Compromís ha denunciado hoy que el Gobierno no posee ningún informe de fiscalización o documentación alguna que acredite el destino final de las transferencias por valor de 700.000 euros que el Partido Popular provincial de Alicante ha recibido en los últimos seis años de su grupo político en la Diputación de Alicante.
La respuesta del gobierno a una pregunta registrada por el senador de Compromís, Carles Mulet, desmiente, en opinión de Compromís, la versión de los diputados populares" en la institución alicantina cuando sostienen que el destino del dinero público fue el previsto en el reglamento de la Diputación sobre dotación económica de los grupos políticos de la corporación, circunstancia que habría estado comprobada por el Tribunal según el Partido Popular.
Tras esta respuesta, en opinión de Compromís, "el PP se queda sin coartada para evitar presentar su facturación" asegura la coalición. "No existe documentación que pruebe tal versión ni que garantice el cumplimiento del artículo 9 del reglamento de la institución", el cual establece que cualquier transferencia del grupo político a su partido debe ser con motivos de un gasto conjunto relacionado con la actividad institucional de los propios diputados.
"El presidente de la Diputación, Carlos Mazón, nos explicó que a diferencia de todos los grupos el PP no presentaba las facturas porque habían estado fiscalizadas por el Tribunal de Cuentas de acuerdo a la ordenanza. Ahora sabemos que eso no es verdad, que el Tribunal de Cuentas no lo ha hecho y por tanto se le acaban las excusas al señor Mazón para presentar, para justificar como el resto de grupos, que ha cumplido efectivamente la ordenanza y no ha ingresado irregularmente más de 700.000 euros en los últimos seis años desde la Diptuación al Partido Popular", ha manifestado el portavoz de Compromís, Gerard Fullana.
La coalición ha registrado ante el Síndic de Greuges una solicitud de amparo para que reclame a la Diputación que proceda a la entrega de la documentación demandada por Compromís al presidente de la corporación, Carlos Mazón, especialmente la que afecta a sus años como vicepresidente en la legislatura 2007-2011.
Inicialmente, Compromís reclamó hace meses para su labor de fiscalización la contabilidad de los grupos políticos entre los años 2007 y 2018. El único documento contable aportado y que consta en los expedientes son certificados de resultados anuales de cuentas, sin que se pueda apreciar ningún movimiento contable conforme requería Compromís.
La coalición considera alarmante que la gestión del ente provincial alicantino "sea tan indolente" en cuanto a transparencia se refiere y el uso del dinero público por parte del PP, dándose como ha ocurrido un ingreso de 124.000 euros en 2018 en una cuenta institucional de Murcia del que no se ha acreditado todavía la titularidad. "Y especialmente graves son los ingresos entre 2012 y 2015, ya que no solo no están acreditados los gastos con facturas sino que además o no existen o han desaparecido de Intervención la documentación contable al respecto", según Fullana.
