Pendientes siempre de dar prioridad a la respuesta que genere la evolución sanitaria de la epidemia del coronavirus, buena parte del debate político ya está concentrado, casi por completo, en el plan de reconstrucción de la Comunidad Valenciana y en relanzar la actividad económica. Este lunes vuelve a estar citada la comisión de las Cortes para continuar con su ronda de comparecencias. Pero a estas alturas, sin embargo, todo el mundo ya es consciente de que esa hoja de ruta para la recuperación autonómica está cada vez más alejada del parlamento. Ya no está allí. Esa comisión sólo vale para que los tres socios del Botànic aparenten imagen de unidad con un documento de conclusiones conjunto. Medir hasta donde está dispuesto a llegar Toni Cantó con una estrategia de acercamiento de Ciudadanos a Ximo Puig que no tiene en cuenta la estabilidad de sus pactos con el PP en Alicante. Y monitorizar los movimientos de un grupo popular en el que «sobreviven» los diputados que colocó Isabel Bonig, ahora ya cada vez más debilitada con la convocatoria del congreso provincial de Alicante para encumbrar a Carlos Mazón en un liderazgo de recorrido autonómico. Un movimiento que, de paso, pone fecha de caducidad a casi todos los que a día de hoy se sientan en esos escaños de la bancada del PP en el Palau dels Borja.
Desde el día de su constitución, la comisión parlamentaria tenía escrito su destino. Primero, por su composición. Toni Cantó y Bonig se borraron del mapa para optar, en el caso de Ciudadanos, por una delegación de perfil bajo; y, en el del PP, por dos de los diputados identificados con la línea de oposición más dura contra el Consell. Segundo, por la disparidad de unos listados de comparecientes orientados, especialmente en el caso de los populares, en clave puramente partidista. No tenía sentido, por ejemplo, que en uno de los planes que la mayoría rechazó, el PP propusiera excluir de los testimonios presenciales al presidente de la Confederación Empresarial Valenciana, Salvador Navarro; o al de patronal turística Hosbec, Toni Mayor, para sí citar al representante de la asociación autonómica de reses bravas. En la cúpula del PP de Alicante no agrada nada esa estrategia. Consideran que fue un gravísimo error.
Y tercero, finalmente, por los movimientos de cada uno de los grupos políticos. Con los tres socios del Botànic buscando una escena de consenso sólo para la foto y Compromís intentando marcal perfil propio con la financiación. Ciudadanos obsesionado con tratar de visibilizarse aún herido por la debacle electoral de noviembre. El PP con el único objetivo de sacarle gazapos al Consell sin proponer nada positivo. Y la ultraderecha, dedicada a la agitación. Con ese decorado, decía, nada puede salir con altura de miras, visión de futuro y en positivo de una comisión que, en estos momentos, ya se puede calificar de fallida cuando aún tiene casi dos meses de reuniones por delante. «Pensaba que en esa comisión íbamos a proponer cosas, pero hubo preguntas en las que me sentí examinado», confesó en una emisora de radio el secretario general de UGT, Ismael Sáez, justo después de su comparecencia parlamentaria. «La reconstrucción no está en las Cortes. Está en el Palau de la Generalitat», sugería en privado un destacado empresario que ponía en valor las mesas de diálogo que, en paralelo a la iniciativa parlamentaria, ha impulsado Ximo Puig para cuadrar la salida a una emergencia sanitaria que está derivando, a su vez, en una crisis económica y en una gran alerta social.
Y agotada la vía parlamentaria, efectivamente, en este momento, esa es la única hipótesis de trabajo en la que se puede afrontar con solvencia la recuperación de la Comunidad. Una reconstrucción sobre la base del informe del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) que el propio jefe del Consell entregó, antes que a nadie, a cada uno de los líderes políticos como gesto para el diálogo y la unidad. En esas mesas de trabajo, con subcomisiones muchas de ellas ya en marcha para que el documento final esté elaborado a finales de julio, están las instituciones y los agentes sociales. Y, además, Ximo Puig ha implicado a todos los miembros de su gobierno. Sin excepción. Ata en corto así a Compromís, con Mónica Oltra a la cabeza, y también a Podemos con Rubén Martínez Dalmau para ligarlos a ese consenso en la Comunidad Valenciana. Pero además, como ocurrió el pasado lunes, el jefe del Consell sumó a ese clima de diálogo, bautizado con el nombre de «Alcem-nos», a alcaldes y a los presidentes de la Diputación, entre ellos al mencionado Carlos Mazón, a partir de ahora, sin discusión, el principal referente autonómico del PP.
Mata Puig así dos pájaros de un tiro. Nadie se va a mover en las filas populares con la reconstrucción sin el visto bueno del presidente de la Diputación de Alicante, sentado en la mesa donde se va a repartir el juego. Y es casi imposible que una institución del calibre de la corporación alicantina se desmarque de esa vía de consenso. Eso lo sabe Puig pero también Mazón que, ofreciendo así la sensación de que está cerca del poder, ha aceptado un inédito acuerdo con sus homólogos de Valencia y Castellón. Así que ahora mismo, para bien y para mal, todas las esperanzas de esa gran acuerdo valenciano de reconstrucción están puestas en la interlocución que Ximo Puig ha abierto con agentes sociales y municipales.
Es bastante probable, por tanto, que ese proceso de reflexión abierto en el Palau de la Generalitat finalice con una hoja de ruta avalada por el consenso y con la participación de las instituciones, que son las que cuentan con presupuesto para desplegar esas medidas. Pero entonces faltará la segunda parte para desarrollar la reconstrucción: dinero. Uno de los motivos por los que el diputado de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, ha elevado el tono contra Pedro Sánchez es, precisamente, el problema enquistado de la financiación autonómica que, en el caso de la Comunidad, le condena a la cola con Murcia. Los informes del IVIE alertan de que sin más recursos del Estado la reconstrucción valenciana se ralentizará. Será obligada más aportación de Madrid. De hecho, se está perfilando un nuevo reparto del fondo de emergencia de 16.000 millones, como sugirió el conseller Vicent Soler, más favorable a la Comunidad. Y es obligada una inyección de los planes de Europa, que otorgan a España 140.000 millones. Pero también una reordenación presupuestaria en todas las administraciones de esta Comunidad. Vía única para la reconstrucción. O hay plan y más dinero, o no tendremos nada.
