Nuevo frente a la vista entre la Generalitat y las empresas concesionarias de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV), que desde hace años están en guerra por las tarifas que se cobran en la Comunidad Valenciana por un servicio que, además, el Consell del Botànic quiere revertir a la gestión pública en 2023.
La disputa ahora, en plena crisis del covid, viene a cuenta de la sonometría, la polémica prueba del ruido que en la Comunidad se realiza a todos los vehículos desde que la impuso en 2004 el entonces conseller de Medio Ambiente, Rafael Blasco, y que convertía a esta en la única autonomía donde era obligatoria; a diferencia del resto, que solo la realizan a motocicletas y ciclomotores. El recargo llegó a los 9 euros, aunque ahora solo son 2,93, en virtud del último cuadro tarifario aprobado por el Consell.
No ha sido hasta ahora, en el quinto año de Botànic, y cuando prácticamente acaban de abrir las ITV tras el cierre por la pandemia, cuando se ha puesto en marcha la maquinaria para cambiar esta norma. Básicamente, por discrepancias dentro del Consell. Pese a que Compromís y el PSPV coincidían en su oposición a la prueba, la anterior consellera de Medio Ambiente, la ecologista Elena Cebrián, echó el freno. Las ITV dependen de Industria, esto es, de la Conselleria de Economía, pero es Medio Ambiente quien regula en concreto la sonometría. De ahí el bloqueo, por inacción. Economía no podía hacer nada, pese a que Compromís se manifestaba abiertamente en contra; y Medio Ambiente, también en manos de Compromís, no actuaba pese a los requirimientos de sus compañeros de gobierno, tildando incluso de «positiva» esta prueba.
Hace unos días, finalmente, ha salido a exposición pública el proyecto de decreto para modificar la prueba. Lo firman el presidente Puig; la actual consellera de Transición Ecológica, Mireia Mollà; y el de Economía, Rafa Climent.
El texto, al que se pueden presentar alegaciones hasta el 25 de junio, justifica la eliminación en que «numerosos estudios han puesto de manifiesto que existe un porcentaje de rechazo en la prueba de emisión sonora muy bajo». En la práctica, que no sería necesaria. Además, recuerda el Consell que «esta prueba de emisión sonora para vehículos de cuatro ruedas no se realiza en ninguna otra comunidad y supone una discriminación para los valencianos». Por ello, concluye que hay que adaptar la sonometría a la normativa estatal, es decir, que solo sea aplicable a motos y ciclomotores. En todo caso, está pendiente de transposición a la normativa estatal una directiva europea que deja la decisión de hacer la prueba en manos del inspector, es decir, si el técnico percibe que el vehículo hace mucho ruido. Más allá de las discrepancias políticas dentro del Consell, el movimiento llega en un momento en que las concesionarias y la Generalitat están pendientes de los tribunales. Siguen en vigor unas tarifas aprobadas en mayo de 2019 y que incluían una rebaja sustancial de los ingresos de las empresas, con una bajada del 8% para los diésel.
Sin embargo, este marco tarifario fue anulado por el TSJ en enero pasado, una decisión que implica volver a unos precios más elevados. Es la segunda vez, de hecho, que la Justicia tumba una reducción de los precios (la primera fue respecto a una decisión del anterior gobierno del PP). Ahora, el tribunal entiende que el Botànic ha tratado de incumplir la sentencia previa que le obligaba a volver a los precios de 2013, donde la sonometría costaba 9,3 euros. La última palabra la tiene el Supremo, a donde ha recurrido el Consell.
Las empresas entienden que esta supresión de la sonometría responde a una estrategia de la Generalitat para no tener que cumplir de facto la sentencia, ya que precisamente el TSJ anulaba la bajada de la sonometría.
Curiosamente, la eliminación de la prueba del ruido entraría en colisión con los intereses económicos de la Generalitat, que ha decidido recuperar el servicio de las ITV a partir de 2023, poniendo fin a 25 años de concesión administrativa.
También está por ver qué sucede en la tramitación que acaba de arrancar para eliminar la prueba. En 2014, el Consell del PP ya trató de eliminar la sonometría, pero fue abortada, con posiciones en contra como las de algunos sindicatos que temían gran impacto en el empleo.
