El decreto para la ampliación de la vivienda pública en la Comunitat Valenciana mediante los derechos de tanteo y retracto aprobado por el Consell y que las Cortes tendrán que validar durante la próxima semana podría taner un camino complicado. El PSPV considera que el decreto es bueno y un gran avance con una mayoría botánica implicada en mejorar la gestión de la vivienda pública, pero sostiene que es «mejorable» y buscará en la cámara la fórmula para cambiar algunos preceptos. El portavoz socialista en las Cortes, Manolo Mata, asegura que se hará lo que diga el vicepresidente segundo, Rubén Martínez Dalmau, porque se trata de un acuerdo del Consell, pero ayer en el parlamento insistió varias veces en que el decreto es mejorable.
Así, apoyaría que se planteara mediante proyecto de ley y no como decreto, condición que pone Ciudadanos para estudiar su apoyo, pero Mata abre la puerta a que en el futuro pueda mejorarse a través de la ley de acompañamiento con medidas que enriquezcan la iniciativa que partió de Podemos. Por su parte, el vicepresidente Martínez Dalmau, que el domingo aseguró que recibía presiones y amenazas por el decreto, insistió ayer en un acto en que el derecho al acceso a la vivienda ni se presiona ni se negocia, sino que se garantiza. Y se reafirmó en su intención de llevar la convalidación del decreto a debate en la sesión del próximo día 15.
Apeló a la responsabilidad para duplicar el número de viviendas de interés social en los próximos diez años ya que, por primera vez, se darán las herramientas necesarias para evitar que las viviendas donde vive la gente acaben como propiedad de los fondos de inversión. Con este decreto ley, insiste Dalmau, se podrán comprar casas procedentes de ejecuciones hipotecarias, daciones en pago y ventas-extrajudiciales, además de intervenir en las grandes operaciones de venta de vivienda, edificios o paquetes de más de 10 viviendas. Sin embargo, desde las filas del PP ya están dispuestos a llevar al Constitucional el decreto porque los derechos de tanteo y retracto son del Estado. Ciudadanos quiere que se debata como proyecto de ley para estudiar el apoyo. Vox asegura que el decreto implanta el comunismo.
