Lo que es bueno para el País Vasco y Navarra, no lo es para la Comunidad Valenciana. Así lo ha dejado claro el Gobierno de España. El pacto del PNV con el Ejecutivo para ceder a esos dos territorios la gestión del Ingreso Mínimo Vital ha puesto el foco de nuevo en las desigualdades territoriales, después de las insistentes reivindicaciones de esta Comunidad para asumir igualmente los trámites de estas prestaciones. El Gobierno no atendió la petición del Consell sobre este asunto ni tampoco llegó a un acuerdo con Compromís en el Congreso pese a ser uno de los requisitos de la coalición para apoyar el estado de alarma. El hecho de que ahora salga a la luz el pacto alcanzado para que Euskadi y Navarra asuman más competencias evidencia, según el diputado de Compromís Joan Baldoví, que «no todos somos iguales».
Las diferencias territoriales en la gestión del Ingreso Mínimo Vital que prevé aprobar hoy el Consejo de Ministros provocó ayer una retahíla de críticas por parte de las comunidades autónomas. Aunque Compromís elevó las quejas hacia el Gobierno desde el Congreso y el Senado, la consellera de Políticas Inclusivas y vicepresidenta, Mónica Oltra, prefirió por una postura más propositiva a la hora de pedir la cogestión de esta prestación que será clave para la respuesta social ante los efectos de esta crisis del coronavirus. Tras recibir este miércoles por la tarde el borrador del Real Decreto, Oltra remitió dos cartas formales al ministro José Luis Escrivá, para proponer una serie de mejoras y tratar de coordinar su aplicación. «Que una desafortunada ejecución no dé al traste con una buena idea», apostilló la vicepresidenta del Consell.
Tras descartar el Ministerio la fórmula de que esta renta fuera gestionada como la dependencia y rechazar por tanto que el Gobierno transfiriera los fondos a las comunidades para la gestión, Oltra ha apostado por la suscripción de un convenio entre la Comunidad y la Seguridad Social o el Ministerio para la gestión unificada de este ingreso y de la Renta Valenciana de Inclusión. La vicepresidenta explicó ayer que conforme está previsto, la aplicación generará que aquellas personas que sean beneficiarias de las rentas de ingresos mínimos de las comunidades perciban dobles prestaciones. El Consell quiere que se eviten duplicidades para que un mismo valenciano no reciba el importe de la prestación estatal y autonómica a la vez, con los perjuicios que supondrían luego para la persona usuaria tener que devolver las cuantías que cobró de forma indebida.
Para solventar esta cuestión, Oltra ha propuesto que para las personas que reciban ya alguna renta básica, los efectos económicos se fijen el día primero del mes siguiente a la presentación de la solicitud. De esta manera, ambas administraciones podrán coordinarse para que ambas prestaciones se combinen y que el Gobierno pague una parte de la cuantía total que ya abonaba la Generalitat mediante su ayuda. La previsión es que la base de cobertura pueda ampliarse porque presupuestariamente será un alivio para el Consell por lo que dedicará el montante ahorrado a intentar llegar a un volumen mayor de población. La Generalitat pretende encajar la convivencia de las dos prestaciones y busca la manera de que puedan convivir pese a tener diferentes criterios de aplicación como la edad de los beneficiarios. Para poder realizar un trámite sin carga burocrática, Oltra considera necesario establecer un marco para hacer constar que se han cedido los datos y que el suministro de información no requerirá del consentimiento previo de los interesados.
