Cuando a mediados de marzo, el Gobierno decretó el «mando único» con el estado de alarma que hoy termina para hacer frente a la epidemia, le entregó munición a los partidarios de cuestionar el modelo territorial. De esta crisis, ahora que superamos su primera oleada, se podía haber salido con un grito claro: «¡Abajo las autonomías!». No ha sido así. Hasta la ultraderecha ha rebajado el diapasón de ese relato. Casi de inmediato, Pedro Sánchez se dio cuenta del error que suponía encargar, por ejemplo, las compras de material sanitario a un ministerio con bastante menos presupuesto que las consejerías de Sanidad de las autonomías más pobladas -entre ellas la Comunidad Valenciana- y en el que sus técnicos hace cuatro décadas que no han adquirido ni una bata ni una botella de alcohol. Por una razón muy sencilla: todas las competencias sanitarias, como ocurre también con Educación o Bienestar Social, están transferidas desde hace tiempo.
Fíjense si los gobiernos autonómicos van a salir bien parados que, dentro de tres domingos en Euskadi y Galicia durante la primera cita electoral desde que se declaró la epidemia, saldrán reforzados de las urnas, con total probabilidad, los que ya están gobernando. Nacionalistas vascos y socialistas en el primer caso y el moderado Alberto Núñez Feijóo al frente del PP en el segundo. Y Vox puede quedar fuera de los dos parlamentos. Tendrá que tomar nota Pablo Casado. A Pedro Sánchez, por tanto, no le quedó otra que apoyarse en las autonomías. Practicar la ya famosa cogobernanza para evitar conflictos como el del pase a la fase 1 de la Comunidad. Reunirse todas las semanas con los presidentes que, guste o no, son los que saben de verdad lo que ocurre en cada territorio. Dejar por completo el mando en la recta final de la desescalada con el paso clave a la «nueva normalidad» en manos de cada comunidad. Y hasta ceder con la creación de un fondo extra de financiación dotado con 16.000 millones por el aumento de gasto que han tenido que afrontar los gobiernos autonómicos con la crisis.
En su gestación tuvo notable influencia la opinión del jefe del Consell, Ximo Puig, y del vicepresidente catalán, Pere Aragonés. Inicialmente, los criterios de reparto volvían a dejar a la Comunidad Valenciana, como ya ocurre con la financiación autonómica, a la cola. Y eso alimentó la reivindicación de Compromís con su diputado Joan Baldoví pero, sobre todo, una posición muy firme del propio Puig y del conseller Vicent Soler. Y toda esa presión surtió, finalmente, un cierto efecto. El Gobierno atendió la petición de dar más peso a la población en la parte del fondo dedicada a Sanidad, incluyó otra parte para Educación y primó a las autonomías que, como la valenciana, tienen que hacer más esfuerzo fiscal por la falta de financiación en un tramo dotado con 4.200 millones para cubrir la caída de ingresos de esta crisis.
Con todo eso, el Consell avanzó sobre la previsión inicial hasta superar los 1.450 millones de ingresos, algo más de un 9% del total, un punto todavía por debajo, eso sí, de su porcentaje de población. Pero, con ese fondo, el Gobierno reconoce dos cosas. La consolidación de un modelo territorial que se debe actualizar con mecanismos de coordinación, solidaridad y relación común. Y que la financiación de algunas autonomías, singularmente la nuestra, está muy por debajo de lo que les corresponde. Es insuficiente. Por eso, la aprobación de este fondo de emergencia reabre ese debate y concede argumentos clave al Consell -población y esfuerzo fiscal- para pelear el cambio de financiación. «Es inaplazable», insiste Puig. O hay un nuevo sistema o será un lastre para la reconstrucción. Pero una cosa es salir bien de esta batalla y otra la guerra. Y para eso el Consell sólo tiene una salida: seguir con la presión en Madrid.
