La Generalitat y el Gobierno central han entrado en una espiral de diferencias que ahora se agrava por la tramitación del ingreso vital mínimo que el vicepresidente Pablo Iglesias anunció ante el impacto de la crisis sanitaria en los colectivos más vulnerables. El coronavirus ha extremado la necesidad de ayudar a las familias con menos recursos y la propuesta del Gobierno para encajar su medida con la renta valenciana de inclusión que ya aporta la Generalitat pasa por no generar nuevos usuarios, sino aplicarla sobre las personas que ya están cobrando la prestación autonómica. La idea del Ejecutivo central es abonar una ayuda de unos 460 euros por persona y que la Comunidad pague el resto hasta complementar el conjunto de la prestación total.
Para poder llevarlo a la práctica, Madrid necesitará que cada autonomía transfiera los datos de los beneficiarios. En total son 42.213 familias entre las tres provincias. Para trasladar esta información de una administración a otra, los servicios de la Generalitat deben pedir a cada usuario que firme un documento autorizando la transferencia de sus datos. Pero el trámite no acaba ahí. El Gobierno también reclama que, además de los perceptores, todos los mayores de edad que formen parte de la unidad de convivencia también aporten esa autorización, con el agravante, según advierten desde la Generalitat, «de que los usuarios no suelen tener habilidades para relacionarse con la administración». Desde la conselleria de Mónica Oltra denuncian que con esta propuesta, hay riesgo de que la conselleria deje de atender los casos de vulnerabilidad para dedicarse únicamente a la petición de Madrid. Por ello, la vicepresidenta y consellera pide que el Ejecutivo aporte los recursos para que la Generalitat pueda aplicar el ingreso directamente, en un modelo similar al de la dependencia pero cumpliendo los pagos estrictamente, según piden desde el Gobierno valenciano.
Fuentes de la Conselleria aseguran que no tienen problema en reconocer que esa renta procede del Gobierno pero reiteran la necesidad de que sea gestionada por la propia autonomía para darle agilidad y que no genere una distorsión en el funcionamiento del área. Mónica Oltra aseguró ayer que en estos momentos el Consell está trabajando sobre un «powerpoint» remitido por el Gobierno central, denunciando además la ausencia de un texto normativo sobre el que trabajar. Al no existir un documento legal que especifique los detalles de la medida, la conselleria sigue a expensas de recibir más información aunque mirando de reojo las decisiones que pueda adoptar el Gobierno y con el temor de que esta tramitación genere acumulación de trabajo «y la Generalitat no pueda atender todas sus funciones».
La vicepresidenta reconoció que es difícil saber si el ingreso mínimo vital será compatible con la renta valenciana de inclusión hasta que el Gobierno no presente el borrador del proyecto, lamentando que «está un poco en el aire» y que la información que va trascendiendo «genera una serie de interrogantes». Así lo afirmó en la comparencia tras el pleno semanal, preguntada por la petición de Compromís de que el ingreso se gestione junto a los gobiernos autonómicos. Oltra pidió que la transición hasta la puesta en marcha del ingreso sea «lo menos problemática posible» para los valencianos que se benefician de la renta. «Es difícil trabajar sin un texto normativo», subrayó.
La vicepresidenta y consellera de Políticas Inclusivas matizó que «dicen que se vehiculará por los Servicios Sociales de atención primaria (competencia autonómica) y otras que habrá una gestión directa». También destacó que la planificación del Gobierno es incorporar como primeros beneficiarios del nuevo ingreso a los que ya estaban dentro de las rentas autonómicas, por lo que pidió que se armonicen y sean compatibles sin generar injusticias o duplicidades, con itinerarios de inserción laboral. Hasta entonces, garantizó que están en contacto con el Ministerio de Seguridad Social, confiando en que la transferencia directa del ingreso a los beneficiarios pueda «aligerar» el presupuesto de la Generalitat, alrededor de 460 euros por persona.
