asciende a 13,7 millones anuales. La decisión de la institución provincial de boicotear este proyecto ha dejado a las poblaciones alicantinas sin 55 millones de euros en los últimos cuatro años. Mazón condiciona la propuesta de su socio de gobierno y de sus palabras se desprende cierto grado de escepticismo a la hora de llegar a un acuerdo. A su entender, hay tres requisitos innegociables para entrar en ese Fondo de Cooperación, como está proponiendo Toni Cantó. Son, eso sí, muy complicados de que se puedan cumplir, lo que hace casi imposible que se puede acceder ya mismo a la petición.
En primer lugar, que en el proyecto de ley la adhesión al fondo se aborde como voluntaria y no obligatorio al considerar que podría vulnerar la Constitución. Como segunda cuestión, el presidente de la Diputación quiere que los criterios de reparto sean los que ya se aplican en la corporación más favorables, según apunta, a los pueblos pequeños. La última condición sería crear un calendario paralelo de asunción de competencias sociales por parte de la Generalitat. Una serie de áreas gestionadas por la Diputación pero que en realidad son cuestiones autoníomicas. «Si eso, que es razonable, se cumple en la mesa bilateral estaremos encantados de entrar en el fondo. Si no es así estaríamos perjudicando a los pueblos pequeños e incumpliendo la ley», aseguró ayer el presidente de la Diputación.
Los dos escaños de Ciudadanos, la vicepresidenta Julia Parra y el diputado de Infraestructuras, Javier Gutiérrez, también pusieron sus condiciones para hacer efectiva esa participación consideran que antes es necesario que la Generalitat de Sanidad y Bienestar Social que ahora ejerce la Diputación, pese a que no le corresponden. «Para eso se constituyó una comisión con el Consell, pero su actividad se ha visto interrumpida por las circunstancias excepcionales con motivo del coronavirus. Sin embargo, ahora que vamos poco a poco volviendo a la normalidad, esperamos volver a reunirnos porque nuestra voluntad es sumarnos a ese fondo en las mismas condiciones que las otras diputaciones», manifestó Julia Parra.
También el portavoz de Ciudadanos, Javier Gutierrez, por su parte, añadió que «es necesario que la Generalitat tenga un compromiso real para trabajar en esa línea» añadiendo que Toni Cantó «ha abierto una puerta que agradecemos» y en su opinión, ahora es momento de iniciar un plan «para recuperar esa financiación en igualdad de oportunidades porque nos sentimos agraviados como provincia». Los diputados sí apoyaron la petición de Toni Cantó para crear una mesa de diálogo con el Consell, la Diputación y las Cortes Valencianas para debatir, de esa manera, el ingreso de la institución provincial en el Fondo de Cooperación de la Generalitat.
La izquierda pide al PP que «no ponga más excusas»
Los portavoces de la oposición provincial pidieron ayer al equipo de gobierno de la Diputación que no ponga «excusas» para sumarse a este plan. Toni Francés precisó que «este fondo no es una aportación a la Generalitat ni hacer un favor a Puig, sino un deber para mejorar los servicios públicos de esta provincia». También Gerard Fullana añadió que «somos la Diputación que menos ayuda a los municipios, incapaces de actuar ni en un desastre como la DANA en la Vega Baja».
