Una operación histórica para la adquisición de vivienda pública por tanteo a cargo de la Generalitat. Así calificó ayer el vicepresidente segundo y conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, Rubén Martínez Dalmau, la incorporación de 218 viviendas al parque público con una inversión de 8,5 millones. Es la mayor operación de compra de vivienda de la Generalitat sobre un paquete de inmuebles que el Banco Sabadell le iba a vender a un fondo de inversión y que se enmarca dentro del decreto ley para la ampliación del parque público de vivienda, aprobado por el Consell el pasado 5 de junio. Son un total de 218 inmuebles procedentes de los Servicios de Gestión de Vivienda e Innovación Social del Sabadell, que es conocido como Sogeviso.
«Esto ha sido posible gracias a un gobierno progresista que se cree las políticas de vivienda», afirmó Dalmau, que se marcó como objetivo al inicio de la legislatura garantizar el derecho a una vivienda digna y acabar con los desahucios sin alternativa habitacional. Ayer añadió que «esta compra es solamente la casilla de salida para conseguir el mayor objetivo que nos hemos marcado». Para conseguirlo, el conseller de Podemos considera que solamente hay un camino: duplicar en un plazo de diez años el parque público de viviendas y ponerlas a disposición de las familias más vulnerables de la Comunidad.
Los nuevos inmuebles adquiridos se cederán a los municipios bajo diferentes fórmulas, dando así servicio a las situaciones de emergencia habitacional y a las personas inscritas en los registros de demandantes de vivienda pública. La distribución geográfica de las adquisiciones de las dos primeras fases, que suponen 188 viviendas, se concentra en la provincia de Valencia con 148 viviendas y 3,7 millones euros de inversión, seguida de la provincia de Alicante con 39 viviendas y 2,9 millones de euros de inversión y finalmente Castellón, donde se ha adquirido una casa por 81.912 euros. La compra se ha realizado en municipios donde existe una alta demanda de vivienda social. Concretamente, por localidades de la provincia se han adquirido 4 en la ciudad de Alicante, 2 en Crevillent, 3 en Dolores, 12 en El Campello, 1 en Elda, 1 en Guardamar del Segura, 8 en Monforte del Cid, 1 en Muro de Alcoi, 2 en Orihuela, 3 en Petrer, 1 en Alcoi y otra más en Sant Vicent del Raspeig.
El Banco Sabadell notificó la trasmisión de todas estas viviendas a un fondo de inversión y, según explicó Dalmau «en este punto fue cuando realmente nos vimos con la obligación política de impedirlo, pues no concebíamos la idea de dejar pasar la oportunidad. De no haberlo hecho, hubieran terminado las casas en las manos de quién quiere hacer negocio, no para solucionar la vida de la gente». Fue entonces cuando el Consell aprobó definitivamente la norma que, tal y como explicó el conseller «permitirá continuar en esta dirección en los próximos años», es decir, el decreto-ley para la ampliación del parque público de la Comunidad. La operación supone además el rescate de al menos 95 familias, muchas de ellas vulnerables, «que de otra forma quedarían en manos de un fondo de inversión». Gracias al derecho de adquisición preferente una vez adquiridas las viviendas, la Conselleria comprobará su estado de ocupación, haciéndose cargo de aquellas situaciones de especial vulnerabilidad.
El vicepresidente se reivindica después de denunciar amenazas
El vicepresidente segundo y conseller de Vivienda compareció ayer públicamente tras haber denunciado las presiones que ha recibido de determinados lobbies por el nuevo decreto ley. Esta última adquisición constata, en su opinión, la eficacia del derecho de tanteo y retracto como herramienta que permite a la Generalitat optar a la compra de viviendas en grandes cantidades «a un ritmo y un precio que permite dar respuesta ágil a la emergencia habitacional que sufre la Comunidad Valenciana».
Un total de 39 inmuebles alicantinos que estaban afectados por impagos
Desde el Sabadell señalaron ayer que los 218 inmuebles que se quedará la Generalitat eran viviendas de protección oficial que habían acabado en manos del banco por el impago de sus propietarios y estaban gestionadas por Sogeviso, la sociedad que creó la entidad para gestionar alquileres sociales durante la crisis. El banco decidió incluir estos inmuebles dentro de las carteras de activos problemáticos que vendió al fondo Cerberus, en una operación que se formalizó en diciembre. Sin embargo, al tratarse de vivienda protegida, la ley ya establecía, con independencia del decreto que se apruebe próximamente, que debía ofrecerse a la administración el derecho de tanteo, lo que se incluyó en el acuerdo con Cerberus. La Generalitat tenía seis meses para ejercerlo, como finalmente así ha sido. En este sentido, también la Generalitat catalana ha ejercido el derecho de tanteo sobre otros inmuebles. El resto de activos se han traspasado a Cerberus, como estaba acordado.
