La decisión del Tribunal Supremo confirmando la nulidad de parte de los preceptos del decreto del Consell que regula los usos institucionales y administrativos del valenciano en la Administración no tardó ayer en provocar las reacción de la Generalitat y poner el conflicto lingüístico de nuevo en la agenda política después de muchos meses. Tras anular parte del decreto en la misma línea que ya había marcado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad, el Consell recurrirá al Tribunal Constitucional esa sentencia que, entre otras cosas, pone coto a que el valenciano sea prioritario en el día a día de la administración, pone reparos a la atención al público usando en primer lugar el valenciano por parte del funcionario o la posibilidad de usarla en la relación institucional con Cataluña y Baleares.
La conselleria que dirige Vicent Marzà considera que esta sentencia afecta al autogobierno porque «niega que la Comunidad Valenciana tenga competencia para determinar y regular el alcance o los efectos de la lengua cooficial». Asimismo, el Consell también argumenta que la sentencia no tiene presente «la denominación de nuestra lengua y los diferentes pronunciamientos del Tribunal Constitucional al respecto», defendiendo que el decreto no supone ninguna discriminación para el castellano. El propio conseller de Educación y Cultura, Vicent Marzà, aseguraba ayer en redes sociales que esta sentencia «menosprecia la lengua y las competencias propias» que tiene la Generalitat.
El fallo del Tribunal Supremo generó multitud de reacciones. La diputada de Compromís en las Cortes Nathalie Torres aseguró que esta decisión «pasa por encima» de competencias del Consell como determinar el régimen de oficialidad de las lenguas y, además, desde el punto de vista político «constituye un atropello en toda regla de los derechos de los valencianohablantes». «La sentencia contradice la propia jurisprudencia del Tribunal Supremo y la del Tribunal Constitucional sobre la identidad del valenciano y obvia el dictamen de la Acadèmia Valenciana», dijo.
El Supremo considera que parte de ese decreto carece de cobertura competencial y vulnera la Constitución. Desestima el recurso de casación interpuesto por la Generalitat y el sindicato STE-PV contra la sentencia del TSJ, que estimaba parcialmente el recurso presentado por dos diputados autonómicos del PP, Jorge Bellver y María José Ferrer. Declaraba la nulidad de dichos preceptos del decreto del Consell al considerar que el uso de lenguas en la administración tiene un carácter «excluyente» sobre el castellano. La sentencia recurrida anulaba 11 artículos y una disposición final que daban un uso destacado al valenciano sobre el castellano en aspectos como las notificaciones en los trámites administrativos, la rotulación de edificios y dependencias públicas, la comunicación entre los empleados públicos y la de éstos con los ciudadanos, las publicaciones y publicidad institucional, los contratos con proveedores, así como en la rotulación de carreteras, caminos y otras dependencias y servicios de interés público que depende a su vez de las entidades locales.
Tras conocer el fallo, también se sumó a las voces críticas el Sindicat de Treballador de l'Ensenyament del País Valencià al exigir la aprobación de una Ley de Igualdad Lingüística. A través de un comunicado, el sindicato calificó de «muy grave la deriva autoritaria del poder judicial contra el autogobierno valenciano» presionando al Consell para que realice cambios legislativos: «Si la Generalitat quiere defender los derechos de los valencianoparlantes debe aprobar de manera urgente una ley que ponga los derechos lingüísticos de los valencianoparlantes al mismo nivel que los de los castellanoparlantes».
