El pleno del Consell ha aprobado el decreto ley que establece la ampliación de vivienda pública por parte de las administraciones públicas mediante el derecho de tanteo y retracto. Con esta normativa, la Generalitat, los ayuntamientos y las mancomunidades adquieren el derecho preferente del derecho de compra a la hora de adquirir una vivienda de protección pública, una vivienda procedente de crisis inmobiliarias por impago de deudas hipotecarias o viviendas que se transmitan en grandes operaciones inmobiliarias. Hasta ahora, ese derecho solo podía ejercerlo la Generalitat y únicamente respecto de las viviendas sujetas a cualquier régimen de protección pública.
En opinión del vicepresidente segundo y conseller de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, Rubén Martínez Dalmau, la medida supone "un antes y un después en las políticas de vivienda en la Comunidad Valencia y en el Estado español" ya que "se dan las herramientas necesarias para que las casas donde vive la gente acaben siendo de los fondos de inversión o los fondos buitre". Dalmau ha recalcado que esta normativa es "una ley contra la especulación en la vivienda", con las que se cumplen "uno de los objetivos reconocido por el Pacto el Botànic d'Alacant".
El conseller ha descartado que este decreto ley implique cierto "intervencionismo" de la administración en un mercado libre de vivienda como el actual. "No hay nin ninguna duda sobre la legalidad puesto que el uso del tanteo y el retracto estaba ya permitido y lo que hacemos es luchar contra la especulación", ha insistido Martínez Dalmau.
El pleno del Consell se ha vuelto a reunir de manera presencial después de casi tres meses manteniendo este encuentro semanal de forma telemática. La ubicación de esta nueva reunión del Consell ha sido en el Saló de Corts del Palau de la Generalitat, una dependencia muy amplia donde los doce componentes del Gobierno valenciano han mantenido la distancia de seguridad exigida estos días.
