Ayer fue un día muy largo para Joan Baldoví. Numerosas llamadas telefónicas, trasiego de documentos y ronda de conversaciones que buscaban, en definitiva, normalizar la relación entre el PSOE y Compromís en el Congreso. El tradicional socio de Pedro Sánchez ahora se siente ninguneado al ver cómo el Gobierno no tiene en cuenta sus principales reivindicaciones como el peso poblacional a la hora de repartir el fondo de urgencia por valor de 16.000 millones de euros a las autonomías. La espiral de tensión ha ido creciendo hasta tal punto que a última hora de ayer Compromís aseguró que no existía un acuerdo con el Gobierno y que se opondría a la quinta prórroga del estado de alarma que se votará hoy en el Congreso después de que el Ejecutivo rechazara sus peticiones una vez anunciado su pacto con Ciudadanos.
En las conversaciones mantenidas a lo largo del día de ayer, el portavoz parlamentario Joan Baldoví mantuvo el órdago lanzado la pasada semana pese al pacto de Pedro Sánchez con Inés Arrimadas para que la quinta prórroga del estado de alarma sea sólo de 15 días y a sabiendas de que continuaban las negociaciones para lograr el apoyo de ERC, lo que podía convertir su voto en irrelevante. Pero ante este escenario tan volátil, las críticas y la presión no se diluyeron. Todo lo contrario. La actitud fue persistente. Para Compromís, esta es una estrategia política a largo plazo para negociar incluso los futuros presupuestos del Estado. Su cúpula quiere hacer ruido, pero insistiendo en que este conflicto no se trasladará a la Comunidad y no desestabilizará al Botànic. Es hora, según dicen, de ganar relevancia en el contexto nacional y poner en valor su papel en Madrid.
La coalición puso como condición sine qua non, además, una compensación por el déficit de financiación a las comunidades que se encuentran por debajo de la media nacional, lo que supondría una inyección de 2.300 millones para cinco autonomías. Y lo pidió por escrito, como garantía palpable del compromiso.
Ante las dificultades por sacar adelante una nueva prórroga, el Gobierno ha mantenido intensas reuniones en los últimos días, consciente de que el «sí» de Compromís le resultaría complicado. El peso de la negociación ha recaído en la portavoz socialista parlamentaria Adriana Lastra que ha tratado de alcanzar un acuerdo con el diputado, pero sin atender sus peticiones, lo que hoy puede escenificarse con su primera ruptura en el Congreso. «En estos momentos puedo garantizar que el Gobierno no cuenta con nuestro voto afirmativo pero no sabemos qué va a pasar hasta mañana -por hoy-», aseguró ayer Joan Baldoví . «La puerta del diálogo es la última que se debe cerrar», añadió.
Los apoyos a Pedro Sánchez han sido escasos hasta el último momento y las desavenencias entre Ciudadanos y ERC son, una vez más, un escollo tras las exigencias de los catalanes para volver a reunir cuanto antes la mesa de diálogo sobre el llamado conflicto político en Cataluña, una condición que Ciudadanos ha rechazado. Los cargos públicos de Compromís no quisieron ayer entrar a valorar estos pactos y se mantuvieron firmes en su postura de exigir al Gobierno «que nos suba a la media nacional para tener las mismas armas para luchar contra esta crisis que los demás. Es lo razonable», en palabras de Baldoví a este medio. Al cierre de esta edición, la intención de la cúpula de la coalición, reunida por la noche de forma telemática, era votar en contra del estado de alarma para evidenciar que su respaldo a Pedro Sánchez, a partir de ahora, tendrá un precio.
Casi 9 millones para luchar contra la violencia machista
El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó ayer la distribución entre las comunidades autónomas, así como Ceuta y Melilla, de los 100 millones de euros previstos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género para 2020, de los que 8,7 millones corresponden a la Comunidad Valenciana. También se ha recogido el reparto a las regiones de otros 9,5 millones correspondientes a tres créditos para programas de asistencia social a las víctimas.
