Las discrepancias entre el Gobierno y la Generalitat para firmar un convenio que armonice la convivencia del Ingreso Mínimo Vital recientemente aprobado en el Congreso y la Renta Valenciana de Inclusión se mantienen. La polvareda levantada por la falta de entendimiento se ha esparcido y el Consell va a intentar ponerle remedio. Ayer la vicepresidenta y portavoz del Consell, Mónica Oltra, anunció que su departamento está ultimando un decreto ley para encajar las dos figuras, con el fin de evitar duplicidades o que haya personas y familias que se queden sin la protección. Hay que recordar que la renta valenciana ya la perciben cerca de 55.000 familias con un coste para la Generalitat cercano a 250 millones. La ayuda del Estado en la Comunidad Valenciana invertirá más de 350 millones para llegar a más de 80.000 beneficiarios.
La falta de coordinación entre las dos administraciones tenía todos los ingredientes para convertirse en una nueva batalla política. De hecho, en este momento todavía no existe un acuerdo cerrado y el Gobierno central no ha accedido a atender las peticiones que proceden de la Comunidad Valenciana para cogestionar la prestación, pese al acuerdo alcanzado en el País Vasco y Navarra. Pese a todo, Mónica Oltra moduló el tono para elogiar el Ingreso Mínimo tras el visto bueno de Compromís en el Congreso y dijo que es «un instrumento fundamental» que, a su juicio, debería haber estado ya hace «30 años», valorando que se haya aprobado sin votos en contra en el Congreso, «lo que es símbolo muy importante del empaque histórico que supone».
El departamento de Oltra está elaborando el decreto ley que llevará al Consell en una o dos semanas para encajar los dos sistemas, de manera que no haya personas que cobren ambas o que otras queden descubiertas. «Queremos evitar duplicidades o las carencias de no poder llegar a quien lo necesite con la Renta Valenciana». Oltra recalcó la importancia de no desvertebrar el sistema y lograr vincular a las personas beneficiarias con los itinerarios de inclusión. Hizo hincapié en que los factores de exclusión no son solo económicos si no que hay personas que no han tenido igualdad desde pequeñas y les han faltado oportunidades de formación «y eso no se arregla solo con la prestación económica sino con una prestación profesional para que haya una emancipación que les permita tener un proyecto de vida independiente».
En la línea de Oltra, el presidente de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias y alcalde de Elda, Rubén Alfaro, alertó ayer en las Cortes Valencianas de los «colapsos y frustración» en la gestión y tramitación del nuevo Ingreso Mínimo Vital por parte de los municipios si no les permiten contratar más personal o coordinarlos con los aportados por la Generalitat. Alfaro defendió además las «competencias morales» que asumen a diario con los más desfavorecidos.
Primer aniversario de la firma del Botànic II en el Castillo de Santa Bárbara
Tal día como ayer pero de hace un año, el presidente de la Generalitat y secretario general del PSPV, Ximo Puig; la líder de Compromís, Mónica Oltra, y el de Podemos, Rubén Martínez Dalmau, rubricaban en el Castillo de Santa Bárbara de Alicante el documento que certificaba el arranque de la segunda versión del Consell del Botànic con la entrada de la formación morada en el Gobierno valenciano. En un acto celebrado en la sala de Felipe II y ante una gran expectación, los dirigentes reeditaron el pacto que se firmó hace cinco años y se mostraron esperanzados en que el nuevo ejecutivo fuera «el más importante de la historia» en la Comunidad.
Visto bueno a compras de material y servicios para atender la pandemia
El pleno del Consell aprobó ayer nuevos acuerdos relacionados con la pandemia por coronavirus, referidos a la compra de material de protección para evitar la propagación de la COVID-19, campañas de publicidad institucional, o el servicio de vigilancia y control sanitario en los aeropuertos de Alicante y Valencia. Según explicó ayer Mónica Oltra, se acordó la declaración de emergencia en la Conselleria de Igualdad de un contrato por un total estimado de 5 millones para comprar material de protección individual y equipamiento de centros de su competencia. En Presidencia, se ha acordado la declaración de emergencia de la contratación por 363.000 euros del servicio de una agencia de comunicación para una campaña informativa.
