El coronavirus ha golpeado con fuerza la economía de la Comunidad Valenciana y los desafíos actuales están obligando a las administraciones a reducir la burocracia para agilizar la implantación de la actividad económica. Ahora más que nunca se hace necesario eliminar barreras y huir de la farragosa tramitación administrativa que puede ralentizar, e incluso bloquear, la puesta en marcha de nuevos proyectos. Para mejorar la competitividad de las empresas autonómicas, es esencial reducir las cargas burocráticas. Ayer el jefe del Consell, Ximo Puig, formalizó con el presidente de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), Salvador Navarro, un convenio para poner en marcha el Plan Agiliza que, entre otros objetivos, pretende reducir un tercio los trámites administrativos de las empresas y los tiempos de espera para relanzar la actividad. Es una reivindicación histórica de los empresarios que ahora ha cobrado fuerza para la búsqueda de una recuperación rápida a raíz de la crisis sanitaria, económica y social del covid-19.
En un momento tan complicado en el que la actividad económica ha sufrido una notable contracción, especialmente entre las pymes, que concentran el 90% del empleo en la Comunidad Valenciana, y que puede derivar en una caída del PIB autonómico de alrededor del 8%, el Consell ha entendido que en el proceso de reconstrucción de la Comunidad Valenciana, un aspecto fundamental es facilitar la inversión y las iniciativas que puedan generar empleo. «Durante los próximos meses y años vamos a tener dificultades en la actividad económica», auguró Ximo Puig, insistiendo en que el Ejecutivo autonómico va a trabajar «intensamente» para favorecer la «agilización» y la «desburocratización». Este plan incluye la futura elaboración de proyectos específicos de reducción de cargas administrativas para tres sectores estratégicos. En este sentido, el Plan Agiliza Industria se pondrá en funcionamiento a finales de 2020 con un presupuesto de medio de millón de euros aproximadamente. Por su parte, el Plan Agiliza Urbanismo estará disponible en 2021 dotado con un millón de euros y el Plan Agiliza Medio Ambiente estará operativo a lo largo de 2021.
Para el desarrollo de esta iniciativa, desde la Conselleria de Justicia que dirige Gabriela Bravo se han revisado todos los procesos administrativos que una empresa puede llegar a realizar en su relación con la Generalitat y se ha concluido que existen alrededor de 1.200 trámites, de los que se pretende suprimir 350 (un 30%) mediante la eliminación de duplicidades como la solicitud de la misma documentación por parte de diferentes consellerias. Busca la Generalitat una «ventanilla única». En el diagnóstico también se ha revelado que la media de espera es de 197 días, si bien en algunos procedimientos especialmente complejos -como los urbanísticos- el plazo se prolonga hasta los cuatro años y medio, con lo que el Plan Agiliza también pretende reducir en un tercio el tiempo necesario para la tramitación. Actualmente, en la Comunidad operan más de 350.000 empresas, de las que, apuntan desde la Generalitat, el 80% pertenecen al sector servicios, el 12% a la construcción y el 8% a la industria. Antes de esta crisis, el sector industrial crecía casi 5 puntos por encima de la media nacional y el de la construcción lo hacía un 4,4%.
El jefe del Consell incidió en la importancia de profundizar en la cooperación entre empresarios y los distintos departamentos autonómicos. Según Puig, se trata de «generar un clima de confianza» y de ofrecer facilidades para convertir a la Comunidad en un «gran destino de inversión». Así definió el presidente este proyecto tras la reunión que mantuvo en el Palau de la Generalitat con el presidente de la CEV, Salvador Navarro además de cuatro consellers de su gobierno: la mencionada Gabriela Bravo, Rafa Climent (Economía), Mireia Mollá (Medio Ambiente) y Arcadi España (Infraestructuras).
Nuevo acuerdo de la Generalitat con agentes sociales
Desde el inicio de la crisis del coronavirus, Ximo Puig ha firmado diferentes acuerdos con agentes sociales como evidencia del compromiso del Consell por sacar adelante esta crisis desde el consenso. El primer acuerdo al que llegó el presidente de la Generalitat fue el relativo a las ayudas de 30 millones de euros para beneficiar a los afectadas por una suspensión temporal de empleo, en el que también participaron los sindicatos. Ayer, Puig volvió a fotografiarse con Salvador Navarro, presidente de la patronal CEV, en la firma de un nuevo convenio para que los empresarios jueguen un papel fundamental en la coyuntura actual tras el coronavirus.
La CEV aplaude el convenio, que prevé un asistente virtual para seguir los expedientes
El presidente de la CEV, Salvador Navarro, aplaudió ayer el acuerdo y precisó que es un convenio «ampliamente demandado» por el sector empresarial, que reivindica tener una administración pública «ágil, eficiente y poco burocratizada», sobre todo en los tiempos actuales. En su opinión, esta medida demuestra la voluntad tanto de la parte empresarial como de la Generalitat de que tanto el tejido empresarial como la ciudadanía cuenten con una administración caracterizada por la poca burocracia y la agilidad. Los empresarios, además, tendrán la posibilidad de estar presentes en la evaluación de los procesos administrativos. Navarro mostró su satisfacción por la puesta en marcha de este plan que también incluye la creación de la plataforma «GUIA-T» para la gestión de todos los informes que deben realizarse, el seguimiento del expediente para su consulta con un asistente virtual o aportar documentación.
