La vicepresidenta de la Generalitat y portavoz del Consell, Mónica Oltra, ha abogado este viernes por esperar al pronunciamiento del fiscal sobre el procesamiento del director general de Política Lingüística, Rubén Trenzano, antes de valorar si se debe exigir su cese.
Preguntada por este caso en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, Oltra ha recordado que este procesamiento es fruto de una denuncia del PP, que "cuestiona su propia normativa de control de subvenciones", y ha insistido en que "las líneas rojas del Consell están en su código ético y de buen gobierno, están escritas".
El Juzgado de Instrucción número 9 de Valencia ha dictado un auto de incoación de procedimiento abreviado -que pone fin a las diligencias previas- contra el director general de Política Lingüística y Gestión del Multilingüismo, Rubén Trenzano, por un supuesto delito de falsedad en documento público oficial.
Según consta en el citado auto, Trenzano pudo incurrir en este supuesto delito en un documento emitido en abril de 2018 remitido a la coordinadora del PP en la Comunidad Valenciana, Eva Ortiz, que actúa como denunciante en esta causa, en el que informaba de que el Consell había controlado debidamente las subvenciones a las empresas del hermano del presidente, Ximo Puig.
El juzgado inicialmente consideró que "el lugar adecuado para el planteamiento de esta denuncia pertenecía al derecho administrativo, la jurisdicción contencioso-administrativa en su caso o el terreno de las contiendas políticas".
Tras observar la "falta de indicios propios de un ilícito penal" en coincidencia con el Ministerio Fiscal, acordó el sobreseimiento provisional de la causa, aunque tras un recurso se acordó la continuación del procedimiento y se llamó a declarar al jefe del departamento de la dirección general que encabeza Trenzano.
Apoyándose en esta declaración, el juez entendió que los expedientes de subvenciones a las citadas empresas no se controlaron hasta 2018 "porque no había nada que les hiciera dudar y no habían salido en el sorteo que se aplica en los controles aleatorios", cuando en realidad se afirma que "se hizo un control según la norma aplicable en 2015".
Al apreciar estos indicios de falsedad en un documento emitido por Rubén Trenzano, el juez ordenó que se diese traslado de estas diligencias al fiscal y la acusación particular "si la hubiere" para que en diez días soliciten la apertura de juicio oral, el sobreseimiento de la causa o la práctica de diligencias complementarias.
En su respuesta, Oltra ha insistido en que "el juez archivó en su día este asunto por considerar que correspondía al ámbito de lo contencioso o de la contienda política" y ha reclamado paciencia para ver qué decide la Fiscalía, "el garante de la legalidad y el interés general".
"Me habrán escuchado muchas veces decir que la ética pública no la dictan los tribunales -ha dicho-, que tiene una exigencia mayor que los propios tribunales, por tanto eso depende de muchas cosas: no es lo mismo la Fiscalía acuse de un delito que lo haga un partido. El momento de plantearse cosas será cuando se decida sobre el archivo o la continuidad de la causa, una vez se haya pronunciado la Fiscalía".
Preguntada por otros supuestos casos anteriores de corrupción en el PP y su posible "cambio de actitud", Oltra lo ha negado, al tiempo que ha recordado: "Siempre he sostenido que hay situaciones en las que, sin haber imputación, hay motivos para remover a una persona de un cargo, eso sigue intacto".
