Los grupos parlamentarios de la izquierda en las Cortes encadenan una nueva polémica con los hosteleros por la tramitación de la Ley del Juego que ya quedó pendiente de aprobación la pasada legislatura por el adelanto electoral. El pleno de las Cortes Valencianas votará el próximo lunes el proyecto. Así lo acordó la Junta de Síndics reunida ayer en la que además de aprobarse el calendario hasta agosto se ordenó la sesión de la semana que viene, que se celebrará en tres días para facilitar las labores de desinfección en la cámara.
Los grupos del Botànic consideran que esta propuesta es «más necesaria que nunca» para evitar que la vulnerabilidad crezca en estos momentos de crisis económica provocada por el coronavirus. El portavoz socialista, Manolo Mata, celebró que se vaya a votar la Ley del Juego, de «extraordinario interés para la ciudadanía», mientras su homólogo en Compromís, Fran Ferri, subrayó que la adicción al juego crece especialmente en los sectores más vulnerables «por lo que hay que poner en marcha todos los instrumentos para ayudar». Este fue uno de los temas que más controversia creó ayer al registrar Ciudadanos una petición de retirada «debido a la grave situación de excepcionalidad económica y social, que deja desprotegidos a los miles de trabajadores que perderían su empleo y a cientos de empresas que cerrarían si se aprobase el citado proyecto». El síndic de Cs, Toni Cantó, insistió en la importancia de no tratar ahora esta reforma porque supondrá «un duro golpe al sector de la hostelería en un momento muy complicado». Cabe recordar que la Ley del Juego está pendiente de la aprobación definitiva en pleno, después de pasar el 10 de marzo el trámite de enmiendas en comisión. Esta fue la última comisión celebrada en el parlamento valenciano antes de la declaración del estado de alarma.
Tras conocer la noticia de su tramitación, la organización SOS Hostelería advirtió del cierre definitivo de negocios si se aprueba el próximo lunes el proyecto de ley, que prevé que las máquinas tipo B instaladas en bares y restaurantes tengan que ser activadas a través de un mando a distancia. El responsable de la organización, Fidel Molina, advirtió en un comunicado de que la modificación, construcción y homologación de las nuevas máquinas tipo B «dejaría durante meses a los bares sin unos ingresos imprescindibles para su supervivencia» y consideró que se trata de un «nuevo jarro de agua fría sobre los pequeños bares de barrio» de la Comunidad Valenciana.
Molina exigió al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, que aclare «en qué términos va a ser aprobada esta ley» ya que, en opinión de los hosteleros, «la implantación de un control remoto de activación de las máquinas recreativas comportará la retirada de todas las máquinas de los bares y restaurantes y su sustitución por otras que dispongan de este dispositivo». Esta homologación «puede durar meses, con el perjuicio económico que esto significará para muchos bares», dijo.
