Después de muchos años formando parte del debate político, insertado en varios programas electorales, y con los datos de pobreza que sitúan a España con la tasa de pobreza más alta de la Unión Europea, el ingreso mínimo vital aprobado por el Consejo de Ministros el 29 de mayo llega como la gran medida del Gobierno central para reforzar el escudo social frente a la situación de pobreza y desigualdad existente en España y el incremento de la vulnerabilidad económica y social ocasionado por la covid-19. Una pandemia que ha acelerado la aprobación de esta ayuda y ha revolucionado todos los engranajes de la administración para que se pueda solicitar desde el 15 de junio, unos días antes de finalizar la declaración del estado de alarma, prevista hasta el 21 de este mismo mes. Años de espera para acabar con prisas y carreras.
Con las competencias en servicios sociales transferidas a las comunidades autónomas, con territorios donde se abonan desde hace unos años ayudas similares como es el caso de la renta valenciana de inclusión que aprobó la Generalitat en 2017, no es de extrañar que el propio real decreto ley 20/2020, por el que se establece el ingreso mínimo vital, publicado en el BOE, contemple que para «aplicar este sistema de incentivos, resulta fundamental la cooperación con las comunidades autónomas y entidades locales en el despliegue de unos itinerarios de inclusión flexibles y adaptados a cada situación para los beneficiarios del ingreso mínimo vital, dado que, en el ejercicio de sus competencias, pueden acceder de manera más directa a las realidades concretas de los perceptores a través de los servicios sociales, pieza clave en la articulación del sistema». Una forma de asumir lo obvio antes de chocar contra la realidad, una realidad que pasa, inexcusablemente, por la que siempre es la primera ventanilla a la que acude el ciudadano, la de las administraciones municipales.
De forma directa, los gobiernos locales se han situado en el centro de la polémica. De salida, el Gobierno asegura que la solicitud del ingreso mínimo se realizará «sin necesidad de desplazamientos», ya sea por la página web de la Seguridad Social o por correo postal. A partir de ahí, empiezan los futuribles: «habrá un teléfono 900», «contará con un asistente virtual y un simulador», «podrá consultar sus dudas» y, como última opción, «el acceso podrá hacerse a través de ayuntamientos, una vez se firmen convenios previstos». Por aquello de que los últimos serán los primeros, desde la Federación de Municipios, tanto la española como la valenciana, ya se han apresurado a aceptar un acuerdo de gestión siempre que varíen las condiciones. El presidente de la FVMP, Rubén Alfaro, alcalde de Elda, es de la opinión que desde los ayuntamientos, «partiendo desde nuestra vocación de servicio a los ciudadanos y como la administración más cercana a ellos, valoramos positivamente ser los encargados de gestionar el ingreso mínimo vital pero también es nuestra obligación exigir la flexibilización de las normativas y de los trámites burocráticos que se nos imponen para ello, así como demandar más fondos para pagar el refuerzo del personal en servicios sociales». Alfaro reconoce que los consistorios locales ya están recibiendo una gran cantidad de peticiones de ayuda, de manera que «el margen que tenemos para hacer frente a un nuevo y laborioso trámite burocrático es pequeño. Deberíamos partir de unos espacios de colaboración que minimicen los efectos sobre las finanzas locales», añade el primer edil eldense.
Enfado inicial
La tercera pata de la mesa es la administración autonómica. El enfado inicial para las comunidades, provocado porque el Gobierno solo permite a Navarra y al País Vasco gestionar el ingreso mínimo -por su régimen foral de cuotas-, se ha ido suavizando. Buena prueba de ello es el cambio de actitud de la responsable de gestionar la política social del Consell, la vicepresidenta Mónica Oltra, principal defensora de la renta valenciana de inclusión. A día de hoy, desde el departamento de Políticas Inclusivas, el ánimo es coordinar ambas prestaciones. Las conversaciones entre el Ministerio y la Conselleria son constantes, sobre todo entre segundos escalones, pero todavía no han dado el resultado esperado. Están en ello.
Mientras, Mónica Oltra también ha puesto encima de la mesa una propuesta de convenio entre el Gobierno y la Generalitat para poder vehicular a través de los servicios sociales de atención primaria la recepción de las solicitudes del ingreso mínimo, para que luego la tramite el Instituto Nacional de Seguridad Social y se pueda armonizar con la renta valenciana de inclusión. En el fondo del debate, el Consell sostiene que el ingreso mínimo hará de «suelo» y la renta valenciana, de «techo». Por ejemplo, una familia de cuatro miembros recibe 1.080 euros de la Generalitat. Con la ayuda estatal, esta familia recibirá 877 euros y el Consell completa los 213 euros restantes. Más fondos para atender a más personas vulnerables. La cuenta atrás de reloj ya está encendida.
