La vuelta al trabajo presencial de los empleados públicos de la Generalitat ha generado las críticas de los sindicatos, que la han calificado de «confusa y desigual» y de los grupos de la oposición que han acusado al gobierno valenciano de actuar con improvisación a la hora de dar a conocer el plan de contingencia que todavía no tienen las consellerias de Agricultura y Economía, ambas gestionadas por Compromís.
La consellera de Justicia, Interior y Administración Pública, Gabriela Bravo, aseguró ayer que en la resolución publicada el 11 de mayo en el Diari Oficial de la Generalitat ya se contemplaba «con todo lujo de detalles» que las consellerias debían elaborar un plan de contingencia tras el fin del estado de alarma. Bravo aseguró sentirse «sorprendida» porque mes y medio después haya áreas que aún no tengan ese documento preparado y rechazó que se haya actuado con improvisación puesto que en la resolución que se publicó el 11 de mayo se contemplaba en cada fase el número de funcionarios que debían ir incorporándose a su puesto, y se indicaba a todas las subsecretarías que tenían un plazo de cinco días para elaborar ese plan con las medidas de distancia social, medidas individuales y colectivas, señalización, higiene, posibles turnos y entrada gradual en las sedes. «Tenían todas las indicaciones básicas para realizar un plan de contingencia, además de la Guía Técnica validada por el INVASAT, que es el servicio de prevención de riesgos laborales de los empleados públicos», añadiendo que «alguien no ha terminado de ejercer las responsabilidades que tenía».
El portavoz de Interior del PP en las Cortes, José Antonio Rovira, denunció ayer que el caos en el regreso de los funcionarios a su puesto presencial demuestra que el Consell es «un reino de Taifas» y evidencia «la debilidad de la consellera Bravo». Rovira afirmó que el Consell funciona «como un gobierno de tres partidos por separado, donde cada uno hace la guerra por su cuenta» y ello «colapsará más el sistema». Ciudadanos criticó «la falta de coordinación» de la Administración valenciana y consideró que la descoordinación entre las consellerias refleja «un motín inteno» dentro del gobierno del Botànic.
