La petición del PP para que se cree una comisión de investigación parlamentaria en torno a la compra de 340 ordenadores por parte de la Conselleria de Sanidad sin el preceptivo procedimiento administrativo se ha encontrado hoy con el rechazo mayoritario de las Corts.

Los populares únicamente han recabado en las filas de Vox el voto favorable a su propuesta, que será tumbada el jueves con el voto en contra de los tres partidos que sustentan el Botànic y con la abstención de Ciudadanos (Cs). La formación naranja ha marcado distancias en este punto con la bancada de la derecha, a diferencia de en anteriores ocasiones en las que se ha debatido la creación de comisiones de investigación, ahondando así en su nueva línea más moderada respecto al gobierno.

La diputada Ruth Merino ha asegurado que existen "otros mecanismos" para resolver este tipo de cuestiones y ha defendido que, en el actual contexto de crisis, "hay que salir de esta burbuja política" y evitar "duplicar el trabajo" con nuevas comisiones de investigación. Aún así, Merino ha sido dura en su intervención, al señalar las dudas sobre la compra de ordenadores de Sanidad como "la situación más surrealista que he vivido en política". La diputada ha acusado de escurrir el bulto a los partidos del Consell y ha pedido que hagan públicos los documentos de la operación con la máxima transparencia. Ha criticado que se haya destinado más de una hora a este asunto.

En el PP, el diputado Juan José Zaplana ha censurado la ausencia de información sobre el asunto por parte de la conselleria desde que, en febrero, se descubrió que los ordenadores se habían adquirido sin expediente de contratación. "Nadie nos ha dado una explicación en cuatro meses, no hay ninguna transparencia", ha dicho Zaplana, que ha hecho hincapié en el cese de un alto cargo del Consell siete días después de que se abriera un expediente informativo sobre la compra de los portátiles.

Desde el PSPV, la diputada Carmen Martínez ha admitido que se produjo una irregularidad administrativa grave que ya se ha depurado y que atribuye a un "error" de la funcionaria cesada, motivado por el hecho de no haber formalizado documentalmente a través de una adenda la cesión de ordenadores en su momento. Pese a ello, la socialista ha recalcado que no hubo mala intención ni perjuicio para la administración y que se ha conseguido mejorar las prestaciones de la conselleria. Martínez ha achacado el retraso en proporcionar información sobre el asunto a la suspensión de plazos por la pandemia, a tiempo que ha incidido en que el expediente informativo abierto para aclarar los pormenores todavía no se ha cerrado. "No vamos a peermitir que se convierta las Corts en un plató. No es necesario ocupar seis meses de trabajo en un debate público para aclarar algo que le va a quedar muy claro cuando vea el expediente", ha espetado la socialista a Zaplana.

Según la diputada, los 340 portátiles señalados proceden de unas mejoras acordadas con la adjudicataria de un contrato de 3,49 millones formalizado a través de la central de compras del Ministerio para suministrar 3.000 ordenadores a la sanidad valenciana. Tras la tramitación de esa compra, los funcionarios observaron que el precio actual de mercado para dichos ordenadores era inferior al fijado en el catálogo del Ministerio de Hacienda. Dado que no se permitía actualizar las condiciones contractuales del convenio marco con la administración estatal, con el fin de mejorar la contratación, la conselleria acordó con la empresa HP la cesión de material añadido para compensar la bajada de precio del mercado, y de ahí surgen los 340 ordenadores. De ellos, 270 estarían inventariados en las unidades de hospitalización a domicilio de los diferentes departamentos sanitarios y 70 más estarían retenidos en el centro de Campanar a la espera de que se aclare expediente informativo.

Tanto el PP como Vox han respondido acusando al Botànic de "tráfico de influencias" por contar con información de la que la oposición no dispone y de justificarse con la pandemia para retrasar los plazos marcados por la Ley de Transparencia.

"La Conselleria de Sanidad ha actuado con don diligencia ante una irregularidad administrativa que no ha supuesto dolo sino una ventaja", ha insistido en una réplica posterior la diputada Carmen Martínez (PSPV). "Tenemos 340 ordenadores que no teníamos antes y no han costado más dinero", ha agregado la socialista, que ha atribuido el conflicto a la desactualización del catálogo de la central de compras del Estado.