La futura Ley Valenciana de Cambio Climático y Transición Ecológica prevé que los planes urbanísticos incluyan una zona de producción de energía renovable para su autoabastecimiento y que desde 2023 las matriculaciones de vehículos que no sean libres de emisiones paguen un impuesto según los gramos de CO2 por kilómetro que emitan. Estas son algunas de las medidas incluidas en el borrador de la nueva ley, que recoge la estrategia valenciana del cambio climático, la creación de la Agencia Valenciana del Cambio climático y el plan integral de energía, según ha anunciado este martes la consellera Mireia Mollà en una presentación telemática.
La consellera señaló que «la energía, la movilidad y su relación con la ordenación del territorio» son los tres grandes elementos en los que la Generalitat tendrá que dar «pasos decididos" en el contexto de la transición ecológica. Mollà ha advertido de que el transporte y la movilidad suponen el 42% de las emisiones y, por ello, la ley establece una serie de instrumentos dirigidos a reducir los efectos nocivos de estos gases, como la «fiscalidad verde. Así, el borrador de la ley contempla que a partir del año 2023 todas las nuevas matriculaciones de vehículos de combustión interna paguen un impuesto. Este impuesto, precisó, se destinará al «fondo para la transición ecológica» y con ello, por tanto, tendrá un carácter «finalista».
También prevé medidas dirigidas a las emisiones de dióxido de carbono de embarcaciones en los puertos de la Comunitat, que tendrán también una carga impositiva. El borrador de la Ley de Transición Ecológica incluye 122 artículos, 19 disposiciones adicionales, 3 transitorias y cinco finales. «Eso refleja la magnitud de esta ley, compleja, amplía y bien fundamentada, que pivota entre la mitigación y la adaptación al cambio climático», destaco.
