El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, anunció durante su comparecencia en el pleno de las Cortes Valencianas que, en estos momentos, el gobierno ya tiene en estudio una propuesta para compensar con diferentes iniciativas al personal valenciano dedicado a la atención social y sanitaria además de emergencias después de su labor durante la epidemia del coronavirus. Una compensación que incluiría un pago económico del que, al menos en esta comparecencia, el jefe del Consell no cuantificó los detalles. El anuncio se realizó durante el cara a cara del presidente de la Generalitat con la portavoz del PP, Isabel Bonig, que aventuró una catarata de denuncias contra el gobierno valenciano por su labor en esta crisis.
Puig defendió la gestión de su gobierno en materia sanitaria. De hecho, el jefe del Consell recordó que durante la etapa del Botànic, el presupuesto de la conselleria de Sanidad ha crecido en mil millones frente a los recortes de la última etapa del PP en la Generalitat entre 2009 y 2014. La Comunidad Valenciana es la autonomía de régimen común que más ha incrementado el gasto per cápita en atención sociosanitaria (sanidad y atención social), con un aumento del 20,5% en 2018 respecto a 2014, según el Ministerio de Hacienda. Por contra, ese gasto se redujo un 9% en el ejercicio de 2014 -bajo mandato del PP- respecto a 2009.
En ese punto, además, introdujo los datos sobre el impacto del virus en la Comunidad, más bajos que en el resto de España. La incidencia del virus en el territorio valenciano en número de contagios por 100.000 habitantes es 2,3 veces menos que la media de España. En concreto, seis veces menos que la más afectada (La Rioja) y cuatro veces menos que la segunda (Madrid). También la tasa de letalidad es menos de la mitad del conjunto de comunidades autónomas. Es 5,4 veces menos que la más afectada (Castilla-La mancha) y 4,8 veces menos que la segunda (Madrid). "Pese a todo, no cabe ningún triunfalismo", apuntó el dirigente socialista.
Bonig, además, elevó el tono contra la gestión del Consell y emplazó a Puig a asumir responsabilidades políticas, a lo que el jefe del Consell volvió a ofrecer diálogo a la oposición. Los populares, a través de la diputada Eva Ortiz, apretaron al Consell con las subvenciones que habrían recibido empresas vinculadas al hermano de Puig desde Educación. El conseller Vicent Marzà defendió la legalidad de esas ayudas. La portavoz del PP propuso, además, regular por ley el gasto en altos cargos y organismos públicos, además de blindar el gasto sanitario. Vox fue más allá y acusó al Consell de "dejar morir a los viejos".
