Acabar con el modelo privado de residencias de ancianos heredado del PP... pero con cinco años de retraso. Obligados por el tremendo impacto del coronavirus en la atención a las personas mayores, la conselleria de Políticas Inclusivas que dirige Mónica Oltra está recopilando toda la información sobre la residencia de Alcoy que gestiona DomusVi en la que han fallecido 73 ancianos durante la epidemia. Empezará un cambio que debía haber empezado en 2015. Y lo hace en uno de los centros residenciales en los que la pandemia se ha cebado con la franja de mayor edad, muy vulnerable frente a la covid-19. El objetivo es revertir la gestión de la mayoría de esos centros de mayores para que vuelvan a ser públicos. Desmantelar el modelo que Rafael Blasco inició y que luego consolidó Juan Cotino durante la etapa de Francisco Camps en el Consell. Una operación impulsada por el PP para privatizar ese servicio y de la que se beneficiaban una serie de grupos de grandes empresas del sector. Pese a haber denunciado en reiteradas ocasiones este procedimiento durante su etapa en la oposición en las Cortes, el Botànic ha esperado cinco años y una crisis sanitaria sin precedentes para plantearse poner fin a estas concesiones.
Es cierto que durante el mandato de este Consell se ha conseguido extender e incrementar las inspecciones. Primero cumpliendo con la ley aprobada por el PP y que, durante sus mandatos, nunca se llegó a completar. Y luego aprobando una nueva norma que garantiza un mayor control con una nómina más amplia de inspectores. Y es verdad también que ya se están licitando algunas residencias con un sistema completamente público y con una concepción de instalaciones muy diferente. Pero la llegada de la epidemia y el golpe que ha supuesto para el sistema de residencias ha llevado al Consell a plantearse el final de un sistema de gestión muy criticado. Y la residencia de Alcoy, sin duda, es el símbolo negativo de un modelo y de un grave problema que se ha disparado con la epidemia. El departamento de Oltra ya ha comunidado a la empresa que gestiona este centro alcoyano -una multinacional francesa- la intención de recuperar el servicio de forma inminente pese a que la adjudicación se hizo en 2002 por un plazo de 45 años a través de una cesión del uso del edificio firmada por Blasco. El propio alcalde de Alcoy y portavoz socialista en la Diputación, Toni Francés, cuestionó la pasada semana la labor de Oltra y le apremió, de alguna manera, a tomar soluciones. Por su parte, la patronal de residencias se quitó el problema de encima durante su última comparecencia en las Cortes.
Tras el pleno del Consell, la vicepresidenta evitó pasar de puntillas por la polémica y respondió a todas estas críticas anunciando que la empresa lleva arrastrando incumplimientos en la gestión y que, además, estos meses han apuntado a la necesidad de un cambió en el centro. Oltra lamentó que el impacto del coronavirus «haya sido tan absolutamente apartado de la media de lo que ha pasado en la red residencial», con 73 muertos, más de la mitad de los residentes, y con el contagio de prácticamente la totalidad de las personas que vivían allí. «Cuando se da una situación tan desquiciada como en el caso de Alcoy hay que averiguar lo que pasa», incidió. Para iniciar los trámites del proceso, el Consell se basa en dos elementos: la resolución del Ayuntamiento de Alcoy y el hecho de que el tejido asociativo vinculado al sector de mayores esté de acuerdo en la gestión pública. Camino largo y que no será nada fácil.
Nuevas medidas frente al coronavirus por 3,3 millones de euros
La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, informó ayer de la aprobación en pleno de varias medidas frente a la covid-19 por valor de 3,3 millones de euros, entre ellas la instalación de más puntos de red para garantizar las distancias mínimas de seguridad y la contratación de gel hidroalcohólico y mamparas para los centros Labora y, por parte de la conselleria de Educación, de 300.000 mascarillas infantiles reutilizables.