Ser diputado es otra cosa... no vale todo
Hace unos días, en estas mismas páginas y a raíz de la intervención de Joan Romero en la comisión de reconstrucción en las Cortes, ya dije que ocupar un escaño en el Palau dels Borja como representante de la soberanía popular del pueblo valenciano debería ser un inmenso honor que obligaba a algo más que sentarse en el hemiciclo a escuchar lo que se dice. Me quedé cortó. Hay que procesar y entender la información que llega al parlamento para tratar de ofrecer soluciones a los problemas de los ciudadanos y no dedicarse a alimentar conflictos. Ser diputado obliga a tener dosis de criterio y de responsabilidad. No vale todo. Ni desde los grupos que sostienen al gobierno ni tampoco en la oposición. Lo digo a raíz de las lamentables intervenciones del ultraderechista José María Llanos, diputado de Vox, y de Rubén Ibáñez, parlamentario del PP, poniendo en cuestión el pasado viernes en esa comisión de reconstrucción a la alicantina Nuria Oliver, una de las mayores expertas en Inteligencia Artificial y alta comisionada de la Generalitat. ¿Cómo es posible que dos diputados que dicen representar a los valencianos ataquen a una investigadora de primera magnitud? ¿Cómo se atreven? Lo de la ultraderecha es causa perdida. ¿Pero no hay nadie en el PP, un partido que es alternativa de gobierno, que ponga cordura con altura de miras y sentido institucional? Vergonya, cavallers, vergonya! Ser diputado es otra cosa. Obliga a ser útil a los valencianos. Hagan su trabajo.
La ruta de Mazón en el PP: tres etapas y una china en el zapato
La movilización, el debate político y la ejecutiva marcan un camino en el que rebrota nuevamente la polémica financiación del partido
Durante esta semana, el presidente de la Diputación, Carlos Mazón, ha resuelto la primera etapa de su carrera para unir el poder institucional con el liderazgo provincial del PP. Puede pensarse que estas semanas previas al congreso que se celebrará el próximo 18 de julio son caza menor. Y no lo son. El congreso de verdad es el que se está cociendo ahora. Para dentro de un mes queda la puesta en escena. Muy importante, sin duda. Por el mensaje de Mazón y por la presencia -está en su agenda- de Pablo Casado para dar lustre y valor a la clausura del cónclave. Pero lo que ocurra ese día será la imagen de un congreso que saldrá bien en la medida que Mazón sea capaz ahora de manejar con solvencia esta previa. Esta semana, decía, el ya aspirante oficial a la presidencia provincial del PP ha despachado la parte más cómoda. Es candidato único. Nadie dudaba de que la recogida de avales era puro trámite. Así ha sido. Ha registrado más de 3.100 firmas sin apretar el acelerador en una ruta que, eso sí, le ha servido para que todos los notables del PP se unan a su álbum de campaña.
Pero esa era la parte más sencilla de este proceso. Le quedan otras tres etapas más complicadas y que marcarán el resultado final del congreso. La primera se sabrá en pocos días: la movilización de los militantes. ¿Cuántos de los 75.000 «apuntados» en los hinchadísimos listados del PP van a pagar la cuota de afiliado para participar en el proceso? Será un porcentaje modesto. Y eso tiene que obligar a Mazón, de una vez por todas, a depurar esos listados. Dos. Para primeros de julio tiene estar cerrado el documento estratégico del congreso. La ponencia que coordinan el ilicitano Pablo Ruz y la alcaldesa de Almoradí, María Gómez. Un texto que, entre otras cosas, detalla la receta del PP para el encaje de Alicante en la Comunidad Valenciana. Recorrido autonómico que alimentará aún más, si cabe, el inevitable ruido interno sobre el futuro de Isabel Bonig en la Comunidad Valenciana. Y tres. Su equipo de dirección y el control del partido. Ya hay decisiones tomadas. Reforzar el aparato territorial y organizativo con un potente grupo de coordinadores comarcales, convocar en otoño las asambleas locales para renovar liderazgos y dar cancha en la dirección tanto a los «patas negras» del casadismo como a alguna «vieja gloria» del zaplanismo. De cuadrar todas esas ecuaciones dependerá la escenificación final del cónclave.
Pero Carlos Mazón tiene una molesta china en el zapato a la que ahora debe responder. Le toca. Será a la vez presidente de la Diputación y también del PP. Esta semana, el diputado de Compromís, Gerard Fullana, ha desvelado que entre 2012 y 2018, desde el grupo del PP en la institución provincial llegaron a las cuentas del partido nada menos que 703.000 euros para autofinanciarse. Una cifra que sigue creciendo sin que aparezca ni una sola factura que justifique el destino de ese dinero público que salió desde la Diputación. Debe explicarlo desde su posición en el partido y darle una solución en la institución. Está obligado.
