El plan de reconstrucción para la Comunidad Valenciana saldrá adelante. Sí o sí. La estrategia que ha puesto en marcha el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, es un colchón de seguridad para que el documento esté finalizado antes de agosto al margen de la escalada de tensión política que se vive, por contra, en la comisión que se ha creado en las Cortes con ese objetivo. Ante el rumbo que puede tomar una iniciativa parlamentaria de resultado, en estos momentos, muy incierto, el jefe del Consell ha optado por acelerar los trabajos de la mesa de diálogo social, como se evidenció el pasado lunes. Un órgano que agrupa a sindicatos y patronal pero en el que Puig, además, ha implicado a buena parte de su ejecutivo, incluidos los dos vicepresidentes: Mónica Oltra, líder de Compromís, y Rubén Martínez Dalmau, dirigente de Podemos.
Así que pase lo que pase en las Cortes con las conclusiones de una comisión que ha arrancado en medio de una fuerte tensión que pone en cuestión sus posibles avances, el jefe del Consell tendrá a finales de julio un documento acordado con los principales agentes sociales. Una iniciativa que reactiva a sus socios de gobierno y los implica en la propuesta a pesar de que Puig mantiene su liderazgo incuestionable en esta crisis y que, sobre todo, marca las diferencias con lo que está ocurriendo en Madrid. Habrá plan de reconstrucción. Seguro. Ese instrumento de diálogo social trabajará en paralelo a lo que se vaya cuadrando en las Cortes Valencianas, donde de momento la tensión y la semántica de grueso calibre se impone a las propuestas.
A la espera del rumbo que toma la escalada de tensión parlamentaria, ayer mismo ya se fijó la primera tanda de comparecientes para esa comisión de reconstruccion de las Cortes Valencianas con un recorrido lleno de interrogantes. El próximo lunes arrancará ese calendario. Están citados, por este orden y desde las diez de la mañana, el secretario general de UGT, Ismael Sáez; el máximo responsable de CC OO, Arturo León; el presidente de la patronal autonómica, Salvador Navarro; y, finalmente, Mercedes Hurtado, dirigente del consejo autonómico del Colegio de Médicos. En estas primeras comparecencias, se prima a los agentes sociales, fundamentales para la recuperación económica pero también social; y a los colectivos de sanitarios, en primera línea de lucha contra la covid-19.
Pero a la oposición no le ha gustado esa doble vía que está usando el presidente de la Generalitat para garantizarse ese documento de reconstrucción autonómica bien sea con la mesa de diálogo bien sea en el parlamento. De hecho, la síndica del PP en las Cortes, Isabel Bonig, acusó a Puig de «torpedear» la comisión de reconstrucción de las Cortes, a lo que el socialista, Manolo Mata, replicó que no confunda con un «movimiento asambleario» el «trato privilegiado» que el presidente concede a los síndics. Bonig afirmó que se siente «defraudada y profundamente dolida» con Puig, al que no va a permitir que «se burle» de las Cortes con unas mesas de diálogo «paralelas que son un torpedo en toda la línea de flotación» de la comisión de reconstrucción.
El síndic socialista, Manolo Mata, destacó que Puig ha dado un «trato privilegiado» a los síndics, con los que se ha reunido cotidianamente para informarles, y que el Consell se dedica a gobernar y a mantener las mesas de diálogo para el trabajo que tengan que hacer. «Nosotros desde el parlamento haremos nuestro trabajo», zanjó. Ahora habrá que ver el rumbo que toma la comisión parlamentaria a partir del próximo lunes. Pero Puig tendrá plan de reconstrucción.
La derecha intenta boicotear la votación parlamentaria de la nueva Ley del Juego
Continúa el suspense en las Cortes sobre el trámite final de una norma que el PP quiere retrasar y Vox recurrir
El bloque de la derecha en las Cortes Valencianas intenta evitar por todos los medios la votación de mañana en la que se debe aprobar la nueva Ley del Juego que, como se recordará, endurece las medidas para los salones o máquinas tragaperras e intenta frenar los casos de ludopatía. Aunque se tramitó con anterioridad a esta crisis de la covid-19, el Botànic mantiene su aprobación en el reinicio del periodo de sesiones en las Cortes Valencianas al entender que puede suponer un freno para las personas que, en medio de la emergencia del virus, busquen aliviar su situación recurriendo al juego con los riesgos, apuntan, que eso supone.
El último trámite de esta norma se está desarrollando en medio de una gran presión: tensión política, protestas del «lobby» del juego, acusaciones veladas de corrupción en el debate de la ley el pasado lunes, diputados de la izquierda que se sienten «señalados» y hasta un conato de «escrache» el pasado lunes a la entrada del hemiciclo del Palau dels Borja. Como se recordará, para estos plenos, los grupos parlamentarios habían acordado un sistema de voto ponderado. Para retrasar la aprobación de la norma, sin embargo, la ultraderecha se desmarcó de ese pacto en el arranque de la sesión y el PP pidió un informe jurídico. El presidente de las Cortes, Enric Morera, puso sobre la mesa una fórmula telemática de votación y culminar el proceso mañana. Ahora el PP quiere retrasar ese procedimiento con un informe jurídico y que Vox amenaza con recurrir a los tribunales.
