Compromís ha acusado hoy al presidente de la Diputación, Carlos Mazón, de negar la entrega de documentación al grupo referente a los expedientes sobre los ingresos de dinero de la institución al Partido Popular entre 2007 y 2015, una época que incluye dos años entre 2007 y 2009 en los que Mazón fue vicepresidente durante el mandato de Joaquín Ripoll. La coalición ha anunciado que mañana acudirá al registro de la institución a recoger la información solicitada, ya que la ley estipula que el presidente tienes un plazo de cinco días para la entrega una documentación ya reclamada el pasado febrero.

Tal y como se hizo público hace cuatro meses, la coalición solicitó para adjuntar al proceso judicial abierto la documentación referente a la justificación de gastos de las anteriores legislaturas con el objeto de comprobar hasta cuándo se remonta la práctica de efectuar ingresos a las cuentas del partido sin acreditar los gastos como los producidos entre 2015 y 2018.

Desde que la coalición tiene representación en la institución, 2015, se ha puesto en conocimiento público y judicial una práctica que supuso el traspaso entre 2015 y 2018 de 485.000 euros sin justificación del Grupo Político Popular a las cuentas del PP, 124.000 de los mismos a una sucursal corporativa de Murcia de la que, de acuerdo con la version de Compromís, todavía no se ha acreditado la titularidad de la misma.

La solicitud requiere los informes de ingresos desde el año 2007 hasta el 2015, fechas en las que Compromís no tiene acceso a la documentación porque no estaba representado en la misma. Por ello, mañana, martes 16 de marzo, la coalición acudirá al registro de la Diputación a recoger la información solicitada en aplicación del artículo 24 de la ley 39/2015 que establece que "en los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, sin perjuicio de la resolución que la Administración debe dictar en la forma prevista en el apartado 3 de este artículo, el vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado resolución expresa, legitima al interesado o interesados para entenderla estimada por silencio administrativo".

Tras la disputa política y judicial impulsada por Compromís en 2015 para cuestionar las decisiones discrecionales en materia de subvenciones y que se tradujo en un cambio en las formas de reparto, la cuestión de la transmisión de recursos y privilegios partidistas sin control ha sido otro de los caballos de batalla de la coalición. A principios de año de formalizó una primera demanda contenciosa por entender que el Partido Popular no había justificado el traslado de casi medio millón de euros al partido conforme a la ordenanza y por tanto no se le podía seguir permitiendo acceder a la subvención, hecho que se aplica la mayoría de asociaciones en esta materia. Además en el proceso se comprobó contradicción en los certificados de justificación del secretario de organización de la cúpula provincial Eduardo Dolón y de la gerente del partido, Yolanda Murcia.

A principios de legislatura se cambió la propuesta de ordenaza de subvenciones tras consensuar Compromís y Ciudadanos una propuesta que se elevó a pleno y que impide de forma explícita los ingresos sin justificación que se llevaban haciendo desde hace años. El debate se situa ahora en la necesidad de compensar a la institución por esos ingresos sin acreditar efectuados durante años y que según Compromís han provocado un prejuicio económico a la institución.

El portavoz de Compromís en la Diputación de Alicante, Gerard Fullana, ha defendido que "la función de Compromís como fiscalizadora de una institución que llevaba décadas operando sin control ha aportado ya importantes beneficios a los municipios y vamos a seguir en esta línea". Fullana ha advertido al nuevo poder emergente en el Partido Popular provincial: "Mucho antes que plantear su reinserción, el zaplanismo debe rendir cuentas tanto presentes como pasadas, porque su gestión que siempre ha confundido el partido y la institución nos ha abocado a ser la Diputación que menos ayudas da a los municipios en la actualidad".