La Diputación saca a concurso sus dos grandes contratas de servicios por importe de 19 millones

Recta final para los expedientes de contratación de la seguridad privada y de la limpieza de los centros pertenecientes a la institución provincial

Último pleno celebrado en la Diputación de Alicante tras el estado de alarma. información

Si hay dos contratas de servicios importantes en la Diputación, esas son las de seguridad privada y limpieza de los centros pertenecientes a la institución. Se trata de dos adjudicaciones millonarias que el equipo de gobierno ha sacado a concurso por valor de 19 millones de euros con el fin de que el proceso pueda completarse antes de finalizar este mismo año. Los expedientes de contratación de estos servicios han contado con el respaldo de los grupos de la oposición, a excepción de la abstención socialista en el expediente de limpieza. El equipo de gobierno ha hecho hincapié en que ambas contratas se resolverán con un procedimiento abierto de valoración de las proposiciones y determinación de la mejor oferta mediante diferentes criterios objetivos de adjudicación.

El expediente que más controversia ha generado es el relativo a la limpieza tras haber prestado el servicio Enrique Ortiz mediante prórrogas desde finales de 2017 pese a anunciar su intención de querer dejarlo. Ahora, el equipo de gobierno quiere regularizar esa situación. El diputado de Conservación de Edificios, Alejandro Morant, ha defendido la implementación y mayor peso de los criterios sociales y medioambientales incluidos en el expediente. A partir de ahora, se tendrán en cuenta los aspectos tendentes a la mejora del medio ambiente, así como cuestiones sociales que incluyen la flexibilización de horarios y servicios que favorezcan la conciliación familiar, el apoyo a la obtención de recursos para la atención a menores o dependientes, la promoción profesional o la estabilidad en el empleo. En este contrato se han planteado tres lotes. Uno para los edificios de ámbito sanitario como el centro Doctor Esquerdo y el Hogar Provincial; otro para los centros de la Diputación no sanitarios, y un tercer bloque, actuando como central de contratación, para la limpieza de los diferentes organismos autónomos. El expediente se dividió con el objetivo de facilitar el posterior traspaso de competencias si finalmente la Generalitat y la Diputación llegan a un acuerdo. De este modo, la empresa adjudicataria sería asumida por el Consell sin afectar al resto de las adjudicaciones. Este contrato tiene un valor de 9,2 millones para dos años con otros dos más de prórroga. Los criterios más relevantes que recoge el pliego se corresponden con esos criterios sociales y de carácter medioambiental.

En cuanto al contrato de seguridad, los criterios de valoración también son objetivos y cuantificables: menor precio, número de vigilantes habilitados en la provincia, mejora de la capacidad de respuesta o cuestiones sociales como un mayor porcentaje de contratos indefinidos o incremento del 5% sobre el convenio colectivo estatal del sector. El servicio incluye edificios como el Marq, el ADDA, el organismo Doctor Herrero y, como novedad, el instituto Juan Gil- Albert. El presupuesto de licitación es de 9,2 millones para dos años con una prórroga de un año y la pretensión de iniciarlo en 2021. El diputado de Contratación Juan de Dios Navarro destacó ayer a este diario que entre los servicios que se va a priorizar está el control de temperatura en el mismo arco de detección de metales.El diputado ha mantenido reuniones con los grupos de la oposición para subsanar dudas y conseguir el respaldo unánime. «Llevamos diez meses trabajando en esto y espero que para octubre o noviembre pueda quedar finalizado», dijo Navarro.

Criterios objetivos para las ayudas por la gestión de residuos

La Diputación de Alicante ha acordado impulsar una línea de ayudas para la gestión de los residuos sólidos urbanos para los municipios de menos de 5.000 habitantes, mancomunados o no de la provincia, con criterios objetivos como la población, la superficie, la densidad y el número de pedanías, favoreciendo, en todo caso, a aquellos que estén mancomunados y que realicen un mayor esfuerzo en la recogida selectiva y el reciclaje. La propuesta partió de Compromís y el acuerdo final es fruto de una enmienda presentada por el equipo de gobierno.

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