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CORONAVIRUS

Otro informe económico alerta de una salida más lenta de la crisis del coronavirus para los valencianos por la infrafinanciación

El IVIE certifica la disparidad de recursos con los que cuentan los gobiernos autonómicos para atender los servicios públicos

La Comunidad Valenciana dispondrá de «muchos menos recursos» para las políticas de desarrollo regional necesarias para superar los efectos de la covid-19 que las regiones más favorecidas por la financiación autonómica y, por tanto, tendrá más dificultades para la reconstrucción. Esta es una de las principales conclusiones del nuevo informe «COVID-19: IvieExpress», elaborado por Francisco Pérez y Silvia Mollá, del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas. Las comunidades se enfrentan a esta crisis en unas circunstancias financieras «demasiado dispares». De esta forma tan contundente los expertos recuerdan que las autonomías son las responsables de atender los servicios públicos fundamentales, lo que está obligando a sus gobiernos a afrontar los efectos de la pandemia ya desde el primer momento, especialmente con la gestión del sistema sanitario.

Sin embargo, apuntan, «la recuperación económica tras la covid-19 requiere además reforzar las políticas de desarrollo regional destinadas a impulsar la actividad económica que también dependen de las autonomías». En 2009 los gastos en estas políticas representaban el 22% del presupuesto de las autonomías, pero su volumen se ha reducido casi un 50% en los últimos años y actualmente solo pesan un 14,5%. Durante la recesión de 2008 estas partidas sufrieron severos ajustes. Estos recortes no se han producido con la misma intensidad en todas las regiones, advierten desde el instituto de investigación. Así, los gastos por habitante en desarrollo regional (impulso económico, protección del medio ambiente, vivienda y servicios comunitarios, cultura y apoyo a la I+D+i) eran y son «muy dispares». Navarra, La Rioja y Cantabria superaban en 2018 (último año disponible) los 800 euros de gasto por habitante, mientras que Murcia y la Comunidad Valenciana -las dos autonomías con una peor financiación- no alcanzaban los 400 euros.

La razón principal de esta disparidad se encuentra en los recursos con los que cuentan los gobiernos autonómicos para atender los servicios que tienen transferidos, que son muy distintos, «como consecuencia fundamentalmente de las sustanciales diferencias en financiación autonómica». En concreto, la diferencia de recursos por habitante entre las comunidades peor y mejor financiadas (Comunidad Valenciana y Navarra) superaba los 60 puntos porcentuales en 2019. Según este informe, las autonomías que cuentan con más ingresos por habitante necesitan hacer menos esfuerzo para cubrir las necesidades de gasto en servicios públicos fundamentales. A pesar de gastar más por habitante en estos servicios, el porcentaje de los ingresos netos que estas comunidades dedican a sanidad, educación y protección social está próximo al 70%.Sin embargo, las peor financiadas han de utilizar entre el 85% y el 90% de su presupuesto para atender a sus servicios, pese a no gastar más que la media. «Esto implica, a la vez, que las primeras disponen de más recursos que las segundas para atender los gastos en desarrollo regional».

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