La Sindicatura de Greuges cuestiona la eficacia de las grandes ayudas sociales del Consell por los tiempos de espera en la tramitación y pone el foco de atención, una vez más, en la gestión de la conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, áreas gestionadas por la vicepresidenta Mónica Oltra. Ángel Luna expone, negro sobre blanco, los problemas que los ayuntamientos están encontrando para tramitar la Renta Valenciana de Inclusión por falta de dotación de personal, una situación que se repite con la dependencia. Pese a que reconoce que esta ley supone un importante avance en derechos para los ciudadanos, su informe anual de 2019 recién enviado a las Cortes Valencianas refleja que el sistema de tramitación a través de los municipios no está siendo eficiente. Y, por lo tanto, vuelve de nuevo a dar un revolcón a la gestión de Mónica Oltra por la demora en resolver los expedientes, lo que obliga a un alto número de solicitantes a demandar esas ayudas de emergencia.
Los trámites de los expedientes que se realizan en los municipios superan con creces los tres meses de plazo previstos legalmente para realizar los informes, llegando incluso a sobrepasar el año de tramitación en las grandes capitales como València y Alicante en el caso de la renta valenciana siempre con números de 2019. «Los plazos siguen sin cumplirse con la Renta Valenciana de Inclusión», asegura el defensor del pueblo valenciano en su memoria, reconociendo que el periodo de resolución se excede de manera «escandalosa» en otros asuntos que también gestiona la líder de Compromís como la atención a la discapacidad o la dependencia e, igualmente, en cuestiones que afectan a otros departamentos como vivienda o deficiencias en los centros educativos. Son estas las reclamaciones que ejercicio tras ejercicio concentran las quejas ante esta institución. En 2019, la mayoría de los ciudadanos que acudieron a la Sindicatura de Greuges plantearon los retrasos en conseguir los derechos o prestaciones que les reconocen las leyes autonómicas.
Un año más continúan siendo muy numerosas las quejas presentadas por demoras en la resolución de los expedientes de dependencia de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas. La descentralización de la gestión a través de las tramitaciones de la solicitud, grabaciones y valoraciones hizo asumir a los municipios, según denuncia Ángel Luna, una carga de trabajo para la que no estaban preparados: «En muchos casos, siguen sin estarlo, a pesar de los incrementos de medios personales y materiales producidos por el aumento de las subvenciones de la Conselleria», admite. Pese a tratarse de un procedimiento considerado de emergencia, las demoras en los centros de valoración de discapacidad llegan a superar los 16 meses. Por ello, el Síndic de Greuge abrió una queja de oficio y recordó a la conselleria la obligación legal de resolver solicitudes en tres meses.
Igualmente, sugirió que llevara a cabo un análisis de las causas que motivan la dificultad de cubrir los puestos de personal médico en los centros de valoración y orientación de la discapacidad. El informe de Luna también hace referencia a reclamaciones relacionadas con los retrasos en la tramitación de los títulos de familia numerosa o la falta de coordinación en la protección de menores. En cuanto a violencia de género, el Síndic ha detectado que la ineficacia de las medidas de inserción sociolaboral «dificultan que las víctimas alcancen su recuperación integral, consiguiendo independencia económica y superando circunstancias precarias».
Aunque el documento entregado en las Cortes pone el punto de mira en las políticas de Oltra, las quejas no solo se refieren a su conselleria. El estado de las infraestructuras educativas también ha sido motivo de numerosas críticas ante «el escaso mantenimiento o deficiente conservación de los edificios o a la falta de construcción de nuevos centros docentes que sustituyan ya a los conocidos como barracones», una cuestión que también aparece en informes de años anteriores. Otro problema objeto de abundantes denuncias ha sido la falta de educadores en educación especial y de recursos de apoyo. Esta situación, según Luna, «dificulta la inclusión de los alumnos con necesidades especiales en el sistema educativo».
El Síndic de Greuges también hace referencia a una parte de la labor del vicepresidente Rubén Martínez Dalmau al frente de la conselleria de Vivienda, que gestionó durante medio año en 2019 tras las elecciones como sucesor de María José Salvador, tras haber instruido expedientes que siguen poniendo de manifiesto «las enormes dificultades» de las administraciones valencianas para adjudicar una vivienda pública a familias en situación de pobreza. En la memoria anual de la Sindicatura consta que durante el año pasado se tramitaron 4.528 nuevas quejas, 33 de oficio, y 11.923 consultas de la ciudadanía.
Más quejas contra ayuntamientos por falta de transparencia en la documentación
La institución agrupa en el mismo expediente las reclamaciones de un mismo asunto para evitar «distorsionar» los problemas
El Síndic de Greuges ha registrado un progresivo y notable aumento de las quejas recibidas por la falta de transparencia de las administraciones, que son presentadas por ciudadanos de a pie y, sobre todo, por concejales al no poder acceder a la información pública existente en sus respectivos ayuntamientos. En su informe, la institucion advierte que entre las funciones que corresponde a los miembros de una corporación municipal se encuentran la de participar en la actividad de control del gobierno municipal, en las deliberaciones del pleno de la corporación y la de votar en los asuntos sometidos a votación en este órgano. Por otro lado, el organismo ha explicado que si ha pasado de registrar 12.200 quejas en 2018 a 4.528 en 2019 es porque en este ejercicio se han ajustado los registros, agrupando en un único expediente las quejas de un mismo asunto presentadas por numerosas personas. «De este modo, se evita distorsionar la apreciación de los problemas y los números resultantes están en consonancia con los de las otras Defensorías», asegura Luna.
